Este informe recupera el estado de situación de los derechos humanos en Uruguay en 2025, año atravesado por la instalación de una nueva administración y por la discusión presupuestal. Muchas veces, las conversaciones sobre derechos humanos quedan lejos de aquellas que tocan asuntos económicos, pero esto es un grave error. Los derechos se financian. De no ser así, los compromisos asumidos solo serán palabras correctas que quedarán en el papel, sin efectos positivos reales en la vida de las personas.
En esta ocasión, se analizaron los principales retos de derechos humanos que enfrenta el país a la luz de las asignaciones presupuestales para los próximos 5 años. Los resultados no son los esperados. Algunos de los compromisos de campaña y de las prioridades estratégicas de gobierno no cuentan con un correlato presupuestal que permita asumir tales responsabilidades con una vocación de cambio sustantivo y estructural.
Amnistía Internacional viene denunciando desde hace 6 años en sus Informes Anuales el debilitamiento del sistema de garantías en Uruguay. La preocupación era y es clara: el avance del deterioro del sistema de protección de derechos impacta en los sectores de la población más vulnerables como las infancias, adolescencias y mujeres, personas migrantes, personas afrodescendientes y personas con discapacidad.
Metodología aplicada
El Capítulo Ampliado 2025/2026 de Amnistía Internacional Uruguay fue elaborado por un equipo profesional interdisciplinario integrado por el staff de Amnistía Internacional Uruguay y equipos asesores de la sección, con aportes del equipo de la Oficina Regional de Amnistía Internacional para las Américas y del área Legal y Política del Secretariado Internacional. Esto permite que el documento tenga una mirada amplia sobre los derechos humanos en el país, basada en evidencia.
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Notas al pie del Informe del informa abreviado
Puede acceder al listado de notas referidas en el documento abreviado, formato diario aqui: