Haití: preocupa la falta de transparencia sobre el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad

El inminente despliegue de una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) —no perteneciente a la ONU— que liderará Kenia, con el mandato de “ayudar a la Policía Nacional de Haití a restablecer la seguridad en Haití y crear las condiciones de seguridad propicias para la celebración de elecciones libres y limpias”, suscita preocupación por la falta de información disponible sobre las medidas adoptadas para garantizar que todas sus operaciones se lleven a cabo respetando plenamente los derechos humanos, como exige la resolución 2699 (2023) del Consejo de Seguridad. Se prevé que el despliegue tenga lugar en los próximos meses. La crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos en Haití, que dura décadas y tiene sus raíces en el legado del colonialismo y la esclavitud, se agravó aún más tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. La inestabilidad política y la inseguridad han exacerbado el debilitamiento de las estructuras del Estado y han dado lugar a violaciones de derechos humanos generalizadas.

Como manifestó Amnistía Internacional en su carta abierta del 28 de agosto dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU, las intervenciones multinacionales o extranjeras anteriores en Haití se vieron empañadas por un preocupante historial de abusos e impunidad. Ante este hecho, deben adoptarse todas las medidas necesarias, antes y durante todo el tiempo que dure cualquier despliegue en el país caribeño, para evitar que la historia vuelva a repetirse.

Pese a los claros requisitos establecidos en la resolución 2699 (2023) del Consejo de Seguridad, que autoriza la MSS y que solicita a los Estados miembros que participen en ella que “que garanticen el más alto grado de transparencia”, Amnistía Internacional observa con preocupación que los países y las entidades implicados en el despliegue de la misión todavía no han proporcionado información pública detallada sobre qué normas, procedimientos, estructura, y mecanismos de rendición de cuentas se establecerán para orientar y delimitar el ámbito de sus acciones mientras se encuentren en el país. Ante la ausencia de vías claramente definidas de denuncia, investigación y reparación de abusos y violaciones de derechos humanos, grupos de la sociedad civil haitiana y de derechos humanos también han expresado preocupación por la eficacia y la legalidad del personal y las acciones de la MSS una vez desplegada en un entorno complejo.

La organización reconoce que el personal que forme parte de la MSS debe someterse a la verificación de antecedentes por los gobiernos que contribuyen a la misión y que, además, quienes reciban asistencia estadounidense también deben pasar por un proceso de verificación de antecedentes relacionado con los derechos humanos, de conformidad con la legislación de Estados Unidos. No obstante, para ese propósito, se recomienda el asesoramiento técnico de agencias de la ONU como la OACNUDH. También señalamos que, a pesar de los anuncios de contribuciones económicas significativas de algunos países, no se ha proporcionado información sobre cuántos fondos se asignarán directamente al sistema de protección de los derechos humanos para esta misión.

Por consiguiente, es imperativo que, en el contexto del despliegue progresivo de personal de la MSS en el país, todas las salvaguardias exigidas por la sociedad civil haitiana y reconocidas como indispensables por la ONU y la comunidad internacional se incorporen y se comuniquen de manera clara.

Peticiones de Amnistía Internacional para la MSS

Además de los procedimientos de verificación de antecedentes para todos los oficiales, el personal de la MSS debería recibir formación básica, antes y durante el despliegue, por parte de las entidades de la ONU pertinentes. La formación debería proporcionar conocimiento de los principios básicos, directrices y políticas de la ONU sobre cuestiones como el derecho de los derechos humanos, la explotación y los abusos sexuales, la protección de la población civil, la violencia sexual relacionada con los conflictos, y la protección de la infancia. Los contribuyentes deben comprometerse a cumplir estas normas.

Con arreglo a las disposiciones pertinentes de la resolución 2699 (2023) del Consejo de Seguridad, Amnistía Internacional solicita un mecanismo de presentación de quejas accesible, independiente y transparente (con unas reglas de procedimiento establecidas), para que lleve a cabo las oportunas investigaciones de todas las denuncias de conducta indebida y violaciones de derechos humanos, incluida la explotación y los abusos sexuales cometidos por cualquier miembro del personal asignado a la MSS, con independencia de su cargo y nacionalidad. Se recomienda la cooperación técnica de organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Departamento de Operaciones de Paz (DOP) y otras agencias de la ONU, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Dicha cooperación debería examinar también los procedimientos de determinación de paternidad gratuitos para niños y niñas que aleguen ser hijos o hijas de personal de la MSS, junto con vías de remisión que garanticen la manutención infantil.

Amnistía Internacional considera que debería designarse a especialistas independientes para dirigir el mecanismo y evaluar las reclamaciones y, de ese modo, evitar las injerencias, la opacidad y los posibles encubrimientos. Serían deseables la participación de la sociedad civil en la elección de las personas expertas independientes, y el asesoramiento y apoyo técnico de la OACNUDH.

El mecanismo debería ser compatible con el procesamiento penal y otras medidas de rendición de cuentas, si es posible, de una manera que brinde más apoyo al refuerzo de las instituciones haitianas. Para los casos de violaciones de derechos humanos, como homicidios extrajudiciales, tortura, o explotación y abusos sexuales, el mecanismo debería poder presentar una denuncia ante un tribunal ordinario haitiano, o en cualquier jurisdicción de un país que proporcione personal, al margen de la competencia de cualquier tribunal nacional en virtud del principio de jurisdicción universal, para que se investigue y, si hay suficientes pruebas admisibles, se enjuicie a toda persona sospechosa de responsabilidad penal, incluidas las que ocupen puestos de mando o de alto nivel. Por último, deberían elaborarse unas normas y reglas claras sobre las denuncias disciplinarias, las indemnizaciones, y cualquier otra acción de reparación pertinente, con un enfoque basado en los derechos humanos y, si es posible, con la aportación y participación de las comunidades haitianas. Los países contribuyentes deben comprometerse a financiar reparaciones.

Por último, Amnistía Internacional pide que se asigne una financiación adecuada a la supervisión independiente del cumplimiento de la MSS de los derechos humanos, al procesamiento de las denuncias de presuntos abusos, a investigaciones y a la plena reparación. Para garantizar que las víctimas tengan acceso oportuno a reparación, la ONU debe autorizar que el fondo fiduciario de la MSS cubra las indemnizaciones y otros recursos, y exigir a los países contribuyentes que asuman la responsabilidad definitiva de reembolsar las deudas provocadas por sus ciudadanos si el fondo de la MSS no está totalmente financiado.

Amnistía Internacional insta encarecidamente a que se tengan en cuenta estos motivos de preocupación antes y durante el despliegue de la fuerza. La protección de los derechos humanos debe ocupar siempre un lugar central en todo proceso de toma de decisiones relacionado con garantizar la seguridad y la estabilidad en Haití.

DONÁ