Un policía da indicaciones a un grupo de personas que esperan noticias de la liberación de sus familiares detenidos durante el estado de emergencia en el perímetro de seguridad de la prisión de Izalco en Izalco, El Salvador

El Salvador: El presidente Bukele sumerge al país en una crisis de derechos humanos luego de tres años de gobierno

En el marco del régimen de excepción actual, las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos, y al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado, dijo Amnistía Internacional hoy, tras llevar a cabo una investigación de crisis en el país. El gobierno del presidente Bukele decretó el régimen de excepción el 27 de marzo, tras un pico de homicidios presuntamente cometidos por pandillas, y lo ha extendido dos veces hasta la fecha. “Hace tres años nos reunimos con el presidente Nayib Bukele y se comprometió a respetar los derechos humanos. Sin embargo, desde entonces y de forma reiterada no ha cumplido con su palabra”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza. En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia. Las víctimas de violencia por parte de pandillas merecen justicia de forma urgente, pero ésta sólo se logra con investigaciones robustas y procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva.”

Durante las últimas semanas, un equipo de respuesta a crisis de Amnistía Internacional ha documentado minuciosamente 28 casos de violaciones de derechos humanos, correspondientes a 34 personas, tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores y exoperadores de justicia, y líderes comunitarios. Adicionalmente, la organización solicitó reuniones con diversas autoridades, incluyendo con el presidente Nayib Bukele.

Detención arbitraria, privación ilegal de la libertad y garantías judiciales

El régimen de excepción, las recientes reformas al Código Penal y el Código Procesal Penal, y la práctica implementada en este contexto por los Juzgados Especializados, la Procuraduría General y la Fiscalía entre otros, han limitado los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial efectivo y al acceso a un juez independiente. El derecho internacional de los derechos humanos, vinculante para las autoridades salvadoreñas, no permite que se restrinjan estos derechos, ni siquiera en caso de estado de excepción.

Amnistía Internacional encontró que miles de personas están siendo detenidas sin que se cumplan requisitos legales —la existencia de una orden de aprehensión administrativa o judicial o en una situación de flagrancia— sino únicamente por ser percibidos por las autoridades como personas señaladas como criminales en los discursos de estigmatización del gobierno del presidente Bukele, ya sea por tener tatuajes, por haber sido acusadas por un tercero de tener supuestos vínculos con una pandilla, por tener un familiar perteneciente a una pandilla, por tener antecedentes penales previos de cualquier tipo, o simplemente por vivir en una zona controlada por una pandilla, que son precisamente zonas con altos niveles de marginación y abandono estatal histórico.

Tras ser detenidas, las personas son privadas de la libertad y presentadas en audiencia judicial donde en su mayoría son acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas”, cuya pena versa entre 20 a 30 años de prisión. Durante la detención, y antes de ser puestas a disposición de la autoridad judicial (que suele suceder al cumplirse 15 días de detención, tras haber suspendido, a través del régimen de excepción, el plazo constitucional de 72 horas máximas para la “detención administrativa”), la persona detenida no suele tener contacto con su representante legal, ni siquiera momentos previos a la audiencia, o es de apenas unos

minutos. Además, una minoría de personas ha podido tener acceso a defensores privados, quienes no tienen acceso al expediente, desconociendo la información presentada por la Fiscalía. Estas audiencias pueden llegar a realizarse contra hasta 500 acusados a la vez y son resueltas de forma sumaria. Prácticamente todas las personas son sujetas a proceso por parte del Poder Judicial, aun cuando no exista ninguna evidencia.

En prácticamente todos los casos documentados por Amnistía Internacional, las personas expresaron que hubo momentos en los que no sabían dónde se encontraban detenidos sus familiares. Al menos en un caso siguen sin saberlo, lo que podría constituir en desaparición forzada. Esto ha llevado a decenas de personas a interponer un recurso de exhibición personal (habeas corpus) ante la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, hasta la fecha organizaciones de derechos humanos reportan que los procesos no presentan avances.

En un caso, la policía detuvo a una vendedora de comida y madre soltera, dentro de su casa al inicio de abril, sin orden de aprehensión ni allanamiento, por ser supuestamente operadora de una pandilla. En la audiencia de imposición de medidas, celebrada en contra más de 500 personas al mismo tiempo, un Juzgado Especializado le impuso detención provisional por el delito de agrupaciones ilícitas, a pesar de que, según su familia, no existía evidencia para ello. Años atrás, policías habían detenido a la vendedora por la misma acusación y la golpearon fuertemente durante la detención. Además de no comprobarse los cargos, ganó una reparación económica tras denunciar a los policías por abuso de autoridad. Desde entonces, tuvo que desplazarse forzadamente junto con sus hijos debido a constantes amenazas de la policía. Ella y su familia habían regresado a su vivienda pocos meses antes de su detención en abril.

Su hija relató que, al día siguiente, policías de la localidad regresaron a la vivienda y le pusieron una pistola en la cabeza, amenazándola de que sería la siguiente. En mayo, la joven fue detenida por los mismos policías que detuvieron a su madre y la amenazaron previamente. Amnistía Internacional documentó otros dos casos en que las detenciones fueron precedidas de situaciones de abuso policial que las víctimas habían denunciado ante las autoridades en años anteriores.

“Es alarmante observar cómo los tres poderes del Estado, incluyendo las instituciones de justicia, están funcionando de manera sumamente coordinada para procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas. El uso político de las instancias creadas para garantizar justicia atenta contra el Estado de Derecho y está favoreciendo la comisión de graves violaciones de derechos humanos e incluso crímenes de derecho internacional”, dijo Erika Guevara Rosas.

“La detención y procesamiento penal sin las debidas garantías judiciales de más de 35 mil personas en menos de tres meses no habría sido posible si las instancias de justicia cumplieran su mandato. En cambio, están actuando como cómplices de una política de seguridad ordenada desde el más alto nivel, que pisotea derechos humanos irrenunciables, asumiendo como un mal necesario el procesamiento y encarcelamiento generalizado e injusto de personas en situación de pobreza.”

Derecho a la vida y la integridad personal

Amnistía Internacional documentó casos de tortura y malos tratos al interior de los centros de detención. Los testimonios revelan el nivel de control que poseen miembros de las pandillas dentro de las celdas y de las condiciones extremas de hacinamiento, que estarían resultando en violaciones del derecho a la vida y a la integridad personal, y ocasionando graves problemas de salubridad, escasez de alimentos y útiles básicos de higiene, afectando gravemente la salud de las personas detenidas. Para finales de mayo, medios locales reportaban que, debido al incremento en las detenciones, el 1.7% de la población mayor de 18 años del país se encontraría detenida, lo que supondría un hacinamiento de más del 250% de la capacidad de los centros penales.

En un caso, un adolescente de 16 años fue detenido el 29 de abril por agentes de la policía y las fuerzas armadas, y privado de la libertad durante 13 días tras ser acusado del delito de agrupaciones ilícitas. Durante la primera noche fue encadenado a la pared en un centro de detención policial para adultos y expresó haber sido golpeado por agentes policiales. Posteriormente fue trasladado a un Centro de Resguardo de Menores, donde miembros de una pandilla con quienes compartía celda le torturaron continuamente, mediante puñetazos en la cabeza y la cara, patadas en el pecho, abdomen y piernas, y amenazas constantes. Además, dijo que le arrojaron una bolsa llena de orina en la cabeza. Según declaró, estos actos de tortura y malos tratos se dieron con el conocimiento y tolerancia de los funcionarios del Centro. Hasta el 28 de mayo, se reportaban al menos 18 personas muertas bajo tutela del Estado durante el régimen de excepción. Dada las precarias condiciones carcelarias, existe el temor fundado de que el número de víctimas fatales pudiese incrementar en los siguientes días.

Amnistía Internacional documentó el fallecimiento de William Alexander Galeas Gonzales, de 36 años, quien fue detenido el 13 de abril junto a su madre y su hermana, por supuestos vínculos con pandillas. El 12 de mayo una funeraria visitó a la familia para informarles de la muerte de William, con quien no se habían podido comunicar desde su detención. Ninguna autoridad les notificó de la muerte ni les ha contactado hasta el momento. Según un documento del Instituto de Medicina Legal, el dictamen forense apunta a un edema pulmonar como causa preliminar de la muerte. La familia relató que al revisar el cuerpo observaron múltiples moretones.

“La política implementada con la supuesta justificación de reducir la violencia en el país a toda costa, encuentra su máxima expresión de ensañamiento en estas muertes bajo la custodia del Estado. Las autoridades salvadoreñas deben investigar todas las muertes arbitrarias inmediatamente y no permitir ni una más”

Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de AI.

Derechos de la niñez y adolescencia

Según datos del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, del 27 de marzo al 17 de mayo al menos 1190 personas menores de 18 años fueron detenidas y recluidas en Centros de Resguardo. La mayoría fueron acusadas de los delitos de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas.

Amnistía Internacional documentó el caso de dos primos de 14 y 15 años, ambos detenidos el 26 de abril mientras jugaban fuera de su casa en Ilopango. Sus familias relataron que agentes policiales los acusaron de tener “cara de malandros,” sin dar mayor justificación por su detención, además de asegurarles a las madres que sus hijos pasarían 30 años detenidos. Desde entonces sus madres no han podido comunicarse con ellos y apenas tienen información sobre el proceso penal que enfrentan. Dicen que la abogada pública asignada les dio muy poca información y escasamente argumentó en favor de sus hijos durante la audiencia.

Periodistas, personas defensoras y funcionarios judiciales

Amnistía Internacional conversó con cinco personas periodistas salvadoreñas, de las cuales tres habían tenido que cambiar de domicilio o de país debido al hostigamiento estatal y de terceros. Dos señalaron tener información confiable sobre posibles investigaciones criminales en su contra como forma de represalia. En el contexto del régimen de excepción no solo se han aprobado reformas legales que ponen en riesgo de criminalización a quienes informen sobre el fenómeno de las pandillas con condenas de hasta 15 años de prisión, sino que, además, funcionarios públicos y medios oficialistas han acusado públicamente y sin pruebas a periodistas e investigadores de tener vínculos con pandillas, en un intento de estigmatizar y cohibir el ejercicio periodístico. El 11 de abril, desde su cuenta de Twitter, el presidente Bukele llamó “basura”, a Juan Martínez, investigador y antropólogo especializado en temas de violencia y pandillas, a raíz de una entrevista donde él opinaba sobre el fenómeno de las pandillas en el país. Martínez comentó a Amnistía Internacional que las autoridades buscan el silencio y el exilio del periodismo, así como desacreditar las recientes investigaciones periodísticas que señalan la existencia de negociaciones secretas entre el gobierno y las pandillas. Horas después de que el presidente Bukele denigrara públicamente a Martínez, el director de Centros Penales acusaba a periodistas del periódico El Faro de ser terroristas, portavoces de las pandillas y mercenarios. De igual manera, funcionarios públicos del más alto nivel han acusado públicamente a organizaciones de derechos humanos de estar a favor de la delincuencia generada por pandillas. Además, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos registró la detención de seis lideresas comunitarias del municipio de Jiquilisco en Usulután en el contexto del régimen de excepción. Las autoridades las privaron de su libertad en sus hogares sin dar los motivos de la detención, y posteriormente han sido acusadas de tener vínculos con pandillas.

En otro caso, Amnistía Internacional documentó la detención de cuatro personas sindicalistas, entre ellas Dolores Almendares, trabajadora de la alcaldía de Cuscatancingo y secretaria general del sindicato SETRAMUC, quien fue detenida el 6 de mayo mientras guardaba baja laboral en casa por una lesión en el brazo. Fue acusada y detenida provisionalmente por el delito de agrupaciones ilícitas, pero su familia y colegas del sindicato creen que la detención podría tener algún vínculo con su defensa de los derechos laborales.

Adicionalmente, Amnistía Internacional conversó con dos ex funcionarios judiciales y un juez en funciones, quienes detallaron las afrentas a la independencia judicial que sufren los operadores de justicia, incluyendo reprimendas y llamados de funcionarios judiciales de alto nivel exigiendo no exonerar a los acusados en el marco del régimen de excepción y dictar detención provisional como regla general.

“La magnitud de las violaciones a los derechos humanos demanda una respuesta contundente e inmediata de la comunidad internacional. Es urgente que se permita el acceso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de protección de la ONU, en particular a los centros de detención y audiencias judiciales, para que puedan verificar las condiciones generales de observancia de los derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas.

“Llamamos al gobierno del presidente Bukele a revertir de forma inmediata las recientes medidas violatorias de derechos humanos y a establecer un diálogo con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, con el fin de establecer una política de seguridad pública efectiva y respetuosa de los derechos humanos.”