El anuncio del gobierno de Bangladesh de que va a posponer el retorno de refugiados rohingyas a Myanmar es un grato alivio para los cientos de miles que viven actualmente en Bangladesh; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Aplicar en sus términos actuales el acuerdo sobre devoluciones alcanzado la semana pasada pondría en grave peligro la seguridad y los derechos de más de 650.000 rohingyas que huyeron de una brutal represión militar el año pasado.

“En vista de la magnitud y el horror de los abusos infligidos a la población rohingya, cualquier acuerdo sobre devoluciones debe abordar en primer lugar las condiciones de apartheid de las que huyeron. Muchas de las personas refugiadas ya no tienen un hogar al que volver, ya que el ejército quemó sus casas hasta los cimientos; tampoco hay garantías de que no sufrirán la discriminación y la violencia que siguen caracterizando el régimen de apartheid del que han huido recientemente”, ha afirmado Charmain Mohamed, directora de Amnistía Internacional para los derechos de las personas refugiadas y migrantes.

“Aunque es positivo que Bangladesh haya reconocido que hacen falta más preparativos y haya aplazado el proceso de repatriación, el trato que reciben los rohingyas en Myanmar tendría que cambiar por completo para que una devolución pueda considerarse realmente segura o voluntaria. El anuncio de hoy puede proteger temporalmente a la población refugiada rohingya de sufrir devolución y quedar expuesta a nuevos abusos, pero estas personas necesitan una solución sostenible.”

Amnistía Internacional ha puesto de relieve graves motivos de preocupación en materia de derechos humanos respecto al acuerdo sobre devoluciones firmado por los gobiernos de Myanmar y Bangladesh. El acuerdo prevé la posible intervención de la ONU sólo en el lado bangladeshí, y aún no está claro el nivel de autoridad o de supervisión del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, para determinar el carácter voluntario de las devoluciones. El 16 de enero de 2018, el gobierno de Myanmar anunció que aceptaría la devolución de 1.500 personas refugiadas a la semana.

Aunque toda persona rohingya que desee realmente volver a Myanmar tiene el derecho inalienable a hacerlo, y tanto Bangladesh como Myanmar están jurídicamente obligados a facilitar su retorno, Amnistía Internacional ve con preocupación que el acuerdo actual no garantice el retorno seguro, voluntario y digno de estas personas, como exige el derecho internacional, y considera que, en la práctica, serían coaccionadas y su retorno sería equivalente a una devolución (refoulement).

- el énfasis en el calendario y las cuotas, que aumenta el riesgo de coacción a los rohingyas para que regresen;
- las condiciones actuales en Myanmar, donde las autoridades se niegan a reconocer la magnitud de los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos durante la campaña represiva del año pasado o para desarticular el régimen de apartheid;
- la exigencia de presentar pruebas de su residencia anterior en Myanmar a los rohingyas que desean ser repatriados, algo imposible para muchos de ellos, privados desde hace tiempo de la nacionalidad y de documentación de ese país, y que seguramente han perdido cualquier documento en su huida de la violencia militar;
- que el ACNUR no tenga acceso garantizado a las posibles personas retornadas en todas las etapas del proceso;
- la falta de reconocimiento explícito del derecho de la población rohingya a ser protegida de su devolución a un lugar donde corre peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos;
- la falta de reconocimiento explícito del derecho de la población rohingya a regresar a Myanmar, su país de origen, si verdaderamente desea hacerlo.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos de Bangladesh y Myanmar que no contemplen el retorno de rohingyas a Myanmar hasta que se cumplan las condiciones de un retorno seguro, voluntario y digno, y se hayan adoptado medidas verosímiles para incluir a las personas refugiadas en los procesos de toma de decisiones que las afecten.

La devolución (Refoulement) consiste en forzar el retorno de personas a situaciones en las que corren peligro de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos. El principio de no devolución (non-refoulement) es la piedra angular del régimen de protección internacional de las personas refugiadas y es vinculante para todos los Estados, hayan firmado o no la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

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