Amnistia Internacional Uruguay

Quedan 136… La insoportable lentitud del cierre de Guantánamo

Uruguay, el último país que ayuda a Estados Unidos a poner fin a las detenciones en el campo penitenciario

Hemos ofrecido nuestra hospitalidad
para seres humanos que sufrían
un atroz secuestro en  Guantánamo.
José Mujica, presidente de Uruguay, 5 de diciembre de 2014

Con el traslado, desde la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, de seis hombres que llevaban más de 12 años recluidos allí sin cargos ni juicio, quedan ahora 136 detenidos en la base. Es la cifra más baja desde mediados de enero de 2002, hace ya casi 13 años, unos días después de que comenzara esta operación de detenciones, no sólo insensata sino también ilegal. Estados Unidos está reduciendo el número de detenidos en el campo, pero lo está haciendo a velocidad de glaciación y dejando que sean otros quienes hagan lo que él se niega a hacer.

Se tardaron unas siete semanas en montar y poner en funcionamiento el centro de detención de Guantánamo: desde que se dictó la orden presidencial hasta que llegaron los primeros detenidos el 11 de enero de 2002. Han pasado ya unos ocho años desde que las autoridades estadounidenses empezaron a decir que estaban trabajando en su cierre, y nos acercamos al quinto aniversario de la fecha –22 de enero de 2010– para la cual el presidente Barack Obama dijo que el campo penitenciario estaría cerrado y las detenciones resueltas.

Así, tal como Amnistía Internacional ha señalado anteriormente, la nación que fue la primera en poner a un hombre en la luna parece no ser capaz de hallar la manera de cerrar, en un plazo razonable, una prisión de la que sus dos últimos presidentes han dicho que causa un grave daño al país. Tras haber montado el centro de detención sin la más mínima consideración en materia de derechos humanos, la vergonzosa conducta de Estados Unidos al no cerrarlo se deriva de la continuada negativa a abordar las detenciones como una cuestión de derechos humanos. Los detenidos permanecen cautivos de la teoría estadounidense de la “guerra global” y de la política interna de Estados Unidos.

Es indudable que, recientemente, ha habido una oleada de traslados de detenidos fuera de Guantánamo, tal como la hubo a finales de 2013. Desde el 5 de noviembre de 2014 se ha repatriado a un detenido a Kuwait y a otro a Arabia Saudí, mientras que otros dos han sido trasladados a Eslovaquia, y tres más a Georgia. Las últimas liberaciones han sido las de cuatro sirios, un tunecino y un palestino, que fueron traslados el 7 de diciembre a Uruguay: el último país que ha intervenido para ayudar a Estados Unidos a salir del foso que él mismo se ha cavado.

Cierrren_Guantanamo_bDe esta manera, Estados Unidos sigue intentando que otros países hagan lo que él, creador del campo penitenciario de Guantánamo, se niega a hacer: aceptar a los detenidos a los que Estados Unidos decide no mantener recluidos más tiempo, pero que, por el motivo que sea, no pueden ser repatriados de inmediato. Al anunciar los traslados de los seis hombres a Uruguay el 7 de diciembre de 2014, el Departamento de Defensa estadounidense declaró: “Estados Unidos agradece al gobierno de Uruguay su voluntad de apoyar los esfuerzos de Estados Unidos para cerrar el centro de detención de la bahía de Guantánamo”.

Uno de los seis hombres es un ciudadano sirio que estuvo mucho tiempo en huelga de hambre para protestar por su detención indefinida. En octubre de 2014, un juez federal ordenó al gobierno estadounidense que publicara las grabaciones de vídeo que mostraban la alimentación forzada de este detenido y la manera en que era sacado por la fuerza de su celda. En una declaración presentada ante el tribunal, se citaban estas palabras del detenido:

“Quiero que los estadounidenses vean lo que sucede hoy día en la prisión, para que comprendan por qué estamos en huelga de hambre, y por qué debe cerrarse la prisión. Si los ciudadanos estadounidenses defienden la libertad, deberían ver estas cintas. Si realmente creen en los derechos humanos, tienen que ver estas cintas”.

El gobierno de Obama ha batallado contra la emisión de las cintas y, el 3 de diciembre, presentó un escrito de recurso ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. Entre otras cosas, el gobierno alega que los vídeos “podrían utilizarse para incrementar el sentimiento anti estadounidense”; además, una declaración militar presentada ante la Corte de Apelaciones señala la violencia que se produjo en 2012 tras desvelarse un “vídeo que mostraba a marines orinando sobre los cadáveres de presuntos talibanes” como motivo para no publicar los vídeos con la alimentación forzada y la manera en que el detenido era sacado de la celda, pese a que “no muestran ningún trato indebido a los detenidos”, sino únicamente una “interacción legal, humana y adecuada entre guardias y detenidos”.

En una carta abierta al presidente Obama publicada en el sitio web del gobierno uruguayo el 5 de diciembre, el presidente José Mujica dijo que “hemos ofrecido nuestra hospitalidad para seres humanos que sufrían un atroz secuestro en Guantánamo”. El presidente Mujica subrayó que la razón que impulsaba a Uruguay era “humanitaria”, y explicó que su país había ofrecido históricamente a personas refugio frente a la guerra, la tiranía, la persecución, el racismo y la pobreza, y que esas personas han construido Uruguay, y han aportado oficios, saberes y culturas. “Formamos parte del mundo de los asaltados heridos”, declaró el presidente Mujica. “Pertenecemos a la inmensa mayoría de la Humanidad. No debemos ni queremos olvidar ni perder ese punto de vista”.

Esta declaración de principios del gobierno de Uruguay –un país 55 veces más pequeño que Estados Unidos y cuyo PIB per cápita es un tercio del de Estados Unidos– es digna de aplauso. Los seis hombres a los que Uruguay ha ofrecido reasentamiento llevaban recluidos sin cargos ni juicio en Guantánamo desde que fueron trasladados allí entre mayo y agosto de 2002. Su detención fue ilegal y cruel, y aun así Estados Unidos los obligó a soportar ese limbo legal año tras año, incluso mucho después de que las propias autoridades estadounidenses hubieran aprobado su traslado desde la base en enero de 2010 o antes. En la actualidad, Estados Unidos está sometiendo a decenas de individuos más a ese mismo trato, en una situación en la que ninguno de ellos tiene la menor idea de cuándo terminará su detención indefinida, o si terminará siquiera.

El mes pasado, el Comité de la ONU contra la Tortura reiteró a Estados Unidos lo que ya le había dicho ocho años antes, en 2006, respecto a las detenciones de Guantánamo, es decir, que “la detención indefinida constituye en sí una violación” de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, tratado ratificado por Estados Unidos en 1994. El Comité expresó su preocupación por el “efecto acumulativo que las condiciones de detención y el trato en Guantánamo han tenido en la salud psicológica de los detenidos”, y reiteró su llamamiento a Estados Unidos para que “cese el uso de la detención indefinida sin cargos ni juicio”. También pidió que se pusiera fin a la alimentación forzada de detenidos en huelga de hambre capaces de tomar decisiones informadas, y reiteró que esa alimentación forzada “constituye malos tratos, contrarios a lo dispuesto en la Convención”.

En un periodo de sesiones celebrado en Ginebra en noviembre de 2014, el gobierno de Obama había dicho al Comité que ahora adoptaba, incluso en lo relativo a Guantánamo, la postura que la Convención contra la Tortura aplica extraterritorialmente. Este tardío reconocimiento debería venir seguido del fin inmediato de estas detenciones indefinidas –ya que constituyen una violación del tratado–, y de la liberación inmediata y segura, en territorio estadounidense si es necesario, de todos los detenidos a los que Estados Unidos no tenga intención de acusar sin demora para hacerlos comparecer en juicios justos.

Siete meses antes, tras haber examinado el historial de Estados Unidos respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Estados Unidos en 1992, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió también a Estados Unidos que “ponga fin al uso de la detención administrativa sin cargos ni juicio” en Guantánamo. Estos dos órganos de tratados de la ONU pidieron a Estados Unidos que garantizara que todo procesamiento de detenidos recluidos en Guantánamo tenía lugar en el sistema ordinario de justicia penal, no en el sistema de comisiones militares creado por Estados Unidos, que no cumple las normas internacionales sobre juicios justos.

En agosto de 2014, en el periodo intermedio entre las conclusiones del Comité de Derechos Humanos y del Comité contra la Tortura, un tercer órgano de tratados, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, hizo públicas sus conclusiones sobre Estados Unidos. Entre otras cosas, también él instó a Estados Unidos a que “ponga fin al sistema de detención administrativa sin cargos ni juicio y a que vele por que el centro de la bahía de Guantánamo se cierre sin más dilación”. Además, instó a Estados Unidos a que “garantice el derecho de los detenidos a un juicio imparcial, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, y a que los detenidos que no hayan sido acusados ni juzgados sean puestos en libertad con carácter inmediato”.

Pese a la afirmación de Estados Unidos de que las detenciones de Guantánamo son justificables según su distorsionada teoría unilateral de la “guerra global” (lo que el gobierno de Bush denominaba la “guerra contra el terror”), lo que estos órganos de tratados de derechos humanos han dejado claro una vez más es que Estados Unidos, al seguir manteniendo este régimen de detención indefinida y recurrir a procedimientos judiciales ante comisiones militares, está violando sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Estados Unidos también sigue incumpliendo sus obligaciones internacionales al no garantizar una rendición de cuentas completa por las violaciones de derechos humanos cometidas tanto en la base como en otros lugares. El centro de detención de Guantánamo ha sido escenario, a lo largo de los años, de múltiples violaciones de derechos humanos, tales como tortura y otros malos tratos, detención arbitraria, detención prolongada en régimen de incomunicación, alimentación forzada y desaparición forzada. Se cree que este último delito de derecho internacional se cometió allí en 2003 y 2004, cuando, al parecer, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) utilizó la base como uno de los “lugares negros” de su programa de detención secreta.

Abu Zubaydah, por ejemplo, lleva detenido en poder de Estados Unidos desde que fue puesto bajo custodia por primera vez en Pakistán a finales de marzo de 2002. Finalmente fue retirado de la custodia de la CIA y trasladado al centro de detención militar estadounidense en Guantánamo el 4 de septiembre de 2006. A día de hoy, continúa en la base naval. En sus primeros cuatro años y medio de detención, las autoridades estadounidenses lo trasladaron a una serie de lugares secretos bajo custodia de la CIA, al parecer en sitios como Tailandia, Polonia, la bahía de Guantánamo, Marruecos, Lituania y Afganistán. Durante ese tiempo fue sometido a desaparición forzada, transferencias secretas, tortura y otros malos tratos, violaciones de derechos humanos por las que nadie ha comparecido ante la justicia. En los 12 años y medio que lleva bajo custodia de Estados Unidos, Abu Zubaydah no ha sido acusado formalmente de ningún delito.

Además de poner fin a las detenciones de Guantánamo y cerrar el centro de detención, Estados Unidos debe garantizar que se llevan a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, que se hace comparecer a los responsables ante la justicia y que se garantiza un acceso real a procedimientos de recurso a las víctimas de estas violaciones.

El 12 de mayo de 2014, poco antes de una reunión con el presidente Mujica en la Casa Blanca, el presidente Obama había alabado la “extraordinaria credibilidad” de su homólogo respecto a los derechos humanos. La credibilidad de Estados Unidos, y del propio presidente Obama, se ve más corroída cada día que pasa sin que se ponga fin a las detenciones en Guantánamo y a los procedimientos ante comisiones militares.