Amnistia Internacional Uruguay

La situación de los derechos humanos en Uruguay

La Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay presentó los avances y retrocesos de los derechos humanos en nuestro país en la presentación del Informe Anual de la Organización.

MVD 24.05.2012
Por Mariana Labastie

En el capítulo Uruguay de este informe, Amnistía internacional hace foco sobre:

Avances y retrocesos en la situación de impunidad en el Uruguay
En 2011 se hizo pública la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se ordena a Uruguay eliminar los obstáculos que bloquean las investigaciones y los enjuiciamientos por violaciones de derechos humanos cometidos durante los años de gobierno cívico-militar y, se declaró a Uruguay como responsable de la desaparición forzada, en 1976, de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, y del secuestro de su hija, María Macarena Gelman García.

En octubre se aprobó la ley que, en la práctica, anula los efectos de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado de 1986 y revocaba las normas sobre prescripción que habrían impedido que las víctimas presentaran querellas.

En junio, el presidente Mujica dictó un decreto que revocaba las decisiones de presidentes anteriores sobre que casos de presuntas violaciones de DDHH se podían investigar. Este decreto abrió la posibilidad de que se reabrieran alrededor de 80 casos. En octubre se formularon denuncias en nombre de más de 150 sobrevivientes de la tortura.

Desde que finalizó la elaboración de este informe se suscitaron una serie de acontecimientos que quiero destacar:

En diciembre de 2011 se reconocieron los restos del maestro Julio Castro –quien fuera caso de Amnistía Internacional-, mientras que en marzo de 2012 el Estado dio cumplimiento a la sentencia de la Corte interamericana reconociendo su responsabilidad en la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman. En ese mismo mes aparecieron los restos, que más tarde serían reconocidos como los de Sr. Ricardo Blanco.

La Sección Uruguay de Amnistía Internacional seguirá monitoreando las políticas del Estado para el cumplimiento de los derechos a la memoria, la verdad, la justicia y la reparación, para garantizar que el Uruguay cumple con sus responsabilidades.

Acceso a la Justicia: Haití
En septiembre de 2011 cinco marinos uruguayos destacados en la misión de Naciones Unidas en Haití (MINSUTAH) fueron acusados de abuso sexual contra un joven haitiano tras la divulgación, en Internet, de unas imágenes de video del presunto incidente.

El Estado Uruguayo tuvo una reacción positiva hacia la prevalencia de la verdad y la justicia para con el joven haitiano, quien vino a Montevideo a declarar en mayo sobre el caso y contó con las garantías del debido proceso.

Amnistía Internacional monitoreará que el Estado continúe en esta línea y garantice a todas las partes una investigación imparcial, un juicio justo y, en caso de demostrarse la responsabilidad de los acusados, una pena acorde y el resarcimiento para la presunta víctima.

Instalación de la INDH y Defensoría del Pueblo
Si bien en el informe se hace referencia a la falta de implementación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, hoy destacamos el reciente nombramiento de sus directores y directoras como parte del proceso de implementación de este mecanismo que seguiremos monitoreando.
Amnistía Internacional insta a que esta institución, que tiene también la función de implementar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura -previsto en el protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura- preste especial atención a la situación actual del sistema carcelario uruguayo.

Condiciones de reclusión

En el informe 2012, Amnistía Internacional observa, una vez más, con preocupación la situación del sistema carcelario uruguayo. No solo por la demora en la implementación de las recomendaciones del relator especial de las Naciones Unidas, que visitó el país en 2009, sino también por la actual situación de precariedad de las personas recluidas en el centro penitenciario de Santiago Vázquez, condiciones que no son más que un agravamiento de los defectos del sistema penitenciario como el hacinamiento, las infraestructuras inadecuadas y el uso generalizado de la prisión preventiva, como lo señaló la Comisión Interamericana de DDHH en julio del 2011.

Por otro parte, Amnistía Internacional Uruguay, vuelve a llamar la atención sobre las actuales discusiones que el Estado y el sistema político están dando para abordar la problemática de la “delincuencia”, especialmente la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad. Amnistía Internacional recuerda que el Estado es signatario de la Convención Universal de los Derechos del Niño y como tal debe garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y no responsabilizar de una problemática social a un sector vulnerable de nuestra sociedad.

Violencia de Género
En este informe se menciona que a finales del 2011 el parlamento empezó a tratar un proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Amnistía Internacional monitorea este proceso que garantiza la plena vigencia de los derechos civiles del colectivo LGBTTI.

Amnistía Internacional ve con profunda preocupación los asesinatos cometidos en 2012 de mujeres trans y el tratamiento en los medios de comunicación. Amnistía Internacional Uruguay insta a las autoridades nacionales a que garantice no solo la vida de las personas y a no ser víctimas de violencia por su origen nacional, raza, género, opción sexual, edad y a los medios a respetar la diversidad e integridad de las personas a la hora de informar.

Derechos humanos de las mujeres
Amnistía Internacional considera que la violencia hacia las mujeres en cualquier forma, constituye una grave violación a los derechos humanos.

En 2011, Amnistía Internacional Uruguay lanzó su campaña contra la violencia en la atención en el parto. En esta oportunidad más de 44.000 personas apoyaron esta campaña informándose, sensibilizándose y transmitiendo a nuestra organización sus preocupaciones y demandas. En diciembre de 2011 le hicimos llegar al Ministro de Salud Pública nuestras preocupaciones y aún no hemos recibido respuestas sobre los mecanismos que tienen las mujeres y sus acompañantes para prevenir y denunciar la violencia en el parto.

Aborto
Amnistía Internacional considera que la criminalización del aborto pone en peligro a las mujeres y niñas porque impide el acceso a los servicios de salud para recibir un tratamiento médico cuando su salud y sus vidas corren riesgo. En muchos casos, puede significar que mujeres y niñas embarazadas -sin que esto fuera parte de su proyecto de vida-, no tienen otra elección que continuar en contra de su voluntad con un embrazo que puede causar grave angustia psicológica e impulsarlas a buscar abortos ilegales inseguros, con todos los riesgos que esto supone para su vida y su salud.

En 2011 se le dio media sanción a un proyecto de ley que terminaría con esta situación en nuestro país. Amnistía Internacional Uruguay insta a las autoridades nacionales a tomen medidas garanticen y protejan los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres.

Violencia doméstica
Amnistía Internacional Uruguay manifiesta su preocupación por el aumento de las muertes de mujeres víctimas de violencia doméstica, e insta al Estado a que trate con diligencia esta grave violación a los derechos humanos de las mujeres en el Uruguay. Pedimos al estado que actué de manera efectiva y permita el acceso a la justicia a las víctimas de violencia doméstica y castigue a los/as culpables.

No más armas para atrocidades
Finalmente, como ya fue mencionado, Amnistía Internacional está llevando adelante una campaña para impulsar que las naciones Unidas actúen como guardianes de la paz y la seguridad mundial con plena vigencia de los derechos humanos, promoviendo la redacción de un tratado de comercio armas que impida la venta de armas a países en los que se ha constatado que se comenten abusos y graves violaciones de los derechos humanos y que estas armas contribuirían a mantener la injusticia.

Amnistía Internacional Uruguay ha lanzado la campaña local con el objetivo de recolectar 3000 firmas de activistas defensores/as de los derechos humanos para acompañar la petición a los Estados para que aprueben un tratado efectivo para el comercio de armas.

Las invitamos a ser parte de esta campaña firmando y difundiéndola.
FIN/