Amnistia Internacional Uruguay

MYANMAR | Repatriación de rohingyas ¿por qué tanta prisa?

De Charmain Mohamed, directora de Amnistía Internacional para los derechos de las personas migrantes y refugiadas

Era una pregunta sencilla, pero a Maimuna, de 50 años, se le llenaron los ojos de lágrimas mientras meditaba la respuesta. Llevábamos media hora hablando en el campo de refugiados de Kutupalong, en Bangladesh, pero cuando le pregunté si quería volver a casa, en Myanmar, comenzó a llorar en silencio, cubriéndose con el pañuelo.

“No sé”, dijo finalmente. “Que sea la voluntad de Dios. Sí quiero regresar a Myanmar, pero sólo si hay paz allí.”

Han pasado ya tres meses y parece aún más improbable que Maimuna tenga dónde escoger a este respecto. La semana pasada, los gobiernos de Bangladesh y Myanmar intensificaron las negociaciones entabladas para el retorno en dos años de los 650.000  rohingyasque huyeron el año pasado a causa de la represión militar. El anuncio que hizo Bangladesh el lunes, cuando dijo que los retornos iban a retrasarse mientras se hacían más “preparativos”, se ha acogido con satisfacción, pero lo cierto es que este acuerdo se ha alcanzado sin consultar en absoluto a la población rohingya.

Aunque en el acuerdo se reconoce el requisito legal de que los retornos sean voluntarios y se efectúen con seguridad y dignidad, cuesta imaginar cómo podrá lograrse esto sin una modificación radical de la política de Myanmar hacia la población rohingya. La ofuscación del ejército de Myanmar y su negación de las atrocidades que ha cometido contra los rohingyas no inspiran confianza y no cabe esperar que la suerte de los que están en Myanmar vaya a mejorar pronto. Hasta ahora el ejército ha admitido el homicidio de sólo 10 personas de las miles que probablemente haya matado, y todavía tacha de “terroristas” a los hombres, mujeres, niños y niñas asesinados y torturados durante la represión.

Con toda probabilidad, los rohingyas que regresen sufrirán las mismas condiciones de precariedad y apartheid de las que acaban de huir. Hay partes concretas del acuerdo que parecen confirmarlo. Por ejemplo, se establece en él que la libertad de circulación de los rohingyas estará basada en “la legislación y los reglamentos existentes”; en otras palabras, supondrá una vuelta al statu quo, que los discrimina, los segrega en barriadas asoladas por la pobreza y les prohíbe viajar.

Por eso es tan importante que se pida su opinión a las propias personas refugiadas. El viernes, un grupo de ancianos rohingyas del campo de Maimuna mostraron a un reportero de Reuters una petición que estaban elaborando. Se enumeran en ella las condiciones que quieren que se cumplan antes de que comience el proceso de repatriación, entre ellas la demanda de que se reconozca a los rohingyas la ciudadanía y se les devuelta la tierra que ocupaban y que se haga rendir cuentas al ejército por las violaciones de derechos humanos cometidas contra ellos. En los últimos días, las personas refugiadas se han organizado para manifestarse con lemas y pancartas dentro los campos a fin de que se garanticen sus derechos y su dignidad antes de que comiencen los retornos. Es en este tipo de demandas en lo que debe basarse la política de retornos, no en plazos establecidos.

Como muchos rohingyas no tienen ya vivienda en Myanmar, ambos gobiernos han propuesto trasladarlos entre una serie de campos de tránsito y centros de recepción. Teniendo en cuenta que unos 120.000 rohingyas viven en campos “temporales” de desplazamiento en el estado de Rajine desde 2012, el desplazamiento de los que regresen será, con toda probabilidad, largo al otro lado de la frontera.

Así que ¿por qué tanta prisa?

Bangladesh es uno de los países más pobres del mundo, y la presencia de alrededor de un millón de personas refugiadas rohingyas allí -las llegadas recientemente se han sumado a los millares que han sido desplazadas durante las crisis anteriores- ha llevado al límite la presión a que estaban ya sometidos los servicios y la infraestructura. El fracaso a la hora de aliviar esta presión ha sido internacional.

El 23 de octubre, una conferencia de alto nivel sobre promesas de contribuciones, organizada en Ginebra con el fin de recaudar fondos para la respuesta humanitaria en Bangladesh, no consiguió la cantidad total solicitada. Los fondos prometidos no se destinarán en absoluto a las necesidades de infraestructura de Bangladesh, y, en cualquier caso, están pensados únicamente para cubrir las necesidades más básicas de la población refugiada -alimentos y abrigo- y sólo durante seis meses. Cuando comience la primavera, Bangladesh estará otra vez como al principio. Es necesario que otros países se comprometan urgentemente a apoyar a Bangladesh, económicamente y de otros modos, para que continúe albergando a quienes buscan asilo.

El desinterés de la comunidad internacional por la población rohingya no es nuevo. En 2015, miles de rohingyas pasaron meses abandonados a suerte en el mar de Andamán, tras rechazar reiteradamente sus barcos las autoridades marítimas de Indonesia, Tailandia y Malasia. En septiembre del año pasado, en plena represión militar, Australia intentó persuadir a refugiados rohingyas que se encontraban en su centro de detención de la isla de Manus para que regresaran a Myanmar.

Tanto gobiernos extranjeros como el suyo propio han martilleado una y otra vez a los rohingyas con el mismo mensaje: no los quieren. Preparar un acuerdo sobre retornos sin ninguna consulta a las personas refugiadas es el último golpe asestado a una comunidad acostumbrada ya, desgraciadamente, a que no tener voz a la hora de decidir su suerte.

El derecho de las personas refugiadas rohingyas a regresar a Myanmar es inalienable. Por consiguiente, toda persona que desee regresar en virtud del acuerdo ha de poder hacerlo. Bangladesh y Myanmar deben facilitar tales retornos, y una vez en Myanmar, las autoridades están obligadas a proteger los derechos humanos de las personas retornadas. Pero antes de que comiencen los retornos bajos los auspicios del Estado, Myanmar debe modificar de manera fundamental su manera de tratar a la población rohingya, desmantelar el régimen de apartheid en que viven los rohingyas y comprometerse a garantizar la rendición de cuentas por los crímenes perpetrados por las fuerzas de seguridad.

Hasta entonces, los retornos a Myanmar bajo los auspicios del Estado no pueden ser considerados verdaderamente retornos voluntarios. Maimuna resumió a la perfección la situación diciendo simplemente: “Si el gobierno no nos quiere en Myanmar, no quiero ir allí.”

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