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Francia: Detener la carrera hacia un Estado de vigilancia

Si la Asamblea Nacional francesa aprueba mañana un nuevo proyecto de ley sobre servicios de información, concederá a las autoridades amplios poderes para vigilar a la ciudadanía en Internet y fuera de la red, ha advertido Amnistía Internacional.

La organización ha afirmado que la autorización de la vigilancia sólo con la firma del primer ministro, sin necesidad de intervención judicial, no ofrece los mecanismos de control y equilibrio adecuados.

“Con este proyecto de ley, Francia se acerca más a un Estado de vigilancia, en el que nada es secreto excepto la propia vigilancia. Incluso los periodistas, jueces, políticos y en general las personas que entren involuntariamente en contacto con presuntos sospechosos podrían ser objeto de una vigilancia invasiva”, ha dicho Gauri van Gulik, directora adjunta del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“Pronto podría darse la situación de que las autoridades francesas intervengan las casas, los automóviles y las líneas telefónicas de la gente sin la aprobación de un juez, aunque no exista ninguna sospecha razonable de que haya hecho nada malo.”

Si bien el gobierno lo presenta como una medida antiterrorista, este proyecto de ley sobre servicios de información también permitiría al primer ministro autorizar medidas de vigilancia invasiva con otros fines, tan amplios como “intereses esenciales de política exterior”, una vaga definición de contenido poco claro. Estas medidas podrían aplicarse, por ejemplo, a personas que organizan protestas pacíficas.

A una orden del primer ministro, las autoridades francesas podrían acceder a ordenadores o dispositivos móviles, seguir el rastro de las ubicaciones y espiar mensajes de correo electrónico, mensajes de texto y otras comunicaciones de aquellas personas que, en su opinión, podrían estar en contacto con alguien implicado en actividades sospechosas, incluso inintencionadamente.

El proyecto de ley permitiría que agentes de seguridad, entre otros, colocaran dispositivos de grabación en automóviles y domicilios, utilizaran sensores de proximidad para rastrear los movimientos e introdujeran programas que se ejecutan en segundo plano y registran las pulsaciones de teclado en tiempo real. Y todo ello sin la aprobación de un juez.

Con el objetivo de evitar el terrorismo, el proyecto de ley obligaría asimismo a proveedores de Internet y compañías telefónicas a colocar “cajas negras” en su infraestructura para registrar “metadatos” que desvelarían a quién escriben los usuarios de Internet y cuándo.
En lugar de solicitar la autorización de un juez para aprobar la vigilancia, el primer ministro consultaría a la nueva “Comisión Nacional de Control de Técnicas de Información”, cuya opinión es no vinculante y que carece de facultades para impedir las actividades de espionaje ilegales.

Además –y esto es fundamental– el nuevo proyecto de ley faculta al primer ministro para autorizar que se intercepten las comunicaciones “que procedan o se dirijan fuera de Francia”. Este criterio poco definido podría abonar el terreno para una vigilancia masiva indiscriminada del uso de Internet en los casos en que los servidores están en otros países, como sucede con los de Google. Así, podría se objeto de vigilancia cualquier mensaje de correo electrónico –incluso los enviados a personas dentro del mismo país–, información sensible almacenada en la nube, registros confidenciales online, como citas médicas, o información sobre las búsquedas en Internet.

Las condiciones que deberán cumplirse para llevar a cabo esta vigilancia se determinarán posteriormente mediante decreto público, y las técnicas concretas para llevarla a cabo se definirán en otro decreto, esta vez de carácter secreto.

“Se trata de un proyecto de ley demasiado vago, de excesivo alcance y que deja demasiadas preguntas sin respuesta. El Parlamento debe garantizar que las medidas destinadas a proteger a la ciudadanía del terrorismo no violan sus derechos básicos”, ha dicho Gauri van Gulik.

Información complementaria
Si los diputados de la Asamblea Nacional aprueban el proyecto de ley, éste pasará al Senado para su votación. Es posible que se forme un comité especial para analizarlo antes de que se convierta en ley. El proyecto de ley, que se estudió en comisión el 1 de abril, fue debatido en el Parlamento del 13 al 16 de abril.

El proyecto de ley señala siete motivos de interés público que permitirían a los servicios de inteligencia llevar a cabo tareas de vigilancia, entre los que figura fomentar “intereses esenciales de política exterior” y evitar “cualquier forma de injerencia extranjera”, “la violencia colectiva que afecte a la seguridad nacional” o “la delincuencia organizada”.
Amnistía Internacional ha emprendido acciones judiciales contra los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido para impugnar las facultades de vigilancia masiva indiscriminada que, en cierta medida, reflejan los que el gobierno francés desea adoptar.

El 10 de marzo, la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles llevó a Estados Unidos a los tribunales en nombre de un amplio grupo de organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional. El 10 de abril, Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos anunciaron que habían llevado al gobierno británico ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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