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PEDIR REFUGIO EN URUGUAY
Posteado: 2019-06-20
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Una persona refugiada es una persona que se ve obligada a abandonar su hogar porque las situaciones de violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo, los conflictos internos, la persecución política, la violación masiva de los Derechos Humanos ponen en riesgo su vida y la de su familia. 

Las personas refugiadas no sólo cargan con el trauma de la persecución y la violencia que las obliga a huir, sino que deben lidiar con el sentimiento de desarraigo de su lugar de origen y, en muchas ocasiones, con actos de discriminación y racismo por parte de las comunidades a las que piden refugio. 

La ley de Refugio 

La Ley de Refugio uruguaya es elogiada internacionalmente por la amplia protección que proporciona a las personas refugiadas para evitar que sean devueltas a las situaciones de las que huyen. A diferencia de otros países Uruguay, incluye una definición de refugio que extiende la protección, por ejemplo a las personas perseguidas por pertenecer a determinado grupo étnico o por motivos de género. Esta Ley además incluye expresamente que todas las personas refugiadas y solicitantes de refugio cuentan con los mismos derechos que cualquier otro habitante de Uruguay. 

Si bien contamos con una la ley de refugio con estos aspectos positivos, el estado uruguayo no cuenta con un programa específico de atención a todas las personas que acoge como refugiadas para ayudarlas a lidiar con lo que han vivido y a construir una nueva vida en el país.

¿Cómo responde Uruguay frente a las solicitudes de refugio?

La Comisión de Refugiados (CORE) es quien gestiona las solicitudes de refugio en Uruguay. Los miembros de la CORE trabajan de forma honoraria y en paralelo con otras funciones públicas, y dependen del Ministerio de Relaciones Exteriores que es responsable, por ley, de darle apoyo material y recursos humanos. La realidad al día de hoy es que el apoyo que recibe la CORE es insuficiente para responder a una demanda que crece exponencialmente, lo que resulta en un enlentecimiento del proceso para acceder al refugio en Uruguay.

Si bien la Ley de Refugio establece que el plazo para responder a una solicitud es de noventa días, entre 2010 y 2016 la CORE tramitó cada año, en promedio, sólo el 20% de las solicitudes de refugio recibidas.

En 2018 Uruguay recibió 6780  solicitudes de refugio, más del doble que las realizadas en total durante el período 2010-2017. Frente a este incremento, el estado respondió con un plan de contingencia para acelerar la tramitación de solicitudes y regularizar a las personas, pero no ha logrado dar una respuesta satisfactoria a la problemática. 

Aunque las autoridades uruguayas han demostrado la voluntad política de solucionar caso a caso problemas emergentes de las personas refugiadas en Uruguay, es necesario que todas las personas refugiadas y solicitantes de refugio reciban sistemáticamente orientación, protección y asistencia acorde con las difíciles situaciones de las que huyen. Para cumplir con su compromiso de protección, el estado uruguayo debe destinar un presupuesto específico y crear un mecanismo institucional adecuado con el que aún no cuenta.


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#FirmáXChile #INVESTIGUENMANDOS
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Gustavo Gatica, un joven estudiante de psicología que participaba en las manifestaciones del estallido social en Chile, quedó ciego por el impacto de balines que coinciden con los disparados por personal de Carabineros. Dicha munición fue utilizada de forma indiscriminada y desmedida en innumerables ocasiones durante las protestas, violando las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de la autoridad y dejando a cientos de personas con lesiones oculares.
Fabiola Campillai, de 36 años, madre de tres hijas/os, bombera, jugadora de fútbol y activa en labores comunitarias. El martes 26 de noviembre mientras se dirigía al trabajo recibió el impacto de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros en su rostro. Este ataque se llevó consigo su vista, el sentido del olfato y del gusto. Además, este brutal suceso le provocó múltiples fracturas craneoencefálicas que le han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Si bien la noche del 27 de agosto fue detenido un capitán de Carabineros como presunto responsable directo del ataque hacia Fabiola, la investigación no puede limitarse a quien disparó, sino que deben investigarse también a las personas que vieron lo sucedido, sin hacer nada para evitarlo ni para prestar auxilio, y también a los mandos que, sabiendo lo que había pasado, no aplicaron medidas contra los responsables.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
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