Amnistia Internacional Uruguay

AI repudia las amenazas de muerte realizadas contra autoridades en Uruguay

Amnistía Internacional repudia las amenazas de muerte realizadas contra autoridades, operadores de justicia y defensoras y defensores de derechos humanos de Uruguay y urge al Estado a actuar con transparencia contra la impunidad.

En febrero se dio conocimiento de una amenaza dirigida a personas que han estado vinculadas con causas o investigaciones de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar uruguaya (1973-1984).

El texto sostiene que el suicidio de Pedro Barneix (militar condenado por graves violaciones a los DDHH) no quedará impune y que por cada nuevo suicidio con similares características se asesinará a tres personas de una lista de 12 nombres. Las personas amenazadas fueron el ministro de Defensa Jorge Menéndez, el fiscal de Corte Jorge Díaz, la integrante de la INDDHH Mirtha Guianze, las abogadas Bellela Herrera y Hebe Martínez Burlé, los abogados Óscar López Goldaracena, Pablo Chargoñia, Federico Álvarez Petraglia y Juan Fagúndez, el médico Juan Errandonea, el brasileño integrante del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos Jair Krischke y la investigadora italiana Francesca Lessa.

Estas amenazas fueron denunciadas en la segunda jornada de la sección 162 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Buenos Aires, Argentina, el 25 de mayo pasado, donde se realizaron esta y otras denuncias, como el empantanamiento de las causas judiciales y las actividades de espionaje contra destacadas personalidades de la sociedad civil.

Pese a estas graves denuncias, el Estado uruguayo no asistió a esa sesión.

También preocupa a Amnistía Internacional el incumplimiento de la parte “D” de la sentencia Gelman acerca de garantías de no repetición (Corte Interamericana de Derechos Humanos, febrero de 2010) respecto de “adoptar las medidas pertinentes para garantizar el acceso técnico y sistematizado a información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales”.

Asimismo, inquieta la falta de conocimiento sobre las medidas para garantizar la integridad del equipo del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF) quienes, en marzo de 2016, sufrieron la sustracción de material confidencial sobre causas judiciales y otras investigaciones, en tanto que sus integrantes recibieron mensajes intimidatorios.

Tanto la ausencia de Uruguay en la audiencia de la Comisión Interamericana, la inacción del Estado frente a graves amenazas, como la obstaculización en el acceso a la información, denotan una falta de voluntad política en la lucha contra la impunidad y un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado uruguayo ante los órganos de protección de derechos humanos del hemisferio.

A raíz de todo lo expuesto, Amnistía Internacional Uruguay exhorta al Estado a brindar protección a los defensores y defensoras de derechos humanos; reclama acceso fluido a los archivos estatales que pueden contener información sobre las causas de violación de DDHH actualmente en juicio, así como también que se investiguen las amenazas aquí expuestas.

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