Amnistia Internacional Uruguay

Exige Dignidad

PARA SALIR DE LA POBREZA, TOMA EL CAMINO DE LOS DERECHOS HUMANOS

 

Con Exige Dignidad, Amnistía Internacional hace campaña para pedir a los Estados que protejan los derechos de los habitantes de asentamientos precarios, que pongan fin a las muertes innecesarias de mujeres por complicaciones en el embarazo y que garanticen que las empresas respetan los derechos de quienes viven en la pobreza.

La pobreza no tiene nada de inevitable. La pobreza tiene responsables. Amnistía Internacional ha trabajado intensamente desde su nacimiento en 1961 para liberar a miles de presos de conciencia en todo el mundo, y pedir cuentas por los abusos cometidos contra ellos. Hoy nos movilizamos para liberar a los presos de la pobreza, y exigir dignidad para todas las personas.

Salud materna

En Uruguay Amnistía Internacional defiende la salud materna como un derecho sexual y reproductivo y considera que la violencia durante el parto debe erradicarse. Esta situación es sufrida por muchas mujeres todos los días. Es importante que los Estados se hagan responsables por garantizar que las mujeres que se encuentren en trabajo de parto conozcan y exijan sus derechos, ellas deben contar con la información necesaria sobre los procedimientos médicos y sus opciones. Las mujeres tienen derecho a decidir quién las acompañará durante el parto y a conocer al personal médico que las asistirá. Bajo ningún concepto podrá ser víctima de maltratos por parte del personal médico ni ser discriminada por cuestiones sociales, económicas, políticas étnicas, raciales, de género, religiosas o por opciones de identidad u orientación sexual.

En 2011 Amnistía Internacional Uruguay desarrolló una acción web de sensibilización sobre la violencia que sufren las mujeres al momento del parto. Porque el primer paso para dejar de ver el problema es conocerlo. Conoce el Proyecto 0views y actua para poner fin a la violencia contra la mujer  

Desalojos forzosos

Todas las personas tenemos derecho a una vivienda y a protección frente a los desalojos forzosos. El número cada vez mayor de personas que viven en condiciones inadecuadas, barrios marginales y asentamientos irregulares pone de manifiesto que los gobiernos no hacen respetar este derecho. Lejos de mejorar las condiciones de la vivienda, las autoridades a menudo desalojan por la fuerza a los habitantes de estos barrios, sumiéndolos todavía más en la pobreza y en viviendas y condiciones de vida más precarias.

Los altos cargos del Estado suelen negarse a asumir responsabilidad alguna frente las personas a las que dejan sin hogar asegurando que éstas las ocupaban o vivían en ellas “ilegalmente”. Tal afirmación no tiene en cuenta que mucha gente se ve obligada a vivir en asentamientos precarios y viviendas inadecuadas porque no se pueden permitir otras opciones y porque no se ponen en marcha políticas de planificación y vivienda que den prioridad a las personas que viven en la pobreza. Con independencia de si las personas ocupan ilegalmente o con una titularidad legal la vivienda o las tierras en cuestión, el derecho internacional estipula que no deben llevarse a cabo desalojos forzosos sin el debido proceso y las salvaguardias jurídicas básicas. Si se efectúan los desalojos sin esas salvaguardias, el gobierno destruye incluso lo poco que esas personas han podido procurarse. Cuando se desaloja a personas por la fuerza, éstas pierden sus posesiones, sus redes y a menudo su acceso a la escuela, al trabajo y a la atención médica. Muchas quedan sin hogar y en la indigencia y no tienen más opción que vivir en las ruinas de lo que fueron sus casas o trasladarse a otra zona de asentamiento precario.

Amnistía Internacional busca que los desalojos forzosos se reconozcan más ampliamente por parte de responsables clave de la toma de decisiones y de la opinión pública como una violación a los derechos humanos.

Rendición de cuentas de las empresas

La globalización ha dado a las empresas un poder sin precedentes y ha facilitado su acceso a nuevos territorios más allá de sus fronteras.

Pero la regulación de sus actividades no ha seguido el mismo ritmo y si violan los derechos humanos, a menudo gozan de impunidad debido a que los Estados no pueden o no quieren prevenir y castigar sus acciones. Quienes viven en la pobreza pagan en mayor medida las consecuencias de los abusos y malas prácticas empresariales.

Las negociaciones con los Gobiernos no suelen ser transparentes, no se facilita información a las comunidades afectadas, o bien éstas no saben que la información está disponible, o no pueden siquiera leerla.

Las denuncias de abusos contra los derechos humanos son especialmente elevadas entre las industrias extractivas. Esto no resulta sorprendente, dado el impacto que tienen: comunidades enteras pueden ser expulsadas de sus tierras y sus medios de subsistencia verse amenazados o destruidos.

Los pueblos indígenas y las mujeres son especialmente vulnerables y tienen menos oportunidades de acceder a la justicia.

En muchos de los países más ricos en recursos naturales la pobreza hace presa en la población. Una combinación paradójica. La actividad extractiva debería respetar los derechos humanos y contribuir al desarrollo sostenible. Pero en numerosas ocasiones alimenta los conflictos y abusos e incrementa la pobreza.

Todos los Estados deben adoptar regulaciones en el ámbito de la energía, tanto en el nivel estatal como internacional, con el fin de garantizar que las empresas no violan los derechos humanos. En el caso de que estas incurran en abusos, los Estados deben exigirles que rindan cuentas por ello y asegurar que las víctimas obtienen reparación.

En Uruguay realizamos un Ciclo de Cine sobre el impacto de las industrias extractivas en los derechos humanos con mesas de debate sobre: megaminería, agronegocios y pesca industrial.