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Colombia | Defensora de los derechos humanos en peligro
Posteado: 2019-11-05
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El 2 de octubre, sus vecinos informaron a Luz Marina Arteaga, defensora de los derechos de comunidades rurales en el departamento del Meta, en el centro de Colombia, de que su casa estaba siendo sometida a vigilancia constante por parte de unos desconocidos. Luz Marina se vio obligada a abandonar su casa hace siete meses a causa de una amenaza de muerte recibida del grupo paramilitar “Los Rastrojos”. El 20 de abril de 2019, Luz Marina solicitó protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero todavía no la ha recibido. Le gustaría regresar a su casa, pero teme por su vida debido a los recientes sucesos. Instamos a la UNP a proporcionar medidas de protección a Luz Marina y a garantizar su seguridad si regresa a su casa.

Luz Marina Arteaga forma parte de la Asociación de campesinos e indígenas sin tierra, víctimas del conflicto de la inspección El Porvenir y Matarratón del municipio de Puerto Gaitán (ASOCAMEI).

A finales de la década de 1980, los habitantes de estas comunidades fueron amenazados por grupos armados y tuvieron que abandonar sus tierras. A continuación, su tierra fue vendida ilegalmente y tomada por grupos armados. Luz Marina defiende el derecho de la población campesina desplazada a recuperar sus tierras, de acuerdo con la sentencia SU426-16 de la Corte Constitucional, que ordena a la Agencia Nacional de Tierras de Colombia que asigne las tierras a sus “ocupantes históricos”.

Luz Marina Arteaga es la portavoz para el proceso de restitución de tierras en “Matarratón” y “El Porvenir”. A causa de su trabajo ha recibido amenazas de grupos armados que quieren la tierra para ellos. El 16 de abril de 2019, Luz Marina recibió una llamada del presunto comandante del grupo paramilitar “Los Rastrojos”. Según contó Luz Marina a Amnistía Internacional, el mensaje fue el siguiente: “[...] tienen que irse de la vereda o si no, los matamos [...] ya le sabemos las entradas y las salidas [al pueblo]”. Los vecinos dijeron a la defensora que, el 2 de octubre, dos desconocidos vigilaron la casa de Luz Marina y, días después, tres desconocidos preguntaron en el pueblo por su paradero.

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#FirmáXChile #INVESTIGUENMANDOS
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Gustavo Gatica, un joven estudiante de psicología que participaba en las manifestaciones del estallido social en Chile, quedó ciego por el impacto de balines que coinciden con los disparados por personal de Carabineros. Dicha munición fue utilizada de forma indiscriminada y desmedida en innumerables ocasiones durante las protestas, violando las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de la autoridad y dejando a cientos de personas con lesiones oculares.
Fabiola Campillai, de 36 años, madre de tres hijas/os, bombera, jugadora de fútbol y activa en labores comunitarias. El martes 26 de noviembre mientras se dirigía al trabajo recibió el impacto de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros en su rostro. Este ataque se llevó consigo su vista, el sentido del olfato y del gusto. Además, este brutal suceso le provocó múltiples fracturas craneoencefálicas que le han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Si bien la noche del 27 de agosto fue detenido un capitán de Carabineros como presunto responsable directo del ataque hacia Fabiola, la investigación no puede limitarse a quien disparó, sino que deben investigarse también a las personas que vieron lo sucedido, sin hacer nada para evitarlo ni para prestar auxilio, y también a los mandos que, sabiendo lo que había pasado, no aplicaron medidas contra los responsables.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
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