Amnistia Internacional Uruguay

Declaración Pública de AI | Rendición de cuentas en Gaza

6 de abril de 2011

Debe rechazarse la campaña israelí para eludir obligación de rendir cuentas por crímenes de guerra en Gaza 

Las recientes peticiones del gobierno israelí para que la ONU retire el informe elaborado en 2009 por su Misión de Investigación sobre el Conflicto de Gaza constituyen un cínico intento de eludir la obligación de rendir cuentas por crímenes de guerra y niegan a las víctimas del conflicto de 2008-2009, tanto a las palestinas como a las israelíes, la justicia y las reparaciones que merecen, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Las declaraciones de destacados políticos israelíes en el sentido de que se ha justificado la conducta de Israel en el conflicto que tuvo lugar durante 22 días en Gaza y el sur de Israel, tras la publicación de un artículo de opinión firmado por el juez Richard Goldstone en The Washington Post el 1 de abril de 2011, se basan en una tergiversación deliberada de los comentarios del juez Goldstone. La comunidad internacional debe rechazar con firmeza estos intentos de eludir la obligación de rendir cuentas y actuar de forma decidida en pro de la justicia internacional, tal como ha hecho en relación con Libia, Sudán y otras situaciones en las que se han cometido crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad.
La Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza, integrada por el juez Goldstone y otros tres eminentes juristas internacionales, examinó las violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos cometidas por todas las partes durante el conflicto de 2008-2009. Su informe de septiembre de 2009 se hacía eco de las conclusiones documentadas por Amnistía Internacional, otras organizaciones de derechos humanos y observadores independientes, y pedía a las autoridades israelíes y palestinas que llevasen a cabo investigaciones creíbles e independientes sobre los presuntos crímenes de guerra y los posibles crímenes de lesa humanidad en el plazo de seis meses, so pena de enfrentarse a la posible remisión del caso a la Corte Penal Internacional por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Las recomendaciones del informe respecto a posibles mecanismos de justicia internacional siguen sin aplicarse cuando han transcurrido más de 18 meses, a pesar de que ni las autoridades israelíes ni la administración de facto de Hamás han emprendido investigaciones inmediatas, exhaustivas, independientes, imparciales y eficaces, tal como exigió la Asamblea General de la ONU.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; el ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman; el ministro de Defensa, Ehud Barak, y otros importantes políticos israelíes han aprovechado la reciente afirmación del juez Goldstone de que las fuerzas armadas israelíes no eligieron intencionadamente como objetivo a civiles durante el conflicto y han llevado a cabo algunas investigaciones para pedir la retirada de la totalidad del informe de la Misión de Investigación o, como ha afirmado el primer ministro Netanyahu, “arrojarlo al cubo de la basura de la historia”. El Departamento de Estado estadounidense ha apoyado esta postura, y un portavoz ha afirmado que el gobierno de Estados Unidos no ha visto prueba alguna de que el gobierno israelí cometiera ningún crimen de guerra durante el conflicto.
Tal como ha explicado con claridad hoy un portavoz del Consejo de Derechos Humanos, los comentarios formulados en un artículo de opinión no constituyen una base jurídica suficiente para anular un informe de la ONU que ha sido debatido y aprobado por el Consejo de Derechos Humanos y por la Asamblea General. Tampoco la constituyen las peticiones interesadas de los dirigentes políticos israelíes, algunos de los cuales eran miembros del gabinete de guerra israelí que tomó las decisiones de política durante la Operación Plomo Fundido, el conflicto de 22 días en el cual las fuerzas israelíes mataron a unos 1.400 palestinos, entre ellos unos 300 menores de edad. Malograr el proceso que conduce a una solución de justicia internacional descartaría también toda posibilidad de justicia o reparaciones para las víctimas israelíes del conflicto, que sufrieron los cientos de cohetes y morteros lanzados indiscriminadamente sobre el sur de Israel por el ala militar de Hamás y otros grupos armados palestinos de Gaza.
Amnistía Internacional ha hecho el seguimiento de las investigaciones de los militares israelíes sobre sus acciones durante la Operación Plomo Fundido, ha criticado dichas investigaciones y ha condenado tanto la permanente inacción de las autoridades de Hamás a la hora de investigar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por grupos armados palestinos durante el conflicto como el constante lanzamiento indiscriminado de cohetes sobre el sur de Israel.
Debido a la inacción, tanto del lado israelí como del palestino, a la hora de llevar a cabo investigaciones independientes adecuadas y garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas, Amnistía Internacional ha pedido a diversos actores internacionales que hagan uso ya de los mecanismos de justicia internacional para hacer cumplir estos objetivos y poner fin a la impunidad.
En particular, Amnistía Internacional ha pedido a la Asamblea General de la ONU que examine el informe de la Misión de Investigación en su 66º periodo de sesiones en septiembre de 2011, y que envíe el informe al Consejo de Seguridad de la ONU con la recomendación de que este organismo considere la posibilidad de remitir la situación al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta recomendación se incluyó también en una resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 25 de marzo de 2011.
Amnistía Internacional ha instado también al fiscal de la CPI a que solicite una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares acerca de la posibilidad de abrir una investigación sobre la base de una declaración efectuada en 2009 por la Autoridad Nacional Palestina por la que aceptaba la jurisdicción de la Corte sobre los crímenes cometidos en los territorios palestinos. Por último, hemos pedido de manera sistemática que las autoridades nacionales de otros Estados ejerzan la jurisdicción universal sobre los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de 2008-2009 en Gaza, del mismo modo que instamos a los Estados a que ejerzan la jurisdicción universal sobre los crímenes de guerra en otros conflictos en los que las autoridades nacionales no están dispuestas a actuar o no pueden hacerlo.
Información complementaria
En un artículo de opinión firmado a título personal, el juez Goldstone señalaba el contraste entre las investigaciones realizadas por el ejército israelí sobre las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas israelíes y el hecho de que el gobierno de facto de Hamás no haya investigado los abusos cometidos por los grupos armados palestinos en Gaza. También comentaba que, según las investigaciones del ejército israelí, las fuerzas israelíes “no dirigieron sus ataques intencionadamente como medida política” contra la población civil de Gaza. El artículo está disponible en: http://www.washingtonpost.com/opinions/reconsidering-the-goldstone-report-on-israel-and-war-crimes/2011/04/01/AFg111JC_story.html
Si bien los comentarios del juez Goldstone pone en duda una de las conclusiones de la Misión de Investigación de la ONU –que Israel dirigió ciertos ataques intencionadamente contra civiles durante la operación Plomo Fundido–, en absoluto se puede considerar que este artículo constituya una retractación de todo el informe de la misión. Ninguno de los otros tres miembros de la Misión de Investigación de la ONU ha formulado comentarios públicos de esta índole que pongan en duda ninguna de las conclusiones del informe.
El informe de la Misión de Investigación examinó 11 incidentes en los que las fuerzas israelíes lanzaron ataques directos contra civiles que se saldaron con muertes de civiles, y concluyó que, en estos incidentes, “la conducta de las fuerzas armadas israelíes supone graves infracciones del Cuarto Convenio de Ginebra en relación con las muertes indiscriminadas y el deseo deliberado de causar grandes sufrimientos a personas protegidas y, por esa razón, dan lugar a responsabilidad penal individual”. En el artículo del juez Goldstone sólo se menciona uno de estos incidentes, un ataque israelí el 5 de enero de 2009 que causó la muerte de 21 miembros de la familia al-Sammouni (‘al Samouni’, en otras fuentes), que es objeto de una investigación militar israelí en curso. Es sumamente difícil valorar si ataques israelíes concretos contra civiles durante el conflicto fueron deliberados porque los militares israelíes no han hecho públicos los datos que permitirían la evaluación de sus conclusiones por partes independientes. Amnistía Internacional no ha sostenido que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eligieran como objetivo a civiles palestinos “como medida política”, sino que las reglas de intervención y las acciones de las FDI durante el conflicto no adoptaron suficientes precauciones para reducir al mínimo las víctimas civiles. Los recientes comentarios del juez Goldstone no cuestionan esta valoración.
Amnistía Internacional, la Misión de Investigación y otras organizaciones de derechos humanos documentaron otras graves violaciones cometidas en gran número por las fuerzas israelíes, incluidos crímenes de guerra, durante el conflicto. Entre ellas se cuentan ataques indiscriminados y el uso de armas como fósforo blanco y flechillas en áreas civiles; la destrucción gratuita de propiedades e infraestructuras civiles; ataques contra instalaciones de la ONU, instalaciones y personal médicos, y el uso de civiles palestinos como “escudos humanos”. Aunque las autoridades israelíes han investigado algunos de estos incidentes, todas las investigaciones han corrido a cargo de militares israelíes y han sido supervisadas por la Procuraduría General Militar, el mismo organismo responsable de proporcionar asesoramiento jurídico a las Fuerzas de Defensa de Israel durante la Operación Plomo Fundido.
Tal como se ha señalado en el reciente informe del Comité de Expertos Independientes designado por la ONU para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de las investigaciones, Israel no ha investigado las acciones de “quienes diseñaron, planearon, ordenaron y supervisaron la Operación Plomo Fundido”, las investigaciones militares israelíes han adolecido de falta de transparencia, y más de un tercio de los incidentes puestos de relieve por la Misión de Investigación continúan en situación de “sin resolver o poco claros”. Hasta la fecha, sólo se ha dictado acta de acusación formal contra cuatro soldados israelíes por cargos penales relacionados con la Operación Plomo Fundido, y sólo uno ha estado en la cárcel por robo de una tarjeta de crédito.
La evaluación efectuada por Amnistía Internacional sobre las investigaciones israelíes coincide con el informe del Comité de Expertos Independientes. Cuando han transcurrido más de dos años desde el final del conflicto, observadores objetivos e imparciales siguen sin poder considerar las investigaciones de Israel como adecuadas, independientes o eficaces para poner a disposición de la justicia a los autores de presuntas violaciones de derechos humanos.
El informe del Comité de Expertos Independientes, hecho público el 18 de marzo de 2011, puede consultarse en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/nominations.htm
La última evaluación de las investigaciones israelíes y palestinas sobre el conflicto de Gaza realizada por Amnistía Internacional, hecha pública el 18 de marzo de 2011, está disponible en: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE15/018/2011/es

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Índice AI: MDE 15/023/2011