Derecho al cuidado
El derecho al cuidado es un derecho esencial para la sostenibilidad de la vida, la justicia social y la igualdad de género. Este derecho abarca tanto el derecho a recibir cuidados como el derecho a cuidar y a practicar el autocuidado. Es un pilar clave para garantizar el bienestar individual y colectivo, y está vinculado directamente con la justicia económica, social y ambiental. Además, el derecho al cuidado tiene un impacto transformador en las relaciones sociales, la equidad de género y la creación de un entorno más justo para todos.
¿Qué es el derecho al cuidado?
El derecho al cuidado engloba una serie de actividades necesarias para cubrir las necesidades básicas de las personas: alimentación, apoyo emocional, salud y un entorno habitable y saludable. Estas actividades se realizan en distintos espacios, como los hogares, los centros educativos, entre otros. Además, implica la atención de personas con dependencia, como niños, personas mayores y personas con discapacidad.
Sin embargo, el trabajo de cuidado, que en gran medida ha sido asignado a las mujeres, ha sido históricamente invisible y desvalorizado, tanto en el ámbito privado como en el laboral. Esta distribución desigual del trabajo de cuidado perpetúa desigualdades sociales y económicas profundas, especialmente en las mujeres en situación de vulnerabilidad, como aquellas que viven en pobreza o que enfrentan discriminación por raza o género.
A medida que fue creciendo, el foco de atención se fue ampliando y al día de hoy aborda tanto derechos civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y medioambientales.
Reconocimiento del cuidado como derecho humano
El cuidado es reconocido como un derecho humano fundamental derivado de diversos tratados internacionales, como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Estos acuerdos obligan a los Estados, incluido Uruguay, a garantizar el derecho al cuidado para todas las personas, independientemente de su género, clase social o situación de vulnerabilidad. El reconocimiento del cuidado como un derecho humano es un paso crucial hacia la igualdad y la justicia social.
Derecho al cuidado en Uruguay
En Uruguay, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), creado en 2015 por la Ley N° 19.353, ha sido un avance crucial para el reconocimiento del cuidado como un derecho humano. El SNIC tiene como objetivo garantizar la autonomía y la dignidad de las personas en situación de dependencia, al mismo tiempo que busca ofrecer una atención de calidad. Sin embargo, el sistema enfrenta desafíos significativos en términos de financiación y cobertura. La escasa inversión pública también ha dificultado la sostenibilidad a largo plazo del SNIC.
#PresupuestoDescuidado
campaña junto a la Red Procuidados en el marco de la discusión del presupuesto nacional (2020)
Margarita Percovich (ex legisladora, coordinadora de la Red ProCuidados) explica por qué es importante contar con un sistema de cuidados.
Emiliano Lembo (Coordinador de la Red ProCuidados) explica cómo afecta el proyecto de Ley de presupuesto a la política de cuidados.
Karina Batthyány (Secretaria Ejecutiva de CLACSO) explica qué impacto tuvo el sistema de cuidados.
El triple dividendo del cuidado
Invertir en cuidados no solo beneficia a las personas que los reciben, sino que también genera lo que se llama un triple dividendo para la sociedad.
En primer lugar, facilita la participación laboral de las mujeres, quienes tradicionalmente asumen la mayor parte de las responsabilidades de cuidado.
En segundo lugar, mejora el desarrollo de las infancias al asegurar que los niños tengan acceso a cuidados de calidad, lo mismo que sucede con otras poblaciones que requieren cuidados.
Y, en tercer lugar, genera empleo de calidad en el sector de los cuidados, proporcionando trabajo remunerado a gran cantidad de personas, en su mayoría mujeres, y mejorando sus condiciones laborales y sociales.
La justicia de género y el cuidado
El trabajo de cuidados está profundamente vinculado con las desigualdades de género. En Uruguay, las mujeres dedican casi el doble de horas que los hombres a las tareas domésticas y de cuidado (34,4 horas frente a 20,6 horas, según la Encuesta de Uso del Tiempo de 2021-2022). Esta desigualdad tiene consecuencias directas en la vida de las mujeres: limita su participación en el mercado laboral, aumenta su vulnerabilidad económica y contribuye al agotamiento físico y emocional.
Para que haya verdadera justicia de género, es necesario promover una distribución más equitativa de las responsabilidades de cuidado, tanto en los hogares como en el ámbito público. El Estado tiene un papel fundamental en garantizar que las políticas de cuidado sean inclusivas, equitativas y accesibles para todos, sin que ello implique una carga económica desproporcionada sobre las familias.
El derecho al cuidado y la sostenibilidad de la vida
El derecho al cuidado también está intrínsecamente relacionado con la sostenibilidad de la vida en su sentido más amplio. El trabajo de cuidado no solo asegura la reproducción social y económica, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Además, el cuidado de las personas está vinculado con el cuidado del medio ambiente. Las políticas de cuidado deben integrar la sostenibilidad ecológica, ya que la salud del entorno natural afecta directamente a las condiciones de vida de las personas, especialmente de aquellas más vulnerables.