En México, las personas defensoras de la tierra, el territorio y medio ambiente se enfrentan constantemente a innumerables riesgos como la estigmatización, hostigamiento, ataques, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos al procurar defender y hacer valer sus derechos humanos.
En el nuevo informe de Amnistía Internacional documentamos y hacemos visible cómo se usa el sistema penal en contra de cuatro grupos de personas defensoras en tres Estados del país: la comunidad de Chilón y la comunidad de la Colonia Maya en Chiapas, personas de la Comunidad de Sitilpech, Yucatán; y dos personas defensoras de Zacatepec, Puebla.
Ante este escenario, estamos recomendando a las autoridades nacionales que generen un contexto en donde se valore el rol de las personas y comunidades defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente, aumente la protección dada a ellas a través de los mecanismos existentes, que se investiguen las violaciones a derechos humanos sufridas por estas personas y comunidades, que en los casos que siguen activos se retiren completamente los cargos y que existan mecanismos de formación a fiscalías para desistan de procesos penales contra personas defensoras que protestan por sus derechos.
Te invitamos a sumarte a la campaña #ProtestarNoEsUnCrimen para exigir a las autoridades que detengan el uso indebido del sistema legal en contra de las personas que protestan para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente.