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MÉXICO | Hombre fallecido durante operación policial evidencia empeoramiento del trato a personas migrantes
Posteado: 2019-08-02

La muerte de un hombre centroamericano que viajaba con su hija durante una operación policial en Saltillo es una alarmante señal del enfoque cada vez más hostil de México hacia las personas migrantes y solicitantes de asilo, manifestó este jueves Amnistía Internacional.

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"Las autoridades mexicanas deben tratar a las personas migrantes y sus familias con humanidad, no perseguirlos o dispararles", ha manifestado Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El 31 de julio, aproximadamente diez migrantes abandonaron la "Casa del Migrante Saltillo" en el estado norteño de Coahuila para dirigirse a las vías férreas cercanas por donde pasan trenes de carga que van camino a los Estados Unidos. Según una declaración del personal del albergue, había mujeres, niños y bebés entre el grupo.

Durante la noche, agentes policiacos del Estado de Coahuila abrieron fuego y mataron a un hombre centroamericano cerca a su hija de ocho años. La información pública basada en las declaraciones de los testigos señala el hecho de que agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración también podrían haber participado en el incidente, aunque las autoridades federales lo negaron.

Las autoridades estatales informaron a la prensa que un hombre del grupo llevaba un arma y que por su parte, oficiales "repelieron” una agresión". Sin embargo, para entrar al albergue de migrantes de Saltillo, las personas son rigurosamente revisados en busca de armas, drogas o teléfonos celulares, y tienen que cumplir con estrictas reglas de disciplina.

Cualquier muerte a manos de las autoridades debe ser investigada de acuerdo con el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), un conjunto de directrices internacionales para la investigación de muertes en las que se sospecha la responsabilidad del Estado. De acuerdo con los Principios de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, el uso de la fuerza letal sólo es legal en respuesta a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Debe ser un último recurso, cuando no se disponga de ninguna otra medida alternativa.

"Las autoridades estatales de Coahuila, así como las autoridades federales de seguridad y migración de México, tienen serias preguntas que responder sobre un hombre muerto a disparos cerca de su hija, si no pueden probar que el oficial de policía estaba reaccionando ante una amenaza inminente de muerte o lesiones graves", dijo Erika Guevara-Rosas.

"Las autoridades deben llevar a cabo una investigación inmediata, independiente e imparcial de este terrible incidente y llevar a toda persona sospechosa de haber cometido un delito ante la justicia en un juicio justo".

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#FirmáXChile #INVESTIGUENMANDOS
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Gustavo Gatica, un joven estudiante de psicología que participaba en las manifestaciones del estallido social en Chile, quedó ciego por el impacto de balines que coinciden con los disparados por personal de Carabineros. Dicha munición fue utilizada de forma indiscriminada y desmedida en innumerables ocasiones durante las protestas, violando las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de la autoridad y dejando a cientos de personas con lesiones oculares.
Fabiola Campillai, de 36 años, madre de tres hijas/os, bombera, jugadora de fútbol y activa en labores comunitarias. El martes 26 de noviembre mientras se dirigía al trabajo recibió el impacto de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros en su rostro. Este ataque se llevó consigo su vista, el sentido del olfato y del gusto. Además, este brutal suceso le provocó múltiples fracturas craneoencefálicas que le han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Si bien la noche del 27 de agosto fue detenido un capitán de Carabineros como presunto responsable directo del ataque hacia Fabiola, la investigación no puede limitarse a quien disparó, sino que deben investigarse también a las personas que vieron lo sucedido, sin hacer nada para evitarlo ni para prestar auxilio, y también a los mandos que, sabiendo lo que había pasado, no aplicaron medidas contra los responsables.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
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