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Irlanda | Revisión de la legislación sobre el trabajo sexual: Amnistía pide una legislación que proteja, en vez de perjudicar, a quienes ejercen el trabajo sexual
Posteado: 2020-09-18
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Amnistía Internacional Irlanda ha enviado hoy información para la revisión —tres años después de su aprobación— de la Ley sobre Delitos Sexuales de 2017, que penaliza a quienes compran servicios sexuales.

En dicha información, la organización señala que, pese a que el objetivo declarado de la ley es proteger a las trabajadoras y los trabajadores sexuales, en realidad puede estar poniéndolos en peligro. Las pruebas internacionales demuestran, cada vez más, que la penalización de la compra de servicios sexuales expone a las trabajadoras y los trabajadores a mayor peligro de abusos y violaciones de derechos humanos a manos de los clientes, entre otros agentes. La información de Amnistía insta a analizar, en el contexto de la revisión de la ley, cómo ésta ha afectado a las personas que ejercen el trabajo sexual en Irlanda, incluidos hombres y personas transgénero y, en concreto, sus consecuencias para la población migrante que ejerce este trabajo.

“Una ley concebida para proteger a las trabajadoras y los trabajadores sexuales tiene que cumplir ese objetivo. Aunque la penalización de la compra de sexo pueda tener por objeto impedir que la policía persiga a quienes ejercen el trabajo sexual, la realidad es que, en la práctica, puede obligarlos a correr más riesgos aún”, ha declarado Colm O’Gorman, director ejecutivo de Amnistía Internacional Irlanda.
“Según un estudio reciente, en el que se analizaba la situación dos años antes y dos años después de la aprobación de la ley, las denuncias de delitos violentos presentadas por trabajadores y trabajadoras del sexo habían aumentado en un 92%. El año pasado, el Departamento de Justicia de Irlanda del Norte confirmó que una ley similar de ese territorio no sólo no había reducido la demanda, sino que había acentuado el estigma y los abusos contra los trabajadores y trabajadoras.”
“La revisión debe ir más allá de un mero análisis del delito de la compra de sexo. La ley de 2017 endureció las penas por el delito de ‘regentar un burdel’ en lugar de suprimirlo, pese a que éste ha sido utilizado contra trabajadores y trabajadoras que no hacían más que desempeñar su actividad juntos por motivos de seguridad. Tal como se preveía, estos ataques han continuado. Y por supuesto, es necesario dar a las personas que ejercen el trabajo sexual la oportunidad de hablar sobre su experiencia de la ley, y dejar reflejadas sus opiniones en el resultado final.”
“Además, resulta perniciosa la confusión de trabajo sexual consentido y trata o explotación, consideradas delitos en virtud de leyes anteriores. Nos sigue preocupando la ausencia de condenas por trata y de medidas efectivas para abordar ese terrible abuso. Cuando se revise la ley, hay que ver cuál es motivo de esa situación , y si la ley de 2017 está ayudando a prevenir la violencia y la explotación.”

También te interesará saber que

Amnistía Internacional utiliza los términos “trabajo sexual” y “trabajador o trabajadora sexual” para referirse a los intercambios consentidos entre personas adultas.

Con la reforma introducida en el apartado 7 de la Ley sobre Delitos Sexuales de 1993, la ley de 2017 pasó a penalizar a los compradores de servicios sexuales consentidos entre adultos.

En el apartado 27 de la ley de 2017, se establece que, a los tres años de su entrada en vigor, debe revisarse la aplicación de la sección 4 de la ley, recopilando información sobre el número de detenciones y sentencias condenatorias por los nuevos delitos, así como “un análisis del impacto de la aplicación de ese apartado sobre la seguridad y el bienestar de las personas que mantienen relaciones sexuales remuneradas”.

De conformidad con la Ley sobre Trata de Seres Humanos de 2008 y la reforma de 2013 de esa ley, es delito la trata de personas, adultas o menores, con fines de explotación sexual o laboral, entre otros.

De conformidad con el apartado 9 de la Ley sobre Delitos Sexuales de 1993, es delito “coaccionar a una persona para que se prostituya u obligarla a hacerlo”.


 


Ugly Mugs, “Crime has almost doubled in the two years since new law came in”, 26 de marzo de 2019

Comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Irlanda del Norte, “Report published on impact of sex purchase offence”, 18 de septiembre de 2019, el Departamento había encargado a la Universidad Queen’s de Belfast analizar el impacto de la ley.

Contacto con los medios de comunicación: Kate O’Sullivan, directora de Comunicaciones, Amnistía Internacional Irlanda. +353 (0)858148986


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Gustavo Gatica, un joven estudiante de psicología que participaba en las manifestaciones del estallido social en Chile, quedó ciego por el impacto de balines que coinciden con los disparados por personal de Carabineros. Dicha munición fue utilizada de forma indiscriminada y desmedida en innumerables ocasiones durante las protestas, violando las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de la autoridad y dejando a cientos de personas con lesiones oculares.
Fabiola Campillai, de 36 años, madre de tres hijas/os, bombera, jugadora de fútbol y activa en labores comunitarias. El martes 26 de noviembre mientras se dirigía al trabajo recibió el impacto de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros en su rostro. Este ataque se llevó consigo su vista, el sentido del olfato y del gusto. Además, este brutal suceso le provocó múltiples fracturas craneoencefálicas que le han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Si bien la noche del 27 de agosto fue detenido un capitán de Carabineros como presunto responsable directo del ataque hacia Fabiola, la investigación no puede limitarse a quien disparó, sino que deben investigarse también a las personas que vieron lo sucedido, sin hacer nada para evitarlo ni para prestar auxilio, y también a los mandos que, sabiendo lo que había pasado, no aplicaron medidas contra los responsables.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
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