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Reino Unido | la falta de acceso a la vista de extradición de Assange menoscaba el principio de publicidad de actos judiciales
Posteado: 2020-09-17
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Amnistía Internacional considera motivo de honda preocupación la falta de acceso de la organización a la vista de extradición de Julian Assange, que comenzó el 7 de septiembre en el Tribunal Penal Central (Old Bailey) de Londres, ya que menoscaba el reconocimiento los observadores de juicios como custodios de las normas internacionales sobre juicios justos.

La organización presentó tres solicitudes distintas para pedir el acceso a la sede del Tribunal para asistir a la vista. Todas las solicitudes fueron rechazadas, lo que indica el abandono por parte de las autoridades de Reino Unido del principio de publicidad de los actos judiciales. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Estados Unidos que retiren todos los cargos formulados contra Julian Assange por sus actividades de publicación, y a las autoridades de Reino Unido que no envíen a Assange a Estados Unidos ni a ningún otro país donde pueda estar expuesto a graves violaciones de derechos humanos.

En el marco de su trabajo de investigación, incidencia y campaña en el caso de Assange, Amnistía está comprometida a hacer el seguimiento de la vista de extradición de Reino Unido mediante el envío de observadores de juicios internacionales expertos con el fin de observar y documentar los procedimientos. El 17 de agosto, Amnistía escribió al ministro de Justicia de Reino Unido, Robert Buckland, para solicitar una acreditación formal y una plaza asignada en la sala del tribunal para que un observador hiciera el seguimiento de los procedimientos en la causa de Assange, cuyo comienzo estaba previsto para el 7 de septiembre. La solicitud se basaba en la experiencia previa: durante la primera fase de la vista de extradición de Julian Assange, en febrero de 2020, un observador de juicios de Amnistía estuvo sentado en la sala durante la mayor parte de la vista.
Esta persona fue la única representante de una organización internacional de derechos humanos que estuvo presente en la sala e informó sobre los procedimientos. Un miembro del personal del Servicio de Juzgados y Tribunales de la Corona se puso en contacto con Amnistía el 1 de septiembre para comunicar que se había denegado el acceso para la vista de septiembre, pero se permitiría el acceso remoto.
Cuando nuestro observador intentó conectarse para seguir la vista en la mañana del 7 de septiembre, no pudo acceder al enlace para trabajar. Al preguntar al Tribunal, se le informó por correo electrónico de que su acceso remoto había sido revocado. En la denegación del acceso remoto para Amnistía y aproximadamente otros 40 grupos/individuos, la jueza afirmó que quería tener el control sobre la sala y señaló que desde el inicio de la vista en febrero una imagen de Julian Assange sentado en el Tribunal había circulado en Internet, lo cual violaba las normas del tribunal.
Llegados a ese punto, la única vía para que Amnistía observase el juicio era que nuestro observador se pusiera en la fila para tratar de acceder a las aproximadamente dos plazas en la tribuna del público de una sala desbordada en las sede del Tribunal, donde un número limitado de profesionales de la información y observadores políticos seguían la retransmisión de los procedimientos. En opinión de Amnistía, esas plazas están reservadas para el público en general, y las organizaciones que hacen el seguimiento de juicios no deben competir con miembros de la comunidad por las escasas plazas disponibles en la tribuna del público.
Además, el acceso a la tribuna del público es por orden de llegada de las personas que están en la fila por la mañana. El seguimiento de juicios exige el acceso constante y garantizado al tribunal con el fin de informar de forma pormenorizada de los procedimientos de principio a fin; esa constancia y ese acceso garantizado a una plaza no están asegurados cuando se intenta conseguir una plaza en la tribuna del público en el tribunal. 

Además, en la tribuna del público no está permitido el uso de dispositivos ni de útiles de escritura, lo que hace prácticamente imposible grabar/documentar con exactitud los procedimientos. El 7 de septiembre, Amnistía presentó una solicitud urgente a la jueza en la que pedía de nuevo que se permitiera la entrada de nuestro observador en la sala. Esta solicitud también fue rechazada al día siguiente. La vista fue aplazada a primera hora del 10 de septiembre debido a una amenaza de infección por COVID-19 y a la necesidad de hacer pruebas a las personas afectadas. Las pruebas dieron resultados negativos.

Cuando la vista se reanudó el 14 de septiembre, Amnistía presentó otra solicitud, en este caso estrictamente para acceder a la sala desbordada. Esa última solicitud fue rechazada el 16 de septiembre, y la jueza señaló que no adoptaría ninguna “disposición especial” para el observador de Amnistía.

Amnistía Internacional sigue comprometida con la supervisión de la vista de extradición de Julian Assange y seguirá defendiendo que su observador experto acceda a la sede del tribunal para observar lo que ocurre en el tribunal e informar de ello. Instamos a las autoridades de Reino Unido a reconocer el papel decisivo que los observadores de juicios desempeñan en el seguimiento de los procedimientos judiciales y, de ese modo, renovar su compromiso pleno con el principio de publicidad de los actos judiciales.

SEGUIMIENTO DEL CORRECTO PROCEDER DE LOS PROCESOS JUDICIALES COMO NORMA INTERNACIONAL

Amnistía Internacional lleva muchos años enviando observadores expertos a juicios en todo el mundo en los que están en juego principios importantes de derechos humanos. La aceptación de la presencia de observadores internacionales en los juicios (ya sean enviados por gobiernos extranjeros o por organizaciones no gubernamentales) se ha convertido ya en norma legal internacional. Se trata de una práctica muy arraigada y aceptada por la comunidad internacional, que está vinculada a las normas internacionales sobre juicios con las debidas garantías, incluido el derecho a una vista pública y al principio de publicidad en los actos judiciales. Nuestra evaluación de un juicio o procedimiento judicial pretende determinar es si la práctica en una causa concreta se ajusta a las leyes del país en que se celebra el juicio y si esas leyes y la práctica en esa causa cumplen las normas internacionales, consagradas en tratados en los que el Estado es parte y en otros instrumentos que no tienen la consideración de tratados.

-La supervisión de juicios por expertos internacionales logra tres objetivos importantes:

-Evaluar la imparcialidad de un juicio o procedimiento judicial proporcionando un registro imparcial e independiente de lo ocurrido.

-Promover las normas sobre juicios justos reconocidas internacionalmente avisando a quienes participan en el juicio, y en particular a jueces y fiscales, de que están sometidos a escrutinio.

-Identificar las reformas necesarias en los sistemas jurídicos del país.

La función del observador internacional de juicios es análoga pero distinta de la que desempeñan la prensa u otros medios de comunicación. Los observadores internacionales de juicios no sólo informan sobre los procedimientos judiciales, sino que también analizan los procedimientos para determinar si el Estado cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluido el derecho a un juicio con las debidas garantías. La presencia de observadores en los juicios indica a la presidencia del tribunal que expertos independientes e imparciales en áreas procesales y sustantivas del derecho internacional de los derechos humanos observan los procedimientos y harán rendir cuentas al Estado por las violaciones de las garantías procesales. 

La prensa ofrece información de interés público, haciendo efectivo de ese modo el derecho de la población a acceder a información sobre lo que hace su gobierno. Los observadores de juicios satisfacen el principio de publicidad de los actos judiciales al documentar los procedimientos judiciales con el fin de hacer rendir cuentas al Estado respecto del cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos. Los observadores internacionales de juicios son los ojos y los oídos independientes del mundo en lo relativo a las normas sobre juicios justos. Amnistía Internacional envía regularmente observadores a juicios en todo el mundo para observar y documentar los procedimientos.

Personas que nos representan han observado juicios y otros procedimientos judiciales en tribunales federales de Estados Unidos y en la base naval de la bahía de Guantánamo (Cuba), y en Bahréin, Honduras, Ecuador, Hungría, Israel, España, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, entre otros países. 

En su intento de obtener el acceso como observadores internacionales de juicios en los procedimientos que se siguen contra Assange, Amnistía Internacional se basa en diversos recursos acreditados, como el manual sobre seguimiento de juicios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en febrero de 2016, afirmó: “Al supervisar los procedimientos judiciales, reunir información sobre el enjuiciamiento de los defensores y analizar las prácticas jurídicas, los observadores de los juicios hacen patente su apoyo a los defensores y contribuyen, en un plano más general, al fortalecimiento de los sistemas judiciales”. 

Asimismo, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) afirma: “En su nivel más básico, el acto de supervisar un juicio es una expresión del derecho a un juicio público y aumenta la transparencia del proceso judicial. En casos concretos, la supervisión de juicios puede servir para mejorar la administración efectiva e imparcial de la justicia o para llamar la atención sobre graves deficiencias”.


 
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Gustavo Gatica, un joven estudiante de psicología que participaba en las manifestaciones del estallido social en Chile, quedó ciego por el impacto de balines que coinciden con los disparados por personal de Carabineros. Dicha munición fue utilizada de forma indiscriminada y desmedida en innumerables ocasiones durante las protestas, violando las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de la autoridad y dejando a cientos de personas con lesiones oculares.
Fabiola Campillai, de 36 años, madre de tres hijas/os, bombera, jugadora de fútbol y activa en labores comunitarias. El martes 26 de noviembre mientras se dirigía al trabajo recibió el impacto de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros en su rostro. Este ataque se llevó consigo su vista, el sentido del olfato y del gusto. Además, este brutal suceso le provocó múltiples fracturas craneoencefálicas que le han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Si bien la noche del 27 de agosto fue detenido un capitán de Carabineros como presunto responsable directo del ataque hacia Fabiola, la investigación no puede limitarse a quien disparó, sino que deben investigarse también a las personas que vieron lo sucedido, sin hacer nada para evitarlo ni para prestar auxilio, y también a los mandos que, sabiendo lo que había pasado, no aplicaron medidas contra los responsables.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
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