Amnistia Internacional Uruguay

Declaración Pública desde la Asamblea General de la OEA

6 de junio de 2012
Los Estados reunidos en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos deben trabajar constructivamente y de buena fe para fortalecer los derechos humanos en la región.

Una delegación de Amnistía Internacional, al igual que decenas de otras organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, está participando en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a invitación de la OEA con la finalidad de contribuir, constructivamente, al avance en el goce de los derechos humanos en el hemisferio y al fortalecimiento del sistema interamericano de supervisión de los mismos.

A pesar del reconocimiento que la OEA ha hecho de la importancia del rol que juegan las organizaciones de la sociedad civil en las labores de la misma, durante el diálogo de representantes de la sociedad civil con Cancilleres y otros representantes estatales, y luego durante la primera sesión plenaria de la Asamblea General, algunos Estados se han dedicado a satanizar a las organizaciones no gubernamentales, lanzando acusaciones a las mismas sin que el formato de estas reuniones provean a las organizaciones presentes la posibilidad de responder a las acusaciones realizadas. Creemos que es necesario que se revisen los formatos de las reuniones a las que las organizaciones de la sociedad civil están invitadas a efectos de que las mismas constituyan verdaderos diálogos y no escenarios para que representantes estatales desahoguen su ira en contra de aquéllos que critican determinadas políticas gubernamentales.

La Asamblea General de Cochabamba ha visto además redoblados ataques en contra del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), y en especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En vez de utilizar esta oportunidad para reflexionar constructivamente sobre cómo mejor promover y proteger los derechos humanos en el hemisferio, algunos Estados han venido a esta Asamblea con nuevas o repetidas acusaciones, muchas veces derivadas de interpretaciones equivocadas de los instrumentos internacionales que rigen el SIDH, o confusiones evidentes en cuanto a las competencias y posibilidades de los órganos del mismo. Varios proyectos de resolución que se refieren al SIDH están todavía abiertos debido a marcadas discrepancias entre las delegaciones sobre el texto definitivo. Algunas delegaciones insisten en forzar a la CIDH a implementar recomendaciones hechas por Estados a la CIDH sin respetar la independencia y autonomía que este órgano principal de la OEA tiene como instancia supranacional de supervisión del cumplimiento por dichos Estados con sus compromisos en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional insta a los Estados del hemisferio a respetar dicha independencia y autonomía a efectos de que sea la CIDH la que considere dichas sugerencias y sea ella en definitiva la que adopte las medidas que estime conducentes a una mayor promoción y protección de los derechos humanos en las Américas.

Cabe recordar que una de las razones por las cuales los Estados crearon el SIDH fue para garantizar a su población una instancia superior a la cual acudir cuando no habían obtenido justicia y reparación por violaciones de derechos humanos en los sistemas de justicia interno, precisamente porque se reconoce que existen retos en garantizar los mismos a nivel interno. En este sentido, el SIDH es un necesario complemento de la protección proveída por las instancias nacionales en las Américas.

Durante la primera sesión plenaria, buena parte del discurso del Presidente del Ecuador, Rafael Correa, se centró en presentar una visión negativa de la Corte y Comisión interamericanas de derechos humanos, avanzando posiciones preocupantes en cuanto al rol que deben cumplir estos órganos y sobre el alcance de normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos. Particularmente preocupante es la teoría que avanzara en cuanto al alcance del derecho a la consulta previa de que gozan los pueblos indígenas en base a normas internacionales activamente apoyadas por el Ecuador. En especial, el Presidente Correa negó que la consulta a los pueblos indígenas deba tener como finalidad lograr su consentimiento previo para llevar adelante proyectos que podrían afectar sus territorios. Los estándares internacionales claramente obligan a los Estados a llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento libre, previo e informado de  los pueblos indígenas para poner en marcha proyectos de desarrollo, leyes y políticas que afecten su forma de vida. Ese consentimiento debe obtenerse mediante una consulta previa a través de la cual los pueblos afectadas puedan participar en el proceso de toma de decisiones en una fase temprana y en la que deben recibir información suficiente, objetiva y en un formato accesible sobre  los posibles efectos de una medida, tanto positivos como negativos, y dialogar sobre las posibles formas de mitigar estos últimos. No reconocer el consentimiento previo, libre e informado como uno de los objetos de la consulta desvirtúa uno de los derechos fundamentales que han conquistado los pueblos indígenas históricamente discriminados y desconoce el valor y la necesidad de un diálogo de buena fe entre el Estado y las instituciones representativas de los pueblos afectados. Desconocer estos estándares transformaría a la consulta previa en un ejercicio fútil destinado simplemente a consolidar decisiones ya tomadas a nivel estatal.
FIN/