Amnistia Internacional Uruguay

Organizaciones de la sociedad civil exigen acción ante preocupante situación de violencia sexual ejercida contra niñas en la región

10-31_ninasnomadresLas organizaciones de la sociedad civil aquí firmantes nos unimos en una sola voz para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave situación de violencia sexual que viven las niñas en América Latina y el Caribe, exigiendo una respuesta integral por parte de los Estados y un mayor protagonismo de los organismos regionales de las Américas en la defensa de los derechos de las niñas.

La CIDH puede asumir un rol clave en este sentido, guiando y recomendando que los Estados den una respuesta adecuada. Dicha respuesta debe ser orientada a prevenir este tipo de violencia y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas, así como el derecho a la educación y la salud. Además, debe asegurar el acceso a la justicia y la adopción de medidas de reparación dignas y transformadoras.

El panorama regional es desolador:

  • Más de un millón de niñas y adolescentes en la región sufren violencia sexual u otros actos sexuales forzados.
  • La falta de acceso a salud sexual y reproductiva empeora las repercusiones de la alta prevalencia de violencia sexual. Las niñas deben enfrentar un ciclo perpetuo de violencia y discriminación, vulnerables a embarazos no deseados, abortos inseguros, y un riesgo mayor de contraer infecciones de transmisión sexual y VIH.
  • Obligar a las niñas a seguir adelante con un embarazo fruto de una violación sexual puede conllevar afectaciones físicas y emocionales inminentes. Por ejemplo, el embarazo en la adolescencia es uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil. Entre las adolescentes de 15 a 19 años, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte.
  • Aún más alarmantes son los casos de las niñas menores de 15 años, ya que tienen el doble de riesgo de muerte materna y probabilidades notablemente más altas de sufrir otras complicaciones relacionadas que van desde la preeclampsia hasta el parto prematuro. Las niñas menores de 15 años no están preparadas físicamente para embarazos o partos. En cuanto al impacto social y económico, los embarazos de niñas promueven la deserción escolar, perpetuando ciclos de pobreza y de violencia económica y de género.

Frente a este devastador contexto, diversas Convenciones tanto regionales como internacionales de derechos humanos y los órganos que fueron constituidos para protegerlas, han establecido un marco de protección que los Estados de la región se han comprometido a cumplir, a través de la ratificación de dichos instrumentos. En ese sentido, los gobiernos están en la obligación de tomar todas las medidas pertinentes para prevenir y sancionar la violencia contra las niñas y adolescentes, así como garantizar su acceso a la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva. De igual manera, en virtud de los estándares internacionales, los Estados deben cumplir con su obligación de asegurar el acceso a la justicia de las víctimas y garantizar su derecho a la reparación integral por violaciones a derechos humanos para asegurar la no repetición de las violaciones a futuro.

Sin embargo, la respuesta de los Estados de la región dista mucho de cumplir con esas obligaciones y, por lo tanto, este problema sistémico se reproduce de forma igualmente severa en muchos países en la región. Por esta razón, las organizaciones firmantes de esta Declaración hacen un llamado unido a la CIDH para asumir un mayor protagonismo en el abordaje de la problemática de violencia sexual ejercida contra niñas en la región:

  • Prestándole atención especial en su monitoreo, informes temáticos y pronunciamientos públicos.
  • Priorizando la realización de un informe regional sobre la temática, con recomendaciones claras para los Estados.
  • Recomendando a los Estados que garanticen el acceso de la niñas embarazadas a la interrupción legal de su embarazo, reconociendo los riesgos inminentes que un embarazo a tan temprana edad puede tener en la vida y la salud de las niñas; eliminen las barreras legales y los desafíos prácticos para que las niñas víctimas de violencia sexual tengan garantizados su derecho a la salud y el acceso integral a los servicios de salud sexual y reproductiva (información, educación sexual, anticoncepción de emergencia e interrupción del embarazo); garanticen el acceso de las niñas víctimas de violación a la educación, a la justicia y a la reparación digna y transformadora; y que adopten medidas adecuadas de prevención de la violencia sexual en niñas y adolescentes.

Es hora de concientizar a las sociedades y a los y las tomadores de decisión sobre esta cruda realidad, para poner fin a uno de los flagelos más alarmantes de nuestra región en materia de derechos humanos. Hoy debemos garantizar que las niñas puedan gozar de su derecho humano fundamental a una vida libre de violencia y sin ningún tipo de discriminación, haciendo valer su interés superior a una niñez plena.

Información adicional

Organizaciones firmantes

Comments are closed.