Amnistia Internacional Uruguay

Informe Anual 2013 | Actualización sobre Uruguay

Por Natalia Hernández, Presidenta del Comité Ejecutivo de AI Uruguay

Muchos de los temas de los que vamos a hablar son recurrentes, como impunidad o derechos de las mujeres y son pocos en los que hemos tenido avances.

Sobre la violencia de género tenemos que decir que 41 mujeres murieron víctimas de violencia doméstica según datos del Ministerio del Interior a noviembre de 2012, si bien se han tomado medidas de prevención éstas aún no son suficientes.

Esta violencia es reflejo de la discriminación que sufren las mujeres no sólo en el ámbito doméstico, sino también a nivel laboral y social en Uruguay.

Esta discriminación queda de manifiesto también en el texto de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, la que vemos como un paso adelante en una estrategia de derechos sexuales y reproductivos, pero de la que nos preocupan dos cosas. En primera instancia que se trate a las mujeres como incapaces de decidir sobre su propio cuerpo apelando a un grupo interdisciplinario de asesores para concretar esa decisión; en segunda instancia que los requisitos (tanto para el caso de violación como de embarazo involuntario) sean trabas para llevar adelante la interrupción del embarazo. Nos preguntamos, ¿qué pasa con las mujeres que no pueden cumplir estos requisitos por la situación geográfica o lugares donde los profesionales de la salud apelaron al recurso de objeción de conciencia.?

Asimismo tenemos que mencionar el caso de las mujeres trans asesinadas en 2012. Al menos 5 casos se registraron al cierre del Informe. Solo ha habido justicia en un sólo caso en Melo donde la opinión pública ejerció presión para su esclarecimiento. También resulta grave y discriminatorio el tratamiento de los casos desde los medios de comunicación, desconociendo la identidad de género de estas mujeres.

Desde Amnistía Internacional exhortamos al Estado a adoptar medidas efectivas para poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, y promover el empoderamiento de las mujeres mediante la aplicación de programas y políticas claros, centrados en la igualdad de género y la eliminación de los estereotipos.

Pero la impunidad sigue presente no solamente en los casos de las mujeres trans, sino con los casos de violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura cívico-militar. Durante 2012 se hallaron los restos de Ricardo Blanco Valiente y se identificaron los restos de Luis Guillermo Vega, Horacio Abeledo y Roque Montenegro.

Mientras en octubre de 2011 se aprobó la ley que, en la práctica, anula los efectos de la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado de 1986 y revoca las normas sobre prescripción que habrían impedido que las víctimas presentaran querellas; en febrero de este año la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional algunos artículos de la Ley 18.831 dando la espalda a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas hasta marzo de 1985 y amenaza con dejar en impunidad cientos de casos en investigación o por investigarse. El fallo ignora importantes desarrollos de derecho nacional e internacional logrados en las últimas décadas, incluyendo el obligatorio cumplimiento de las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que expone al Uruguay a nuevas condenas internacionales por incumplimiento de los compromisos asumidos.

En octubre de 2011, 28 mujeres denunciaron haber sido víctimas de violaciones y abusos durante su detención en centros clandestinos durante la dictadura. En marzo pasado los denunciados fueron a declarar y el juicio sigue adelante ya que apelaron a la inconstitucionalidad del recurso y fue rechazado por la jueza. Todavía no hay sentencia sobre este caso.

Recientemente, el 8 de mayo, el General Dalmao fue condenado a 28 años de cárcel por la muerte de la militante Nibia Sabalsagaray en 1974. Es el primer militar en actividad procesado y condenado por delitos de la dictadura.

La Sección Uruguay de Amnistía Internacional seguirá monitoreando las políticas del Estado para el cumplimiento de los derechos a la memoria, la verdad, la justicia, la reparación integral y garantía de no repetición; así como los compromisos con el derecho internacional asumidos por el país.

En lo que refiere a Condiciones de Reclusión, El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Prof. Juan Méndez, destacó, luego de su visita a nuestro país en diciembre de 2012, que varias iniciativas del Gobierno contribuyen positivamente a mejorar las condiciones de detención y el régimen penitenciario en general. Sin embargo, resaltó que aún persisten varios problemas que impiden que las condiciones generales de detención sean satisfactorias, llegando en algunos extremos a ser inhumanas. Se refirió al estado de salubridad e higiene, la falta de acceso al agua potable y al aire fresco, al deterioro de infraestructura y, en particular, los altos niveles de hacinamiento presentes en las cárceles, en las cuales en algunos extremos alcanzan niveles críticos. El Relator exhortó al sistema político a no seguir incrementando estas condiciones como consecuencia de bajar la edad de imputabilidad, que además implicaría un aumento en las penas y la falta de rehabilitación y reintegración social; y el uso de la prisión preventiva, que parecería utilizarse como regla y no como excepción según indican los estándares internacionales.

Para finalizar nos interesa destacar tres hitos que significan un avance en materia de derechos humanos tanto en Uruguay como en el mundo: la aprobación de la ley sobre Matrimonio Igualitario en Uruguay, la aprobación del Tratado sobre el comercio de armas de Naciones Unidas y la entrada en vigor del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Sobre el matrimonio igualitario, celebramos que el Parlamento haya aprobado la ley que lo habilita, permitiendo a todas las personas, sin importar su orientación sexual, disfrutar de éste derecho, elegir si casarse o no y qué tipo de familia fundar. Sin dudas, la aprobación de esta ley significó un paso importante hacia la plena igualdad entre las personas en Uruguay y esperamos su pronta entrada en vigor.

El pasado 2 de abril la comunidad internacional reunida en el ámbito de Naciones Unidas aprobó por un amplio margen el Tratado sobre el Comercio de Armas. Este Tratado obliga a todos los Estados parte del mismo a evaluar el riesgo de transferir armas, municiones o componentes a otros países donde puedan ser utilizados para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Los Estados han acordado que, si ese riesgo fundamental es real y no puede mitigarse, la transferencia no se lleve a cabo.

Destacamos el trabajo de la delegación del Estado uruguayo durante las negociaciones y alentamos a que se continúe en ese camino de promoción y protección de los derechos humanos. El tratado estará abierto a la firma y ratificación a partir del próximo 3 de junio de 2013 en la Asamblea General de la ONU y entrará en vigor al poco tiempo de haber sido ratificado por 50 Estados. Uruguay firmará el Tratado ese mismo día a través del Embajador uruguayo en ONU.

Los DDHH son interdependientes e indivisibles, lo que es fundamental para garantizarlos. Analíticamente se dividen en civiles y políticos y económicos sociales y culturales, lo que ha tenido como consecuencia muchas veces que estos últimos hayan sido desconsiderados a nivel de los Estados. Uruguay desde 1970 es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, comprometiéndose así a garantizar el pleno goce de los derechos que el Pacto contiene.

El 5 de mayo entró en vigencia el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PF-PIDESC). Esta herramienta es un mecanismo de denuncia a nivel internacional para las personas cuyos DESC hayan sido violados y que no hayan obtenido justicia en su propio país, es decir, si los tribunales nacionales no nos protegen contra las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, podremos presentar casos ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Uruguay fue el décimo país en ratificar éste Protocolo, acción que permitió su entrada en vigor. Desde Amnistía Internacional Uruguay continuamos promoviendo la ratificación de éste instrumento tanto a nivel regional como internacional y fortaleciendo nuestra lucha no sólo por la defensa y promoción de los DESC sino también por su exigibilidad y justiciabilidad.

Cuando Peter Benenson inició nuestro movimiento, hace más de 50 años, se consideró una de las mayores utopías de nuestro tiempo, pero muchos presos de conciencia, de Uruguay y el mundo, deben su vida y libertad a esa utopía que hoy no es tal para muchos y muchas. Estas libertades se lograron gracias a todos los individuos anónimos que actúan como activistas, firmando peticiones o donando su trabajo o fondos; esas individualidades son las que juntas permiten mantener la esperanza de todas las personas cuyos derechos están siendo vulnerados en este momento.