Amnistia Internacional Uruguay

MÉXICO | Autoridades no deben criminalizar a personas defensoras del territorio en Cuetzalan

0709 México

La Procuraduría General de la República (PGR) no debe procesar a las siete personas defensoras de derechos humanos que están bajo investigación por el delito de “oposición a la ejecución de obras públicas” en el pueblo de Cuetzalan, a menos de que haya pruebas contundentes en su contra, dijo Amnistía Internacional.

“Es crucial que la PGR asegure que la investigación no se base en evidencias sin fundamento o no confiables, originadas en represalia por su labor en defensa de los derechos humanos; y que garantice su derecho a un juicio justo que cumpla con estándares internacionales,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Es fundamental que las autoridades mexicanas no usen indebidamente el sistema penal para hostigar y silenciar a personas defensoras de derechos humanos y obstaculizar así su trabajo legítimo en defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente.”

La PGR ha iniciado una investigación penal en contra de ocho integrantes de la Unión de Cooperativas Tosepan (TOSEPAN), el Comité de Ordenamiento Territorial integral de Cuetzalan (COTIC) y el Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) debido a una denuncia interpuesta por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La denuncia está basada en el hecho de que la Asamblea de Pueblos Maseual Tutunaku y Mestizo instaló un campamento de protesta pacífica en un terreno privado al lado a donde la CFE pretendía construir una subestación eléctrica y línea de alta tensión en Cuetzalan, en el estado de Puebla, desde noviembre de 2016 hasta octubre de 2017.

El Pueblo Maseual considera que la obra se estaba realizando sin su consentimiento y sin antes haber realizado una consulta libre, previa e informada con los Pueblos Indígenas. La CFE interpuso la denuncia que ha generado una investigación por el delito de oposición a que se ejecute alguna obra o trabajos públicos.

El defensor medioambiental Manuel Gaspar Rodríguez, uno de los ocho acusados, fue asesinado en Cuetzalan el 14 de mayo, en un contexto donde las personas defensoras se enfrentan a campañas de estigmatización y desprestigio. Las autoridades mexicanas están investigando su muerte.

“Estos hechos evidencian una vez más que cuando las personas defensoras de derechos humanos en México alzan la voz en contra de obras que afectan directamente sus derechos y su territorio, se enfrentan a campañas en su contra para acusarles de ser desestabilizadores del desarrollo. Es inaceptable que, en vez de protegerles, las autoridades les criminalicen con el fin de disuadir el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de manifestación pacífica,” dijo Erika Guevara Rosas.

Amnistía Internacional hace un llamado a la CFE a reconsiderar el uso del sistema de justicia penal en este caso y valorar su resolución por una vía alterna. Es fundamental que la CFE, como toda empresa, implemente procesos adecuados de debida diligencia para garantizar el respeto de los derechos humanos – incluyendo el derecho a la consulta libre, previa e informada – de las personas y comunidades afectadas por sus actividades o por las de sus filiales, subcontratistas o proveedores.

La organización urge a autoridades mexicanas a adoptar inmediatamente medidas de protección efectivas y coordinadas para garantizar la seguridad e integridad de quienes integran la TOSEPAN, el COTIC y el MIOCUP, de acuerdo a sus propios deseos para que puedan seguir realizando su labor de defensa de derechos humanos sin temor a sufrir represalias.

Información complementaria

Distintas comunidades indígenas y campesinas han reportado a Amnistía Internacional violaciones a derechos humanos en razón de la planeación e implementación de  proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios, en particular la falta de consulta y consentimiento previo, libre e informado. A consecuencia de ello, los miembros de las comunidades reclaman su derecho a participar en la toma de decisión de los proyectos que afectan su territorio y modo de vida.

El Estado mexicano está obligado bajo el derecho internacional de los derechos humanos a realizar una consulta y adquirir el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas previo a la concesión de permisos de exploración y explotación de los recursos naturales y territorios.

Amnistía Internacional ha lanzado una plataforma que documenta estos y otros ataques contra personas defensoras de derechos humanos relacionados a la tierra, el territorio y el medio ambiente en México y América Latina: speakout4defenders.com

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