Presentación AI Uruguay en Pre Sesión del EPU

Se desarrolló en la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza) el 46 periodo de Pre-Sesiones del Examen Periódico Universal (EPU). La Directora Ejecutiva de AI Uruguay, Lucía Pérez Chabaneau participó de las sesiones de otros países, además de la de Uruguay, y mantuvo una serie de reuniones con países clave para los temas de agenda de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional expresa su preocupación por la situación de los derechos humanos sobre el terreno en Uruguay:

Las limitaciones a la libertad de prensa y al derecho de acceso a la información pública, que tienen un fuerte impacto en la transparencia del Estado. Uruguay cayó 26 puestos en la lista de países del Ranking de Reporteros sin Fronteras. En julio de 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló con preocupación el aumento de la persecución penal y las amenazas a periodistas. 

Los obstáculos para el acceso a la información pública persisten en el país, y es preocupante que a 15 años de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, los organismos públicos, sujetos obligados de esta ley, no hayan avanzado en sus políticas institucionales de transparencia y acceso a la información pública.  El incumplimiento de los plazos de respuesta, las respuestas incompletas o el silencio positivo por parte de los sujetos obligados son identificados como los principales obstáculos. Durante la emergencia hídrica que afectó al área metropolitana de Uruguay en el primer semestre de 2023, Amnistía Internacional identificó obstáculos para acceder a información clara y precisa sobre la gestión de la crisis y la calidad del agua potable y cómo esto afectaba la salud de las personas. 

El empeoramiento de las condiciones penitenciarias durante el ciclo examinado. El sistema penitenciario sufre una elevada densidad de hacinamiento, que ha superado el 120% desde el último examen. La población carcelaria ha aumentado constantemente, alcanzando los 15.000 reclusos. 

La continua escalada de la violencia de género, con un aumento en el número de feminicidios y asesinatos de niños denunciados en los últimos años. La aplicación de la Ley de Violencia de Género se ha visto obstaculizada por la falta de asignación de recursos. 

Preocupan los derechos sexuales y reproductivos, en relación con los embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años. El 50% de estos embarazos es consecuencia de abusos sexuales; en otro 16% de los casos, no se ha podido determinar el abuso sexual. 

Persiste la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último régimen cívico-militar (1973-1985), así como por la falta de avances sustantivos en el esclarecimiento de la suerte corrida por los desaparecidos forzados bajo ese régimen, ya que no se encontraron nuevas evidencias en las zonas de excavación ni se entregó nueva información para los presuntos responsables penales. 

En este contexto, Amnistía Internacional pide al gobierno de Uruguay que: 

-Garantice que los periodistas puedan ejercer su derecho a la libertad de prensa sin restricciones y que se respete el libre ejercicio de la labor periodística  

-Establezca procedimientos para el acceso efectivo y oportuno a la información, y proporcione proactivamente información de interés público.  

-Adopte las medidas adecuadas para reducir el hacinamiento en las prisiones y garantizar el acceso a oportunidades de rehabilitación e integración de las personas privadas de libertad. 

-Adopte inmediatamente todas las medidas necesarias para a) acceder a nueva información valiosa para investigar la suerte de las personas desaparecidas forzosamente y b) llevar ante la justicia a todos los sospechosos de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional, incluidos los crímenes de lesa humanidad, independientemente de cuándo se cometieron.  

-Asigne el presupuesto necesario para la aplicación efectiva de la Ley de Violencia de Género; especialmente en relación con la prestación de asesoramiento, refugio y asistencia a las víctimas de violencia de género; así como para investigar y enjuiciar adecuadamente todos los actos de violencia de género. 

-Adopte todas las medidas necesarias para garantizar que las niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, como proporcionar servicios de salud sexual y reproductiva adaptados a los jóvenes, acceso adecuado a anticonceptivos, aborto, información, educación sexual integral, y ofrecer una sólida protección frente a la violencia y los abusos sexuales.