Amnistia Internacional Uruguay

Amnistía Internacional en la reunión de altas autoridades en DDHH del Mercosur

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La creciente brecha entre las demandas sociales y la respuesta de los Estados en nuestra región viene generando manifestaciones masivas que revelan la disconformidad y las reivindicaciones de gran parte de la población. La escalada de abusos de las fuerzas de seguridad y el recurso de políticas de seguridad militarizadas en estos casos son extremamente preocupantes y conllevan a graves violaciones de los derechos humanos.

Son alarmantes en la región la criminalización de la protesta y la persecución a defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente de los que se oponen a proyectos de desarrollo en gran escala y a las empresas multinacionales puesto que corren especial peligro de sufrir represalias.

En Jujuy, Argentina, Milagro Sala sigue detenida arbitrariamente desde enero de 2016. También en este país, la utilización de la fuerza pública de forma violenta como respuesta a protestas pacíficas en caso de desalojos  forzosos ha costado la vida de miembros de pueblos indígenas y la instrucción de causas penales contra dirigentes indígenas como mecanismos de silenciamiento y amedrentamiento. En Brasil, en un momento de crisis e inestabilidad política, hace poco más de una semana, por un decreto presidencial las fuerzas armadas fueron llamadas a las calles para contener protestas que reivindicaban la salida del presidente. En el mismo día, por lo menos diez trabajadores rurales perdieron sus vidas debido al uso excesivo de la fuerza por parte de las policías civil y militar en Pará, en una región con larga historia de conflictos agrarios y violaciones de derechos de parte del Estado.

El incumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y el escaso cumplimiento a las recomendaciones y resoluciones de organismos internacionales de derechos humanos ponen el riesgo aún mayor de satisfacer los derechos de nuestros ciudadanos y contribuyen para acelerar el deterioro de  la democracia y legitimidad de las instituciones nacionales, ya manchadas por notorios procesos de impunidad y corrupción.

No podemos dejar de mencionar nuestro apoyo a la iniciativa de creación de una política regional de movilidad humana con perspectiva de derechos humanos y esperemos prospere con celeridad. Estamos en medio a una de las más graves crisis de refugiados de la historia, llama particularmente la atención la situación los miles de centroamericanos del Triángulo Norte que intentan huir de condiciones extremas de violencia e inseguridad, ante el silencio cómplice de los Estados de la región. Exigimos a los Estados que se adopten las medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias garantizar el acceso de todas las personas migrantes y refugiadas a sus derechos fundamentales con independencia de la regularidad de su situación migratoria, sin discriminación por su origen y nacionalidad.

En este sentido, queremos aprovechar esta ocasión para manifestar nuestra especial preocupación ante los retrocesos habidos en Argentina recientemente en materia migratoria. El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional a principios de éste año que  modifica una Ley de Migraciones aprobada por unanimidad y con amplia participación social y  considerada internacionalmente como norma de modelo y vanguardia. El decreto impuesto en enero introduce impedimentos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país y acelera los trámites de expulsión, recuperando  un paradigma securitario que vuelve a asociar migración y delincuencia.

Por último, quisiéramos hacer un llamado a las autoridades presentes de demostración de solidaridad por la situación en Venezuela. La escalada de violencia en el marco de la protesta social en este país ha alcanzado proporciones gravísimas. Las evidencias de la existencia de detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales y la crisis de violación de derechos económicos y sociales requiere  el involucramiento de los países vecinos en garantizar la democracia y promover una salida pacífica y respetuosa de los derechos humanos para esta grave crisis.