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COLOMBIA | Defensorxs desprotegidxs
Posteado: 2018-05-18
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Las autoridades colombianas deben tomar medidas urgentes para proteger a lxs defensorxs de los derechos humanos y emprender una investigación expedita, exhaustiva y efectiva sobre los recientes homicidios de líderes comunitarios que se oponían a un proyecto hidroeléctrico en la región de Antioquia de Colombia, ha manifestado Amnistía Internacional.

“Las autoridades colombianas deben tomar de inmediato medidas efectivas para poner fin a la oleada incesante de amenazas y ataques, que se ha cobrado la vida de más de 170 defensores y defensoras de los derechos humanos desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016”, ha señalado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

“Quienes arriesgan la vida para defender el medio ambiente, el territorio y el acceso a la tierra tienen especial necesidad de protección. No puede permitirse que estos devastadores esfuerzos por silenciar a personas valientes que salen en defensa de sus comunidades continúen.”

El 8 de mayo, atacantes no identificados mataron a Luis Alberto Torres Montoya y a su hermano Duvián Andrés Correa Sánchez cuando trabajaban en el campo, en la zona conocida como El Pescadero. Luis era un activo líder comunitario y miembro de la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia. Seis días después, unos atacantes no identificados mataron a otro líder comunitario, Hugo Albeiro George Pérez, en Puerto Valdivia.

Luis y Hugo formaban parte del movimiento Antioquia Ríos Vivos, que se ha opuesto públicamente a la construcción de la presa hidroeléctrica de Hidroituango debido a los daños ambientales que ha causado en la zona. Los dos habían pedido que se indemnizara a las familias locales cuyas tierras y actividades agrícolas se han visto afectadas negativamente por el proyecto.

“Las autoridades deben llevar a cabo con prontitud una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre los homicidios de Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres Montoya, teniendo en cuenta su labor de defensa de los derechos de las personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Deben aplicar de inmediato medidas efectivas para abordar las causas estructurales que subyacen a las amenazas, homicidios y ataques a que se enfrentan las y los líderes de la comunidad que se oponen a este proyecto.”

El año pasado fue el de mayor número anual de muertes de defensorxs de los derechos humanos que se registra en Colombia, con 121 homicidios, más del doble de los registrados en 2016.

El 8 de mayo, Amnistía Internacional reemprendió su campaña PazDesprotegida para instar a las autoridades colombianas a proteger a lxs defensorxs de los derechos humanos y sensibilizar sobre los peligros que estas personas arrostran.
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EXIGE JUSTICIA PARA GUSTAVO GATICA
EXIGE JUSTICIA PARA FABIOLA CAMPILLAI
#FirmáXChile #INVESTIGUENMANDOS
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Gustavo Gatica, un joven estudiante de psicología que participaba en las manifestaciones del estallido social en Chile, quedó ciego por el impacto de balines que coinciden con los disparados por personal de Carabineros. Dicha munición fue utilizada de forma indiscriminada y desmedida en innumerables ocasiones durante las protestas, violando las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de la autoridad y dejando a cientos de personas con lesiones oculares.
Fabiola Campillai, de 36 años, madre de tres hijas/os, bombera, jugadora de fútbol y activa en labores comunitarias. El martes 26 de noviembre mientras se dirigía al trabajo recibió el impacto de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros en su rostro. Este ataque se llevó consigo su vista, el sentido del olfato y del gusto. Además, este brutal suceso le provocó múltiples fracturas craneoencefálicas que le han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Si bien la noche del 27 de agosto fue detenido un capitán de Carabineros como presunto responsable directo del ataque hacia Fabiola, la investigación no puede limitarse a quien disparó, sino que deben investigarse también a las personas que vieron lo sucedido, sin hacer nada para evitarlo ni para prestar auxilio, y también a los mandos que, sabiendo lo que había pasado, no aplicaron medidas contra los responsables.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
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