Amnistia Internacional Uruguay

República Dominicana: voto sobre el aborto pendiente tras veto presidencial

01-24_aborto-dominicanaEn diciembre de 2016, el presidente de la República Dominicana vetó una reforma regresiva del Código Penal en materia de aborto, ya aprobada por el Senado, y devolvió el texto al Congreso, instando al poder legislativo a despenalizar el aborto en el país.

El 19 de diciembre de 2016, el presidente Danilo Medina observó una nueva versión del Código Penal, aprobada cinco días antes por el Senado (la cámara alta del Congreso dominicano), que representaba un retroceso para los derechos de las mujeres y las niñas dominicanas. El texto había sido aprobado en julio por la cámara baja del Congreso, la Cámara de Diputados. El presidente Medina había rechazado una reforma similar propuesta en 2014 y había pedido que se despenalizara el aborto en determinadas circunstancias en el país. Esta nueva observación reafirma su postura favorable a los derechos de mujeres y niñas.

En una carta al presidente del Senado, el presidente Medina rechazó la reforma propuesta y recomendó que el Código Penal especificase claramente las circunstancias que constituyesen excepciones a la penalización del aborto: cuando el embarazo entrañase un riesgo para la vida de la mujer o niña, cuando el feto no pudiera sobrevivir fuera del útero y cuando el embarazo fuera consecuencia de violación o de incesto.

El 11 de enero de 2017, el Senado nombró una comisión de nueve miembros con el mandato de examinar las observaciones del presidente y producir un informe en un plazo de 15 días para someterlo a la votación de la cámara alta. Según el artículo 102 de la Constitución dominicana, las observaciones del presidente sólo pueden eludirse si las dos cámaras del Congreso adoptan la versión inicial con una mayoría de dos tercios de sus miembros.

Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:

  • instando a la comisión especial del Senado a adoptar sin modificaciones las recomendaciones del presidente Danilo Medina y a recomendar expresamente a ambas cámaras del Congreso que voten a favor de las observaciones;
  • expresando honda preocupación por el hecho de que, si se mantiene la penalización del aborto, las mujeres y niñas de la República Dominicana corren peligro de que se viole su derecho a la vida y la salud y su derecho a no sufrir discriminación ni ser sometidas a tortura o malos tratos;
  • pidiendo a ambas cámaras del Congreso que garanticen el acceso al aborto en la ley y en la práctica, como mínimo en los casos en los que el embarazo entrañe un riesgo para la salud física o mental de la mujer o niña, cuando el feto no pueda sobrevivir fuera del útero y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o de incesto.

Envíen llamamientos antes del 24 de febrero de 2017 a:

  • Presidente de la Comisión especial
    Senador Rafael Calderón
    Senado de la República
    Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo (La Feria), Santo Domingo, República Dominicana
    Email: r.calderonrc@hotmail.com 
    Twitter: @senadorcalderon
    Tratamiento: Señor Senador / Dear Senator
  • Presidente del Senado
    Senador Reinaldo Pared Perez
    Senado de la República
    Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo (La Feria), Santo Domingo, República Dominicana
    Email: r.pared@senado.gob.do, mirnacontrerascastro@hotmail.com
    Twitter: @ReinaldoPared
    Tratamiento: Señor Presidente del Senado / Dear President of the Senate
  • Y copias a:
    Colectiva Mujer y Salud
    Email: ciudadaniaactivadelasmujeres@gmail.com
    AI Uruguay
    Email: oficina@amnistia.org.uy

O también pueden completar el formulario a final de esta página y actuar en esta causa.


Información complementaria

La reforma integral del Código Penal lleva ya varios años en marcha. En virtud del Código Penal actualmente vigente, las mujeres que tratan de obtener servicios de aborto y quienes prestan estos servicios se exponen a sanciones penales, sin que se tengan en cuenta las circunstancias en las que se trató de obtener o se practicó el aborto. En 2010 entró en vigor una nueva Constitución cuyo artículo 37 proclama la inviolabilidad del derecho a la vida “desde la concepción hasta la muerte”.

En 2014, y como consecuencia de la presión de grupos religiosos, el Congreso dominicano aprobó un borrador de reforma del Código Penal que mantenía la penalización total del aborto. Sin embargo, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, rechazó el nuevo Código Penal e instó al Congreso a eliminar la prohibición total del aborto y abrir el camino a la despenalización en tres circunstancias: cuando el embarazo suponga un riesgo para la vida de la mujer o niña embarazada, cuando el feto no pueda sobrevivir fuera del útero, y cuando el embarazo sea resultado de violación o incesto. La versión revisada fue aprobada por la Cámara de Diputados y estaba previsto que entrara en vigor un año después, en diciembre de 2015, y se regulase en una legislación aparte.

La postura pública contra la prohibición total del aborto adoptada por el presidente Medina y el Congreso en 2014 supuso un gran paso adelante para los derechos de las mujeres y las niñas en la República Dominicana. Sin embargo, un año después, el Tribunal Constitucional anuló las reformas propuestas después de que tres grupos de presión religiosos y conservadores apelaran contra la decisión del Congreso y alegaran errores de procedimiento. La sentencia del Tribunal anuló las reformas penales aprobadas por el Congreso y mantuvo en vigor el antiguo Código Penal, que data de 1884.

Los datos demuestran que la prohibición total del aborto no reduce el número de abortos, sino que incrementa el riesgo de que la mujer muera a causa de abortos ilegales e inseguros. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que las leyes de aborto restrictivas ponen a las mujeres y niñas que viven en la pobreza, y a las que viven en zonas rurales y más aisladas, en un riesgo especial de sufrir abortos inseguros. La penalización del aborto en todas las circunstancias disuade a las mujeres de buscar atención médica y crea un “efecto amedrentador” en el personal médico, que tiene miedo de proporcionar tratamiento que podría salvar la vida a mujeres cuya vida o salud corre peligro a causa del embarazo, o que sufren complicaciones derivadas de un aborto inseguro.

En la República Dominicana, la actual prohibición total del aborto sigue provocando la muerte, por motivos evitables, de mujeres y niñas. Una de esas muertes fue la de Rosaura Almonte, conocida por los medios de comunicación como “Esperancita”, que murió en 2012 por no recibir la quimioterapia que podría haberle salvado la vida frente a la leucemia que sufría porque en aquellos momentos estaba embarazada de siete semanas y el tratamiento que necesitaba habría afectado al feto. Los médicos retrasaron el tratamiento porque tanto el aborto como aquellos que lo faciliten pueden ser objeto de sanción penal.

¡Actúa!






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