Amnistia Internacional Uruguay

Represión y violencia contra pueblo mapuche

01-17_MapuchesEl 10 y 11 de enero las fuerzas de seguridad reprimieron de manera violenta a la comunidad mapuche de Cushamen en Chubut, Argentina.

El 10 de enero, más de 200 gendarmes realizaron un operativo cerrojo, clausurando todos los accesos a las tierras indígenas en las que habita la comunidad Mapuche (Lof) Cushamen, en el sur de Argentina. A la par, la policía local intervino.

En ambos episodios la comunidad relató públicamente los hechos de violencia y represión que padeció: golpes, palazos, tirones de pelos contra mujeres, y hostigamiento a los niños y las niñas de la comunidad. Las mujeres y los niños dijeron que intentaron protegerse en la ruca mayor (vivienda comunitaria) mientras que la Gendarmería los mantenía allí encerrados hasta que decidieron ingresar por la fuerza al lugar. Algunos de los testimonios denuncian que los niños y niñas estaban aterrados por la presencia de hombres armados, que mujeres fueron arrastradas por el piso, así como que casas fueron destruidas, animales robados y muertos. A la par, se concretaron al menos 10 detenciones contra miembros de la comunidad y sus aliados.

01-17_Mapuches-2El 10 de enero, en el marco del conflicto por el territorio, el juez federal Guido Otranto ordenó “remover y secuestrar los obstáculos materiales que se encuentren colocados sobre las vías de circulación del Viejo Expreso Patagónico La Trochita…”. Según la orden, no se solicitó desalojar a la comunidad sino liberar el paso del tren turístico debido a un bloqueo. Sin embargo, la orden emitida no encuentra correlato con la magnitud del operativo y no hubo control judicial efectivo sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad, lo que resultó en los abusos y violencia cometidos por éstos. El 11 de enero, esta vez sin orden judicial alguna, la policía de Chubut volvió a ingresar al territorio y arremetió contra la comunidad mapuche. Miembros relataron que las fuerzas dispararon contra los integrantes y dejaron varios heridos, algunos de gravedad. Uno de ellos tiene el maxilar destrozado y otro politraumatismo de cráneo. Las imágenes dan cuenta de los impactos de bala que mujeres recibieron de la mano de la policía. El Estado debe rendir cuentas por el maltrato y abuso de la fuerza dirigido a hombres, mujeres y niños.

¿Cómo actuar?

Escriban inmediatamente instando:

  • que las autoridades avancen en investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los hechos de violencia perpetrados el 10 y 11 de enero, hagan públicos sus resultados y lleven a los responsables de violaciones a los derechos humanos ante la justicia;
  • que se adopten las medidas necesarias para garantizar la integridad física de la comunidad Cushamen del pueblo mapuche, con su plena participación;
  • que se brinde una solución de fondo al reclamo territorial de la comunidad Lof Cushamen.

Envíen sus mensajes antes del 24 de febrero de 2017 a:

  • Gobernador de la Provincia de Chubut
    Sr. Mario Das Neves
    Fontana 50 – Rawson
    Provincia de Chubut, Argentina
    Fax: +54 (0280) 4480206 /4480239
    Email: privada.gobernador@chubut.gov.ar
    Tratamiento: Sr. Gobernador
  • Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación
    Sr. Claudio Avruj
    Av. del Libertador 8151 – C1429BNO. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
    Fax: +54 (011) 5300-4000
    Email: privadadh@derhuman.jus.gov.ar
    Twitter: @clauavruj
    Tratamiento: Sr. Secretario
  • Ministerio de Seguridad de la Nación
    Sra. Patricia Bullrich
    Gelly y Obes 2289
    C1425EMA. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
    Fax: +54 (11) 4809-1656
    Email: privadaum@minseg.gob.ar
    Tratamiento: Sra. Ministra
  • Y copias a: AI Uruguay
    Email: oficina@amnistia.org.uy

O también pueden completar el formulario a final de esta página y actuar en esta causa.


Información complementaria

El 13 de marzo de 2015 un grupo de indígenas llevaron adelante la recuperación de un territorio en el Departamento Cushamen, cercana a la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, Argentina. Hoy en ese territorio está la estancia Leleque de la compañía multinacional Benetton, que tiene cerca de un millón de hectáreas en la Patagonia Argentina. Ese mismo día, la Compañía de Tierras del Sur Argentino, de la familia Benetton, presentó una denuncia ante la justicia local, actuaciones en las que se investigaba la posible usurpación de aquel territorio.

En 2016, Amnistía Internacional y diferentes organizaciones denunciaron el creciente contexto de estigmatización y persecución contra el pueblo mapuche: autoridades nacionales han definido a través de informes a las comunidades como «amenazas a la seguridad social» (ver aquí).

El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional en su art. 75 inc. 17: por el contrario, son las petroleras, mineras y grandes estancias, las que se han instalado – muchas veces por la fuerza – en territorios comunitarios, profundizando su despojo.

Argentina, tanto en su Constitución Nacional y otras normas internas, como a través de la ratificación de varios instrumentos internacionales fundamentales — como el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) – y la adopción de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, ha reconocido los derechos humanos de los pueblos indígenas: el derecho al territorio y recursos naturales, el derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo, y a que se respeten sus propias costumbres.

A pesar de ello, en la práctica, los pueblos originarios todavía enfrentan obstáculos en sus reclamos por sus derechos principalmente, en torno al control de sus territorios y recursos naturales. Tal como ha referido el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, tras su visita a Argentina en 2012, si bien existe un número significativo de leyes y programas nacionales y provinciales en materia indígena, «persiste una brecha significativa entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación real».

La Gendarmería Nacional es una fuerza de seguridad de naturaleza militar, dependiente del Gobierno Federal, que cumple su misión y funciones en el marco de la Seguridad Interior y de la Defensa Nacional y apoyo a la Política Exterior. El derecho internacional tiene dicho que los Estados deben establecer en las normas de derecho interno una clara distinción entre las funciones de defensa nacional, a cargo de las fuerzas armadas, y de seguridad ciudadana, a cargo de las fuerzas policiales. Las funciones vinculadas a la prevención, disuasión y represión legítima de la violencia y el delito corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales, bajo la dirección superior de las autoridades legítimas del gobierno democrático. (CIDH. Informe sobre Seguridad Ciudadana, 2009).

 

¡Actúa!