Inicio
Quiénes somos +
Más cerca que nunca
En qué estamos +
Actuá +
Contactanos
MÉXICO | Autoridades no deben criminalizar a personas defensoras del terriorio en Cuetzalan
Posteado: 2018-07-09
imagen
La Procuraduría General de la República (PGR) no debe procesar a las siete personas defensoras de derechos humanos que están bajo investigación por el delito de “oposición a la ejecución de obras públicas” en el pueblo de Cuetzalan, a menos de que haya pruebas contundentes en su contra, dijo Amnistía Internacional.

“Es crucial que la PGR asegure que la investigación no se base en evidencias sin fundamento o no confiables, originadas en represalia por su labor en defensa de los derechos humanos; y que garantice su derecho a un juicio justo que cumpla con estándares internacionales,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Es fundamental que las autoridades mexicanas no usen indebidamente el sistema penal para hostigar y silenciar a personas defensoras de derechos humanos y obstaculizar así su trabajo legítimo en defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente.”

La PGR ha iniciado una investigación penal en contra de ocho integrantes de la Unión de Cooperativas Tosepan (TOSEPAN), el Comité de Ordenamiento Territorial integral de Cuetzalan (COTIC) y el Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) debido a una denuncia interpuesta por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La denuncia está basada en el hecho de que la Asamblea de Pueblos Maseual Tutunaku y Mestizo instaló un campamento de protesta pacífica en un terreno privado al lado a donde la CFE pretendía construir una subestación eléctrica y línea de alta tensión en Cuetzalan, en el estado de Puebla, desde noviembre de 2016 hasta octubre de 2017.

El Pueblo Maseual considera que la obra se estaba realizando sin su consentimiento y sin antes haber realizado una consulta libre, previa e informada con los Pueblos Indígenas. La CFE interpuso la denuncia que ha generado una investigación por el delito de oposición a que se ejecute alguna obra o trabajos públicos.

El defensor medioambiental Manuel Gaspar Rodríguez, uno de los ocho acusados, fue asesinado en Cuetzalan el 14 de mayo, en un contexto donde las personas defensoras se enfrentan a campañas de estigmatización y desprestigio. Las autoridades mexicanas están investigando su muerte.

“Estos hechos evidencian una vez más que cuando las personas defensoras de derechos humanos en México alzan la voz en contra de obras que afectan directamente sus derechos y su territorio, se enfrentan a campañas en su contra para acusarles de ser desestabilizadores del desarrollo. Es inaceptable que, en vez de protegerles, las autoridades les criminalicen con el fin de disuadir el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de manifestación pacífica,” dijo Erika Guevara Rosas.

Amnistía Internacional hace un llamado a la CFE a reconsiderar el uso del sistema de justicia penal en este caso y valorar su resolución por una vía alterna. Es fundamental que la CFE, como toda empresa, implemente procesos adecuados de debida diligencia para garantizar el respeto de los derechos humanos – incluyendo el derecho a la consulta libre, previa e informada – de las personas y comunidades afectadas por sus actividades o por las de sus filiales, subcontratistas o proveedores.

La organización urge a autoridades mexicanas a adoptar inmediatamente medidas de protección efectivas y coordinadas para garantizar la seguridad e integridad de quienes integran la TOSEPAN, el COTIC y el MIOCUP, de acuerdo a sus propios deseos para que puedan seguir realizando su labor de defensa de derechos humanos sin temor a sufrir represalias.
Información complementaria
Distintas comunidades indígenas y campesinas han reportado a Amnistía Internacional violaciones a derechos humanos en razón de la planeación e implementación de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios, en particular la falta de consulta y consentimiento previo, libre e informado. A consecuencia de ello, los miembros de las comunidades reclaman su derecho a participar en la toma de decisión de los proyectos que afectan su territorio y modo de vida.

El Estado mexicano está obligado bajo el derecho internacional de los derechos humanos a realizar una consulta y adquirir el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas previo a la concesión de permisos de exploración y explotación de los recursos naturales y territorios.

Amnistía Internacional ha lanzado una plataforma que documenta estos y otros ataques contra personas defensoras de derechos humanos relacionados a la tierra, el territorio y el medio ambiente en México y América Latina: speakout4defenders.com
FILTROS
COVID-19
X
EXIGE JUSTICIA PARA GUSTAVO GATICA
EXIGE JUSTICIA PARA FABIOLA CAMPILLAI
#FirmáXChile #INVESTIGUENMANDOS
#FirmáXChile #INVESTIGUENMANDOS
Gustavo Gatica, un joven estudiante de psicología que participaba en las manifestaciones del estallido social en Chile, quedó ciego por el impacto de balines que coinciden con los disparados por personal de Carabineros. Dicha munición fue utilizada de forma indiscriminada y desmedida en innumerables ocasiones durante las protestas, violando las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de la autoridad y dejando a cientos de personas con lesiones oculares.
Fabiola Campillai, de 36 años, madre de tres hijas/os, bombera, jugadora de fútbol y activa en labores comunitarias. El martes 26 de noviembre mientras se dirigía al trabajo recibió el impacto de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros en su rostro. Este ataque se llevó consigo su vista, el sentido del olfato y del gusto. Además, este brutal suceso le provocó múltiples fracturas craneoencefálicas que le han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Si bien la noche del 27 de agosto fue detenido un capitán de Carabineros como presunto responsable directo del ataque hacia Fabiola, la investigación no puede limitarse a quien disparó, sino que deben investigarse también a las personas que vieron lo sucedido, sin hacer nada para evitarlo ni para prestar auxilio, y también a los mandos que, sabiendo lo que había pasado, no aplicaron medidas contra los responsables.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
X
COMPARTIR EN FACEBOOK
COMPARTIR EN TWITTER
X
Completa los siguientes campos para entrar en contacto con nosotros:
Nombre
Email
Telefono (opcional)
Mensaje
CONTACTANOS