¿QUÉ PEDIMOS?

Desde Amnistía Internacional identificamos dos grandes acciones que el Estado Uruguayo puede realizar para dar la bienvenida:

CUMPLIR LOS PASOS PARA LA REGULARIZACIÓN

 

A pesar de los avances normativos y las acciones impulsadas en los últimos años por el Estado uruguayo, las personas migrantes y refugiadas en Uruguay siguen enfrentando largas esperas en el procesamiento de sus solicitudes.

 

Muchas de estas personas, agotados los ahorros que trajeron de su país y aún sin una cédula de identidad, quedan en situaciones muy precarias, recurriendo al trabajo informal, alojándose en pensiones en malas condiciones o refugios, con problemas de acceso a la alimentación y la salud.

 

Es necesario fortalecer a la Comisión del Refugiado para que pueda cumplir con el plazo legal de 90 días para emitir sus dictámenes. También el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior deben asignar más recursos para reducir la espera de meses para iniciar la solicitud de residencia, que permite acceder a la cédula.

INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

 

Como otros grupos, las personas migrantes  y refugiadas enfrentan diversas barreras para acceder a las políticas de protección e inclusión del estado uruguayo. Esto es particularmente cierto para las personas que salen de sus países por razones económicas, con escasos recursos o en situación de vulnerabilidad.

 

Para asegurar que las personas migrantes y refugiadas pueden acceder en igualdad de condiciones -como lo establecen la Constitución uruguaya y las leyes de migración y refugio- a las instituciones educativas, el empleo y la seguridad social, el sistema de salud, la vivienda y los cuidados, las políticas deben tener en cuenta que estas personas no conocen las leyes y las instituciones uruguayas, carecen en general de redes sociales y contactos en Uruguay, enfrentan diferencias culturales y a veces no hablan español.