Amnistia Internacional Uruguay

Monthly Archives: octubre 2008

Otros Temas

Amnistía Internacional trabaja en todo el mundo otros temas de derechos humanos como son la educación en derechos humanos, LGTB (lesbianas, gays, travestis y bisexuales), derechos de los migrantes y refugiados, defensores de derechos humanos o presos de conciencia, entre otros.


Para más información sobre estos temas de trabajo en el resto del mundo podés ampliar información en: http://www.amnesty.org/es/human-rights

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Pueblos Originarios

Todos y cada uno de los habitantes del mundo tienen, sin ningún tipo de distinción, los mismos derechos. Obviamente, los pueblos originarios, o pueblos indígenas, no están al margen de ello y el Estado debe garantizar sus derechos fundamentales.

El Estado argentino tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de todos y cada uno de sus ciudadanas y ciudadanos, en su sentido más amplio, por medio de estructuras administrativas y de gestión destinadas a prestar especial atención a estas poblaciones originarias que se encuentran especialmente afectadas en el acceso a la salud, a la alimentación, al agua, a la educación, a una vivienda digna, al trabajo, a la inclusión social y a su bienestar en general.

El Defensor del Pueblo de la nación, en su demanda D.587.XLIII sobre el Estado nacional y Provincia de Chaco, presentada el 11 de septiembre de 2007, señala que hay que poner fin al “exterminio silencioso” contra los pueblos originarios.

En el informe anual 2007 de Amnistía Internacional, se denuncia que comunidades indígenas de las provincias de Chaco y Salta, incluidos los grupos toba, wichi y mocovi, llevaron a cabo huelgas de hambre e instalaron campamentos al borde de carreteras con el propósito de solicitar un presupuesto razonable para el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), la adopción de medidas relativas a la vivienda y la salud, y el fin de la venta y distribución irregulares de tierras y propiedad estatal (tierras fiscales) a empresas madereras y productores de soja.

En agosto de ese mismo año, miembros de la comunidad wichi de la provincia de Salta, realizaron una acción similar para reclamar la devolución de tierras comunales.

La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada en septiembre de 2007 en las Naciones Unidas, con el voto positivo de la República Argentina y de la mayoría e los países miembros de la ONU. De esta manera, Amnistía Internacional estima que Argentina debe sancionar leyes en consonancia con la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y adoptar medidas urgentes para mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones.


Además de la adopción de ese importante compromiso e instrumento internacional, Argentina está obligada a garantizar y velar por el irrestricto respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas en virtud de la Constitución Nacional y de otros instrumentos internacional de los que ya es parte: la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1966), el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989), el Pacto de San José de Costa Rica (1969), la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985) y la Ley Nacional 23.302 de Protección de las Comunidades Aborígenes, entre otros.

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Pueblos Originarios

Todos y cada uno de los habitantes del mundo tienen, sin ningún tipo de distinción, los mismos derechos. Obviamente, los pueblos originarios, o pueblos indígenas, no están al margen de ello y el Estado debe garantizar sus derechos fundamentales.
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Cuando los Estados carecen de recursos para hacer realidad por sí mismos los derechos económicos, sociales y culturales, deben pedir y recibir ayuda internacional. La violación de los derechos económicos, sociales y culturales no es una cuestión de ausencia de recursos adecuados, sino de falta de voluntad, negligencia y discriminación.


Todas las personas, sea cual sea su lugar de residencia, tienen derecho a vivir con dignidad. Esto significa que a nadie se le debe negar su derecho a la educación, a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua y al saneamiento, al disfrute del más alto nivel posible de salud y a otros derechos económicos, sociales y culturales.

El hambre, la falta de hogar y las enfermedades prevenibles no son problemas sociales inevitables ni la mera consecuencia de la falta de recursos: son el resultado de leyes, políticas y acciones que violan los derechos humanos de las personas.


Los Estados, a través de los gobiernos nacionales, son los principales responsables de hacer realidad los derechos humanos. Deben respetar, proteger y realizar los derechos sociales, económicos y culturales.

Los Estados deben cumplir con la responsabilidad de:

  •  El derecho a una vivienda adecuada, que incluye la protección frente al desalojo forzado y el acceso a una vivienda asequible, habitable y culturalmente adecuada. 
  • Los derechos culturales, que incluyen el derecho de las minorías y los pueblos indígenas a la preservación y la protección de su identidad cultural. 
  • El derecho a la educación, que incluye el derecho a una educación primaria gratuita y obligatoria y a una educación progresivamente disponible, accesible, aceptable y adaptable. 
  • El derecho a la alimentación, que incluye el derecho a no pasar hambre y el acceso permanente a comida nutritiva suficiente o a los medios para obtenerla. 
  • El derecho a la salud, es decir, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, incluidas unas condiciones de vida saludables y servicios de salud disponibles, accesibles y de buena calidad. 
  • El derecho al agua y al saneamiento, es decir, el derecho a contar con agua suficiente y a disponer de instalaciones higiénicas seguras y accesibles física y económicamente. 
  • El derecho al trabajo y los derechos laborales, es decir, el derecho a elegir libremente el trabajo y a gozar de unas condiciones laborales justas, protección frente al trabajo forzado y el derecho a formar sindicatos y unirse a ellos.

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Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Cuando los Estados carecen de recursos para hacer realidad por sí mismos los derechos económicos, sociales y culturales, deben pedir y recibir ayuda internacional. La violación de los derechos económicos, sociales y culturales no es una cuestión de ausencia de recursos adecuados, sino de falta de voluntad, negligencia y discriminación.


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Actúa

Argentina: Julio López: ¡Aparición con vida ya!


Jorge Julio López había sido testigo principal y querellante en el juicio contra Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, condenado a cadena perpetua el 18 de septiembre de 2006. Jorge Julio López había identificado a Miguel Etchecolatz como uno de los hombres que lo torturaron mientras estuvo detenido en la Comisaría 5 de La Plata en 1976. Firmá la carta para exigirle al Estado argentino que continúen su búsqueda.

 http://ar.amnesty.org/lopez/

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Impunidad

Las cuestiones relacionadas con la justicia, las reparaciones y el conocimiento de la verdad deben ocupar un lugar destacado entre los objetivos de una sociedad. Si bien se reconoce que ha habido importantes avances en este sentido, ya que se ha dado la continuación y culminación de los juicios iniciados –aspecto vital para la lucha contra la impunidad-, las investigaciones y los enjuiciamientos derivados de ellas deben continuarse para encontrar la verdad y la justicia.


Desde la vuelta al gobierno civil en 1983, abogados, familiares de las personas que "desaparecieron" mientras el país estuvo bajo el gobierno militar y miembros de organizaciones no gubernamentales que investigan esas "desapariciones" han sufrido amenazas, acoso y agresiones.

 El informe Anual de 2007 de Amnistía Internacional denuncia que en Argentina se registraron ataques y amenazas contra personas que participaron en juicios de ex miembros de las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional considera que la protección de la seguridad de las víctimas, testigos y sus familiares constituyen un aspecto fundamental del debido proceso reconocido en la Constitución Nacional Argentina.

En consecuencia, las autoridades deben garantizar que las víctimas, testigos y sus familiares involucrados en procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos sean protegidos de cualquier amenaza, represalia o daño contra sus personas.


La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder (Adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985) establece en sus artículos 4 y 6 que “las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad.

Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional” y “se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia”.


Amnistía Internacional estima que el Estado Argentino debe Implementar un Programa Nacional de Protección de Testigos, Familiares y Víctimas de procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos y dotarle de recursos suficientes para su correcto y efectivo funcionamiento.

 También debe investigar las desapariciones y amenazas contra las víctimas, testigos y familiares de los procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos; y dar a conocer públicamente la investigación y sus resultados.

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Impunidad

Las cuestiones relacionadas con la justicia, las reparaciones y el conocimiento de la verdad deben ocupar un lugar destacado entre los objetivos de una sociedad. Si bien se reconoce que ha habido importantes avances en este sentido, ya que se ha dado la continuación y culminación de los juicios iniciados –aspecto vital para la lucha contra la impunidad-, las investigaciones y los enjuiciamientos derivados de ellas deben continuarse para encontrar la verdad y la justicia. +



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