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ISRAEL / TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS | La demolición de Jan Al Ahmar por fuerzas de seguridad israelíes
Posteado: 2018-07-13
El traslado forzoso de personas palestinas de sus hogares por parte de Israel y el asentamiento de civiles israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados violan el IV Convenio de Ginebra y son crímenes de guerra, ha manifestado Amnistía Internacional mientras continúa vigilando sobre el terreno el rápido desarrollo de la situación en el pueblo palestino de Jan al Ahmar.

La mañana del 5 de julio, las fuerzas de seguridad israelíes han cerrado las zonas situadas en torno a la comunidad de Jan al Ahmar para preparar la destrucción del pueblo entero, incluida la escuela, las tierras de cultivo, una mezquita y los hogares de todas las familias que viven allí.

“Proceder a la demolición de Jan al Ahmar no sólo es absolutamente cruel, sino que también constituye traslado forzoso, que es un crimen de guerra. Se debe hacer rendir cuentas a Israel por estas graves infracciones del IV Cuarto Convenio de Ginebra, que es una norma que estableció para sí mismo y exigió a otras naciones. La comunidad internacional también tiene la obligación de garantizar que se respetan los Convenios de Ginebra. La demolición de Jan al Ahmar debe detenerse”, ha afirmado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Las fuerzas israelíes han declarado Jan al Ahmar zona militar cerrada y han bloqueado todas las entradas al pueblo, imponiendo incluso multas a personas que iban a aparcar sus automóviles allí o en las inmediaciones. Hemos recibido información sobre agresiones violentas contra manifestantes y limpieza de carreteras para permitir el acceso de las excavadoras. Las fuerzas de seguridad han herido y, en algunos casos, detenido brevemente a activistas locales e internacionales. Decenas de personas –hombres, mujeres, niños y niñas– se enfrentan al trauma del desplazamiento y de la destrucción de sus hogares por las fuerzas ocupantes.”

Jan al Ahmar tiene alrededor de 180 habitantes, pertenecientes a la tribu beduina yahalin. Situado al este de Jerusalén, el pueblo está rodeado por varios asentamientos ilegales israelíes. Su destrucción dejará espacio para la ampliación y conexión de grandes conjuntos de asentamientos, que al final rodearán la zona entera de Jerusalén Oriental y restringirán aún más el acceso de la población palestina a la ciudad.

El 24 de mayo, el Tribunal Supremo de Israel determinó que Israel podía destruir el pueblo entero, incluida la escuela, que está construida con neumáticos y proporciona educación a unos 170 niños y niñas de cinco comunidades beduinas distintas.

El 4 de julio, las fuerzas israelíes asaltaron de madrugada el cercano pueblo beduino de Abu al Nuwwar y demolieron 10 viviendas y estructuras para el ganado palestinas.
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#FirmáXChile #INVESTIGUENMANDOS
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Gustavo Gatica, un joven estudiante de psicología que participaba en las manifestaciones del estallido social en Chile, quedó ciego por el impacto de balines que coinciden con los disparados por personal de Carabineros. Dicha munición fue utilizada de forma indiscriminada y desmedida en innumerables ocasiones durante las protestas, violando las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de la autoridad y dejando a cientos de personas con lesiones oculares.
Fabiola Campillai, de 36 años, madre de tres hijas/os, bombera, jugadora de fútbol y activa en labores comunitarias. El martes 26 de noviembre mientras se dirigía al trabajo recibió el impacto de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros en su rostro. Este ataque se llevó consigo su vista, el sentido del olfato y del gusto. Además, este brutal suceso le provocó múltiples fracturas craneoencefálicas que le han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Si bien la noche del 27 de agosto fue detenido un capitán de Carabineros como presunto responsable directo del ataque hacia Fabiola, la investigación no puede limitarse a quien disparó, sino que deben investigarse también a las personas que vieron lo sucedido, sin hacer nada para evitarlo ni para prestar auxilio, y también a los mandos que, sabiendo lo que había pasado, no aplicaron medidas contra los responsables.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
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