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México | Cinco cosas de la nueva Ley del Uso de la Fuerza que deben cambiar
Posteado: 2019-10-11
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De Diana Sanchez, Mexico campaigner at Amnesty International

La nueva Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza indica cómo y cuándo las fuerzas de la seguridad en México pueden hacer uso de la fuerza, pero ¿cuáles son sus implicaciones para los derechos humanos?

Aunque estas autoridades tienen el poder exclusivo de utilizar la fuerza en ciertas situaciones para hacer su trabajo, esta ley, que fue aprobada en mayo, tiene varios problemas que ponen en riesgo la seguridad de todas las personas en México:  

1. El uso de la fuerza letal no está limitado

La ley no aclara que las fuerzas de seguridad solo pueden quitarle la vida a alguien si esa persona está a punto de quitarle la vida a otra u otras personas.

2. La ley permite muchos tipos de armas sin especificar cómo y cuándo se pueden usar

La Ley no prohíbe el uso de bastones y cinturones de electricidad. Estas armas no ayudan a hacer cumplir la ley, solo causan dolor y podrían usarse fácilmente para la tortura y el maltrato. Este tipo de armas deberían estar prohibidas siempre. 

Por otro lado, hay armas que, aunque podrían ser utilizadas de manera legítima en algunas situaciones, pueden lastimar a muchas personas a la vez, como mangueras de agua a presión y explosivos. La ley no pone límites de cómo y cuándo está permitido usar estas armas y esto puede poner en riesgo a cualquiera que esté cerca de la zona en la que se utilicen.

3. La ley no exige usar la fuerza mínima

Una autoridad puede usar distintos niveles de fuerza para poder resolver una misma situación. La ley no indica que las autoridades deben hacer todo lo posible para evitar usar la fuerza y, si eso no es posible, para usar la menor fuerza necesaria para hacer cumplir la ley.

4. La ley no habla de protección a terceras personas

En una situación de riesgo, cualquier persona puede resultar afectada por el uso de la fuerza de las autoridades, pues la ley no ordena que las autoridades protejan a las personas que no representan un riesgo o amenaza. 

5. La ley pone en riesgo las manifestaciones pacíficas

La ley dice que no se hará uso de la fuerza si la manifestación es con fines legítimos. Sin embargo, no importa cuál sea la razón de la manifestación, las autoridades no deben usar la fuerza para acallarla. Esto pondría en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión pacífica. Solo se puede usar la fuerza contra quienes recurran a la violencia o pongan en peligro a otras personas. En estos casos, solo se debe usar la fuerza necesaria para lograr control de la situación.

La ley tiene que ser precisa para que las autoridades tengan claro cómo deben actuar en cada caso específico. México necesita mejores leyes para tener un país más seguro.


 
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#FirmáXChile #INVESTIGUENMANDOS
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Gustavo Gatica, un joven estudiante de psicología que participaba en las manifestaciones del estallido social en Chile, quedó ciego por el impacto de balines que coinciden con los disparados por personal de Carabineros. Dicha munición fue utilizada de forma indiscriminada y desmedida en innumerables ocasiones durante las protestas, violando las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de la autoridad y dejando a cientos de personas con lesiones oculares.
Fabiola Campillai, de 36 años, madre de tres hijas/os, bombera, jugadora de fútbol y activa en labores comunitarias. El martes 26 de noviembre mientras se dirigía al trabajo recibió el impacto de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros en su rostro. Este ataque se llevó consigo su vista, el sentido del olfato y del gusto. Además, este brutal suceso le provocó múltiples fracturas craneoencefálicas que le han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Si bien la noche del 27 de agosto fue detenido un capitán de Carabineros como presunto responsable directo del ataque hacia Fabiola, la investigación no puede limitarse a quien disparó, sino que deben investigarse también a las personas que vieron lo sucedido, sin hacer nada para evitarlo ni para prestar auxilio, y también a los mandos que, sabiendo lo que había pasado, no aplicaron medidas contra los responsables.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
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