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MÉXICO | Un informe condenatorio de la ONU destaca el encubrimiento en el caso de 43 estudiantes desaparecidos
Posteado: 2018-03-16
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La ONU acaba de publicar un informe condenatorio sobre la investigación llevada a cabo por el gobierno mexicano en torno a la desaparición forzada de 43 estudiantes en 2014. En él se revelan la detención arbitraria y la tortura de sospechosos y la manipulación y ocultación de pruebas, y se subraya la necesidad urgente de reformar las investigaciones penales llevadas a cabo en México. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

“Las conclusiones de la ONU confirman lo que activistas y organizaciones de derechos humanos llevan años exponiendo y denunciando: el uso generalizado de la tortura por parte de las autoridades mexicanas y la manipulación de pruebas para encubrir terribles violaciones de derechos humanos y garantizar la impunidad de sus autores”, ha declarado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“La investigación indignantemente deficiente sobre uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de México ilustra la manera en que las autoridades abusan del sistema judicial y cómo se niegan a hacer frente a las violaciones de derechos humanos.”

El 26 de septiembre de 2014, la policía atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en la cercana localidad de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur del país. Cuarenta y tres estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, mientras que otros tres estudiantes y tres transeúntes murieron. No se ha vuelto a ver a los 43 estudiantes desde entonces.

Los expertos internacionales han echado por tierra repetidamente la teoría planteada por la Procuraduría General de la República (PGR) de México, según la cual la policía municipal entregó a los estudiantes a miembros de una banda local de narcotraficantes, quienes los asesinaron, quemaron sus cadáveres en un vertedero en la cercana Cocula y arrojaron sus cenizas al río San Juan.

El informe publicado el jueves por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) muestra que la investigación de la PGR implicó múltiples violaciones de derechos humanos. Entre ellas hubo 34 casos de detención arbitraria y tortura, y la posible ejecución extrajudicial de un sospechoso, Emmanuel Alejandro Blas Patiño, muerto presuntamente por torturas a manos de miembros de la Armada el 27 de octubre de 2014.

La OACNUDH también revela cómo las autoridades mexicanas violaron los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, pues documenta irregularidades en la investigación en el río San Juan y la obstrucción de una investigación interna sobre detenciones ilegales a manos de agentes de la PGR.

Amnistía Internacional insta a México a implementar de manera oportuna y efectiva las 15 recomendaciones formuladas en el informe de la OACNUDH, especialmente las relativas a establecer un sistema auténticamente independiente e imparcial de investigación penal, y a erradicar las violaciones de derechos humanos cometidas por los investigadores gubernamentales.

“El gobierno mexicano debe abrir de inmediato una investigación independiente y exhaustiva basada en las conclusiones de este informe. Todos los funcionarios públicos sospechosos de estar implicados en actos de tortura u otras violaciones de derechos humanos deben ser suspendidos de su puesto en espera de los resultados de la investigación.”
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EXIGE JUSTICIA PARA GUSTAVO GATICA
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#FirmáXChile #INVESTIGUENMANDOS
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Gustavo Gatica, un joven estudiante de psicología que participaba en las manifestaciones del estallido social en Chile, quedó ciego por el impacto de balines que coinciden con los disparados por personal de Carabineros. Dicha munición fue utilizada de forma indiscriminada y desmedida en innumerables ocasiones durante las protestas, violando las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de la autoridad y dejando a cientos de personas con lesiones oculares.
Fabiola Campillai, de 36 años, madre de tres hijas/os, bombera, jugadora de fútbol y activa en labores comunitarias. El martes 26 de noviembre mientras se dirigía al trabajo recibió el impacto de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros en su rostro. Este ataque se llevó consigo su vista, el sentido del olfato y del gusto. Además, este brutal suceso le provocó múltiples fracturas craneoencefálicas que le han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Si bien la noche del 27 de agosto fue detenido un capitán de Carabineros como presunto responsable directo del ataque hacia Fabiola, la investigación no puede limitarse a quien disparó, sino que deben investigarse también a las personas que vieron lo sucedido, sin hacer nada para evitarlo ni para prestar auxilio, y también a los mandos que, sabiendo lo que había pasado, no aplicaron medidas contra los responsables.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
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