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Global| El personal sanitario, silenciado, expuesto y atacado
Posteado: 2020-07-13
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“Los gobiernos deben rendir cuentas por las muertes del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales a los que no protegieron de la COVID-19”, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de un nuevo informe que documenta las experiencias de profesionales de la salud de todo el mundo. El análisis que ha realizado la organización de los datos disponibles ha revelado que más de 3.000 profesionales de la salud han muerto por la COVID-19 en todo el mundo, cifra probablemente muy inferior a la real.

Resulta alarmante que Amnistía Internacional haya documentado casos en los que profesionales de la salud que denunciaron problemas de seguridad en el contexto de la respuesta a la COVID-19 sufrieron represalias: desde el arresto y la detención hasta amenazas y despidos.

“Cuando la pandemia de COVID-19 aún se está acelerando en el mundo, instamos a los gobiernos a que empiecen a tomarse en serio las vidas del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales. Los países que aún no han vivido lo peor de la pandemia no deben repetir los errores de gobiernos cuya falta de medidas para proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras ha tenido consecuencias desastrosas”, ha afirmado Sanhita Ambast, investigadora y asesora sobre derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional.

“Es especialmente preocupante ver que algunos gobiernos castigan a quienes expresan su preocupación por unas condiciones laborales que podrían poner en peligro sus vidas. Los trabajadores y trabajadoras de la salud que están en primera línea son los primeros en saber si la política del gobierno no funciona, y las autoridades que los silencian no pueden decir en serio que están dando prioridad a la salud pública”.

Miles de profesionales han perdido la vida

No existe actualmente ningún seguimiento sistemático global del número de trabajadores y trabajadoras de la salud y esenciales que han fallecido tras contraer la COVID-19.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha recopilado y analizado toda una serie de datos disponibles que muestran que han muerto más de 3.000 trabajadores y trabajadoras de la salud tras haber contraído la COVID-19 en 79 países del mundo.

Según el seguimiento de Amnistía Internacional, los países con mayor número de muertes de personal sanitario hasta ahora son Estados Unidos (507), Rusia (545), Reino Unido (540, incluidos 262 asistentes sociales), Brasil (351), México (248), Italia (188), Egipto (111), Irán (91), Ecuador (82) y España (63).

Es probable que esta cifra sea significativamente superior, al no comunicarse todos los casos, y además es difícil hacer comparaciones exactas entre países por las diferencias en la forma de contabilizarlos. Por ejemplo, Francia ha recogido datos únicamente de algunos hospitales y centros de salud, mientras que las cifras de profesionales de la salud fallecidos que han facilitado las asociaciones de sanitarios en Egipto y Rusia han sido cuestionadas por sus gobiernos.

Escasez de equipos de protección que salvan vidas

El personal sanitario denunció una grave escasez de equipos de protección individual (EPI) en casi la totalidad de los 63 países y territorios que estudió Amnistía Internacional.

Entre ellos figuran países que todavía no han vivido lo peor de la pandemia, como India y Brasil, y varios países de África. Un médico que trabajaba en Ciudad de México dijo a Amnistía Internacional que los profesionales de la medicina dedicaban alrededor del 12% de su salario mensual a comprar de su bolsillo equipos de protección individual.

Además de la escasez de suministros global, las restricciones comerciales podrían haber agravado el problema. En junio de 2020, 56 países y dos bloques comerciales (la Unión Europea y la Unión Económica Euroasiática) habían implantado medidas para prohibir o restringir la exportación de estos equipos, de algunos de ellos o de sus componentes.

“Si bien los Estados deben garantizar que hay suficientes EPI para quienes trabajan dentro de su territorio, las restricciones comerciales podrían agravar la escasez en países que dependen de las importaciones”, ha señalado Sanhita Ambast.

“La pandemia de COVID-19 es un problema global que exige una cooperación global”.

Represalias

En al menos 31 de los países que ha analizado Amnistía Internacional, el equipo de investigación registró informes de huelgas, amenazas de huelgas o protestas del personal sanitario y de trabajadores y trabajadoras esenciales a causa de condiciones laborales peligrosas. En muchos países, las autoridades respondieron a estas acciones con represalias.

En Egipto, por ejemplo, Amnistía documentó los casos de nueve trabajadores y trabajadoras de la salud que fueron detenidos arbitrariamente entre marzo y junio por cargos imprecisos y excesivamente amplios de “difusión de noticias falsas” y “terrorismo”. Todas las personas detenidas habían expresado preocupación por problemas de seguridad o habían criticado la gestión de la pandemia por el gobierno.

Otro médico egipcio dijo a Amnistía Internacional que los profesionales de la medicina que protestan reciben amenazas y son sometidos a interrogatorios de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), interrogatorios administrativos y sanciones. Dijo:

“Muchos [médicos y médicas] prefieren pagar de su bolsillo el equipo de protección individual para evitar este agotador tira y afloja. [Las autoridades] están obligando al personal médico a elegir entre la muerte y la cárcel”.

En algunos casos, se ha respondido a huelgas y protestas con dureza.

En Malasia, por ejemplo, la policía dispersó un piquete pacífico que protestaba contra la empresa de servicios de limpieza de un hospital. Las quejas de quienes se manifestaban giraban en torno a lo que calificaban de trato injusto a los miembros del sindicato por parte de la empresa, así como a la falta de protección suficiente para el personal de limpieza. La policía arrestó, detuvo y presentó cargos contra cinco de los miembros del personal sanitario que protestaban por “reunión no autorizada”, violando sus derechos a la libertad de asociación y reunión.

“El personal sanitario y los trabajadores y trabajadoras esenciales tienen derecho a alzar la voz contra un trato injusto”, ha declarado Sanhita Ambast.

“El personal sanitario puede ayudar a los gobiernos a mejorar su respuesta a la pandemia y mantener a salvo a toda la población, pero no puede hacerlo si está en prisión, o si tiene miedo de protestar”.

También ha habido informes en varios países sobre personal sanitario y trabajadores y trabajadoras esenciales despedidos o sometidos a medidas disciplinarias por hablar de sus problemas.

En Estados Unidos, por ejemplo, la asistente de enfermería certificada Tainika Somerville fue despedida después de publicar un vídeo en Facebook donde leía una petición en la que reclamaba más EPI. Tainika dice que no se informó al personal de la residencia de Illinois donde trabaja de que estaban trabajando con pacientes de COVID-19, y que lo descubrieron a través de los medios de comunicación. A fecha 29 de mayo, la residencia había informado de 34 infecciones y 15 fallecimientos relacionados con la COVID-19.

En Rusia, Amnistía Internacional destaca los casos de dos médicas, Yulia Volkova y Tatyana Reva, que podrían ser represaliadas por quejarse de la falta de EPI. Yulia Volkova ha sido acusada en aplicación de las leyes rusas sobre noticias falsas y podría ser condenada al pago de una multa de hasta 100.000 rublos (1.443 dólares estadounidenses), mientras que Tatyana Reva es objeto de unas actuaciones disciplinarias que podrían culminar en su despido.

Salario injusto y ausencia de prestaciones

Además de trabajar en unas condiciones laborales peligrosas, Amnistía Internacional ha documentado que algunos trabajadores y trabajadoras de la salud y esenciales reciben un salario injusto y, en algunos casos, su labor no es remunerada.

En Sudán del Sur, por ejemplo, los profesionales médicos contratados por el gobierno llevan sin cobrar su salario desde febrero y no tienen prestaciones sociales ni cobertura médica. En Guatemala, el personal de al menos 46 centros no recibió su salario durante los dos meses y medio que trabajó en un hospital dedicado a pacientes de COVID-19.

En algunos países no hay prestaciones adicionales para el personal sanitario y los trabajadores y trabajadoras esenciales en el contexto de la pandemia de COVID-19 y, en otros, las prestaciones excluyen a ciertas categorías profesionales.

Amnistía Internacional pide a los Estados que consideren la COVID-19 enfermedad profesional.

En este contexto, deberán garantizar que el personal sanitario y los trabajadores y trabajadoras esenciales tienen acceso a una compensación y a otras ayudas en el caso de que contraigan la infección. También deben ser incluidos en los grupos prioritarios para la realización de pruebas de COVID-19.

Estigma y violencia

Amnistía Internacional documentó varios casos en los que personal sanitario y trabajadores y trabajadoras esenciales experimentaron estigma y violencia debido a su trabajo. Por ejemplo, según informes, en México arrojaron cloro a una enfermera cuando iba por la calle, y en Filipinas lanzaron lejía a la cara de un trabajador de un hospital.

Estos incidentes indican la existencia de un clima de desinformación y estigma, y subrayan la importancia de que los gobiernos faciliten información precisa y accesible sobre la propagación de la COVID-19.

En Pakistán, Amnistía Internacional ha tenido constancia de varios casos de violencia contra personal sanitario desde abril: hospitales destrozados, agresiones a profesionales médicos e incluso un miembro de la Fuerza Antiterrorista que disparó a un médico.

Ha habido varias declaraciones de ministros en Pakistán en las que afirman que los hospitales cuentan con los recursos necesarios a pesar de que algunos informes indican que los centros se han visto obligados a no admitir incluso a pacientes en estado crítico debido a la falta de camas, respiradores y otros equipos vitales. Esto pone en peligro a los trabajadores y trabajadoras de la salud, pues la gente no les cree cuando dicen que no tienen sitio para más pacientes.

Recomendaciones

“Pedimos a todos los Estados afectados por la COVID-19 que hagan un examen público e independiente de su preparación para la pandemia y sus respuestas a ésta con el fin de proteger mejor los derechos humanos y las vidas en el caso de que se produzca un brote masivo de la enfermedad en el futuro”, ha concluido Sanhita Ambast.

Este examen debería incluir si se han protegido adecuadamente los derechos del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales, incluidos los relativos a unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias y a la libertad de expresión.

Los Estados deben garantizar una compensación adecuada a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud y esenciales que hayan contraído la COVID-19 como consecuencia de su actividad laboral. También deben investigar los casos de trabajadores y trabajadoras que hayan sufrido represalias por exponer inquietudes sobre salud y seguridad, y proporcionar un recurso efectivo a quienes hayan recibido un trato injusto, incluida la readmisión de quienes hayan perdido su trabajo por protestar.

Información complementaria

A los efectos de este informe, pertenece al “personal sanitario” toda persona que intervenga en la prestación de servicios de salud y asistencia social sea cual sea su cometido, incluidos, entre otros, los y las profesionales de la medicina, de la enfermería, de la asistencia social, y de la limpieza; los conductores y conductoras de ambulancias y el personal de los centros. Aunque el informe está dedicado en su mayor parte al personal sanitario, dada la información disponible, las mismas cuestiones se aplican a un abanico más amplio de “trabajadores y trabajadoras esenciales” que están expuestos a la COVID-19 en diversos empleos en primera línea durante la pandemia.

 

Todas las cifras son correctas a 6 de julio de 2020.

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