El Informe recoge la experiencia de Amnistía Internacional Uruguay y de otras organizaciones de la sociedad civil en el uso de las solicitudes como mecanismo de ejercicio y control sobre el cumplimiento de los derechos humanos. Los resultados permiten obtener una línea de base sobre cómo ha sido ejercido el derecho de acceso a la información por estas organizaciones, cómo han respondido los organismos estatales en la práctica, y qué desafíos han enfrentado quienes solicitan información.
Amnistía Internacional elabora una serie de recomendaciones en clave de política pública para garantizar el derecho de acceso a la información centradas en mejorar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 18381, fortalecer las capacidades institucionales y económicas de la Unidad de Acceso a la Información Pública y fomentar mayores intercambios entre el sector público y los actores de la sociedad civil.