Amnistia Internacional Uruguay

Irán debe anular la condena de una destacada defensora de los derechos humanos

20 de marzo de 2012
Amnistía Internacional pide a las autoridades iraníes que anulen de inmediato la condena de una destacada defensora de los derechos humanos que es miembro del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos y de otras organizaciones de la sociedad civil.
Narges Mohammadi, presidenta ejecutiva del Centro, fue condenada originalmente por el Tribunal Revolucionario de Teherán a 11 años de prisión en septiembre de 2011. Su condena consistía en dos penas de cinco años de prisión por cargos diferentes de “reunión y colusión para cometer un delito contra la seguridad nacional” y un año adicional de prisión por “difusión de propaganda contra el sistema”.

Apeló contra la sentencia y, el 4 de marzo de 2012, su abogado recibió la notificación de que, mediante una resolución dictada el 15 de enero de 2012, la Sección 54 del Tribunal de Apelación había reducido la pena a seis años. El abogado, Mohammad Sharif, había alegado con éxito que era injusto formular dos cargos diferentes de “reunión y colusión”, y Narges Mohammadi fue absuelta de uno de los cargos, con lo que la pena se reducía a seis años. Permanece en libertad, en espera de ser citada para empezar a cumplir su condena. De ser encarcelada por esta pena, sería presa de conciencia.

Desde que el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos se cerró forzosamente en diciembre de 2008, las autoridades iraníes han llevado a cabo una campaña de procesamientos y duras penas contra las personas que tuvieran vínculos, o de las que se sospechara que los tenían, con él.

Amnistía Internacional sigue pidiendo que se permita a los defensores y defensoras de los derechos humanos iraníes llevar a cabo su trabajo sin temor a persecución o acoso. Las condenas dictadas contra todo defensor o defensora de los derechos humanos procesado en Irán únicamente por realizar su labor legítima y pacífica de derechos humanos deben anularse, y todas las personas encarceladas por esos motivos deben ser puestas en libertad inmediata e incondicional, ya que son presos de conciencia.

Durante años, Narges Mohammadi ha sido premiada en varios países por su trabajo, pero las autoridades iraníes le han prohibido viajar y, en 2009, le confiscaron el pasaporte. Además de su trabajo en el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Narges Mohammadi es cofundadora del Comité para Acabar con las Ejecuciones de Menores, perteneciente al Centro, y del Consejo Nacional de Paz, cuyo objetivo es relajar las tensiones internacionales por la política nuclear iraní. También es miembro del Comité de Defensa de unas Elecciones Libres, Honradas y Justas.

Narges Mohammadi ya había hablado anteriormente a Amnistía Internacional de sus problemas constantes de salud, derivados del tiempo que ha pasado entre rejas en los últimos años. Según afirma, muchos otros iraníes han salido también de prisión con graves problemas médicos.

El Centro para la Defensa de los Derechos Humanos fue fundado conjuntamente por destacados abogados y activistas iraníes, y estaba dirigido por la ganadora del Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi. Desde que las autoridades lo cerraron, sus miembros han seguido desempeñando su labor en apoyo de los derechos humanos. Shirin Ebadi se encuentra actualmente fuera de Irán, ya que cree que no podría realizar adecuadamente su trabajo de derechos humanos si regresara al país.

La noticia de la resolución judicial sobre la apelación de Narges Mohammadi se recibió tan sólo unos días después de que se supiera que su colega Abdolfattah Soltani –uno de los fundadores del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos– había sido condenado a 18 años de prisión, que debía cumplir en un lugar muy apartado, y había sido inhabilitado para ejercer la abogacía durante 20 años.

Abdolfattah Soltani fue detenido el 10 de septiembre de 2011 por cargos entre los que se encontraban “difusión de propaganda contra el sistema”, “creación de un grupo de oposición ilegal” y “reunión y colusión con la intención de dañar la seguridad nacional”. También se enfrentaba a cargos de “aceptación de un premio ilegal y ganancias ilegales”, en relación con su aceptación del Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg en 2009.

Amnistía Internacional ya había reconocido anteriormente a este abogado de 58 años como preso de conciencia, recluido exclusivamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación, incluido su trabajo como abogado defensor en el Centro. En virtud de la reciente resolución judicial, Abdolfattah Soltani debe ser trasladado de la prisión de Evin, en Teherán, a una prisión en la apartada ciudad de Borazjan, a casi 1000 kilómetros al suroeste de la capital, lo que dificulta mucho las visitas de su familia. Su familia ha dicho a los medios de comunicación que Abdolfattah Soltani planea apelar contra esta resolución.

La condena de Abdolfattah Soltani se produjo en vísperas de las elecciones del 8 de marzo a la dirección del Colegio de Abogados de Irán. A varios destacados abogados de derechos humanos se les había prohibido presentarse, entre ellos a Mohammad Ali Dadkhah, miembro del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, y a Ferideh Gheyrat, asociada de Abdolfattah Soltani y muy conocida también por su trabajo en apoyo a iniciativas de derechos humanos.

Mohammad Ali Dadkhah, cofundador del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, fue condenado en julio de 2011 a nueve años de prisión por cargos relativos a su presunta participación en un intento de “derrocamiento suave” del gobierno y por “difundir propaganda contra el sistema”. También le prohibieron ejercer durante 10 años tanto la docencia como su profesión de abogado. En la actualidad se encuentra en libertad, y en febrero de 2012 dijo a Amnistía Internacional que, aunque su vista de apelación se había celebrado tres meses antes, no se le había notificado la resolución.

Se cree que al menos nueve defensores y defensoras de los derechos humanos se encuentran entre rejas en Irán, entre ellos Mohammad Seyfzadeh (también miembro del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos), el representante legal Javid Houtan Kiyan y Mostafa Daneshjou. La mayoría, si no todos, han sido reconocidos como presos de conciencia por Amnistía Internacional. Otros abogados y representantes legales han sentido que tenían que abandonar Irán tras las manifestaciones de junio de 2009.

Mohammad Seyfzadeh cumple en la actualidad una pena de dos años de prisión, reducida en apelación de una pena inicial de nueve años, por su participación en la creación del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos. Fue detenido en abril de 2011 por presunto intento de abandonar ilegalmente el país, y permaneció recluido unas dos semanas en un centro de detención de Oroumieh, en el noroeste de Irán, en condiciones que constituían desaparición forzada. Anteriormente había sido condenado, en octubre de 2010, a nueve años de prisión por “formación y pertenencia a una asociación […] cuya finalidad es dañar la seguridad nacional” –en relación con el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos– y por “difusión de propaganda contra el sistema”. Al mismo tiempo, fue inhabilitado durante 10 años para el ejercicio de la abogacía.

Nasrin Sotoudeh, destacada defensora de los derechos humanos que en el pasado representó a la cofundadora del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Shirin Ebadi, cumple en la actualidad una pena de seis años de prisión, reducida en apelación de una pena inicial de 11 años, en la prisión de Evin, en Teherán. Entre los cargos que se le imputaban se encontraba el de mantener vínculos con el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, cargo que ella niega. Asimismo, se le prohibió ejercer la abogacía y abandonar el país durante 20 años; esta prohibición fue reducida a 10 años en apelación, en septiembre de 2011.

En un informe hecho público el 28 de febrero de 2012, Amnistía Internacional documentó la constante represión ejercida por las autoridades iraníes sobre la libertad de expresión, reunión y asociación.

En los últimos años, el acoso, la detención y el encarcelamiento de defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidas personas que defienden los derechos de las mujeres, se han intensificado, y se han cerrado varias ONG, entre ellas el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos.

Información complementaria
Cualquier persona puede ser defensor o defensora de los derechos humanos, independientemente de su ocupación. Los defensores y defensoras se identifican principalmente por lo que hacen, más que por su profesión. Pueden actuar en solitario o en asociación con otras personas, a título profesional o personal, pero deben respetar el principio de universalidad: que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición. Además, sus acciones deben ser pacíficas.

En su informe de febrero de 2012 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán identificó a los defensores y defensoras de los derechos humanos y a los presos de conciencia como grupo de riesgo en Irán.

En noviembre de 2011, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vigila la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresó su preocupación por “las continuas denuncias de acoso o intimidación, la prohibición o dispersión por la fuerza de manifestaciones, y las detenciones y encarcelaciones arbitrarias de defensores de los derechos humanos”. Asimismo añadió que “a los defensores de los derechos humanos y a los abogados defensores se les imponen con frecuencia penas de prisión sobre la base de delitos definidos vagamente, como  ‘mohareb’ [enemistad con Dios] o la difusión de propaganda contra el régimen”, y recomendó que todos los defensores de los derechos humanos detenidos exclusivamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de reunión y asociación fueran puestos en libertad inmediata e incondicional, y que las amenazas, los actos de acoso y las agresiones contra estos defensores se investigaran de manera inmediata, efectiva e imparcial, y se procesara a los responsables cuando procediera.

Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a Irán que deje de perseguir a los defensores y defensoras de los derechos humanos por su trabajo legítimo de defensa de los derechos humanos de otras personas. La Declaración de la ONU sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea General en diciembre de 1998, reconoce el derecho de toda persona, ya sea individualmente o en asociación con otras –también mediante la formación de organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, la pertenencia a ellos o la participación en sus actividades– a “conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos; […] a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales; a estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica […] así como a señalar a la atención del público esas cuestiones”.

Declaración Pública AI Índice AI: MDE 13/014/2012