Amnistia Internacional Uruguay

Amnistía Internacional Uruguay reitera su llamado al Estado para que cumpla con sus responsabilidades

Hoy, 27 de junio, se cumplen 39 años del golpe de Estado cívico – militar llevado adelante por el entonces presidente de la República, Juan María Bordaberry quien disolvió el Parlamento apoyado por las Fuerzas Armadas.

Amnistía Internacional reconoce los avances logrados en Uruguay para la eliminación de la impunidad establecida por la dictadura. Ve positivamente la aprobación de la ley que, en la práctica, anula los efectos de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado de 1986 y revoca las normas sobre prescripción que impedía a las víctimas presentar querellas. 

De igual manera estima como un avance el decreto del presidente Mujica que revoca las decisiones de presidentes anteriores sobre qué casos de presuntas violaciones de derechos humanos se podían investigar, dando así la posibilidad de que se reabrieran alrededor de 80 casos. En octubre de 2011 se formularon denuncias de más de 150 sobrevivientes de la tortura, incluyendo la denuncia de un grupo de mujeres víctimas de violencia sexual.

En 2012 Uruguay dio cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gelman (2011) reconociendo su responsabilidad en la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman y del secuestro de María Macarena Gelman García. Amnistía Internacional Uruguay considera que este es un hecho parcial y llama al Estado a reconocer su responsabilidad por los delitos cometidos durante la dictadura ante todas las víctimas y sus familiares así como frente a toda la sociedad uruguaya.

El reconocimiento de los restos del maestro Julio Castro y los de Ricardo Blanco recuerda que el Estado uruguayo todavía está en deuda frente a su obligación de esclarecer los crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar.

La Sección Uruguay de Amnistía Internacional seguirá monitoreando las políticas del Estado para asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas y dar garantías de no repetición.