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Uruguay | El Estado uruguayo debe garantizar condiciones de vida digna en los centros penitenciarios del país.
Posteado: 2021-09-22

El Estado uruguayo debe garantizar condiciones de vida digna en los centros penitenciarios del país.

Amnistía Internacional Uruguay expresa su profunda preocupación ante la grave situación de desnutrición y tortura a la que fue expuesta una persona privada de libertad en el módulo 11 de la Unidad 4 Santiago Vázquez.

Este caso, denunciado por la prensa en los medios de comunicación y por la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario ante la justicia, expone las graves consecuencias que tiene la alta prisionización y sobrepoblación en el proceso de rehabilitación de las personas privadas de libertad en Uruguay, situación que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por Amnistía Internacional Uruguay.

Uruguay, en tanto Estado parte de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y su Protocolo Facultativo, debe garantizar a las personas privadas de libertad, condiciones de vida digna en los centros penitenciarios impidiendo que se den situaciones de malos tratos, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En este sentido, recordamos que el Estado debe diseñar, implementar y evaluar políticas públicas en materia penitenciaria que promuevan una efectiva convivencia en los centros de privación de libertad, desarrollando programas robustos de rehabilitación que brinden oportunidades de reinserción en la sociedad.

Por último, exhortamos a las autoridades ministeriales y penitenciarias a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer este caso y brindar garantías de no repetición a las personas privadas de libertad.  

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EXIGE JUSTICIA PARA GUSTAVO GATICA
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#FirmáXChile #INVESTIGUENMANDOS
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Gustavo Gatica, un joven estudiante de psicología que participaba en las manifestaciones del estallido social en Chile, quedó ciego por el impacto de balines que coinciden con los disparados por personal de Carabineros. Dicha munición fue utilizada de forma indiscriminada y desmedida en innumerables ocasiones durante las protestas, violando las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de la autoridad y dejando a cientos de personas con lesiones oculares.
Fabiola Campillai, de 36 años, madre de tres hijas/os, bombera, jugadora de fútbol y activa en labores comunitarias. El martes 26 de noviembre mientras se dirigía al trabajo recibió el impacto de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros en su rostro. Este ataque se llevó consigo su vista, el sentido del olfato y del gusto. Además, este brutal suceso le provocó múltiples fracturas craneoencefálicas que le han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Si bien la noche del 27 de agosto fue detenido un capitán de Carabineros como presunto responsable directo del ataque hacia Fabiola, la investigación no puede limitarse a quien disparó, sino que deben investigarse también a las personas que vieron lo sucedido, sin hacer nada para evitarlo ni para prestar auxilio, y también a los mandos que, sabiendo lo que había pasado, no aplicaron medidas contra los responsables.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
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