En Uruguay, las mujeres y las niñas siguen enfrentando múltiples formas de violencia basada en género. Las denuncias por violencia doméstica continúan en aumento y la violencia sexual sigue afectando de forma desproporcionada a niñas y adolescentes, incluso en aquellos casos que se encuentran bajo la protección del Estado. Esta realidad expone graves fallas en el sistema de protección y en las respuestas institucionales, que muchas veces llegan tarde o resultan insuficientes para prevenir y reparar el daño1.
Los casos de explotación sexual de niñas y adolescentes, así como las situaciones de abuso que ocurren dentro de entornos familiares o cercanos, muestran que el país aún no ha logrado garantizar una protección efectiva para quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Cuando el sistema de protección falla, no solo se vulneran derechos individuales: se compromete el presente y el futuro de toda una generación.
La violencia contra las mujeres no puede analizarse de forma aislada. Está profundamente vinculada a desigualdades estructurales que siguen atravesando la vida cotidiana de millones de mujeres. Entre ellas, la desigual distribución del trabajo de cuidados, que continúa recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres y limita sus oportunidades de desarrollo, autonomía económica y participación en la vida pública.
Por eso, avanzar hacia una verdadera justicia de género implica no solo prevenir y sancionar la violencia, sino también transformar las condiciones que la hacen posible. En ese sentido, el fortalecimiento de políticas públicas de cuidados es una pieza clave para garantizar derechos y construir sociedades más igualitarias. Los cuidados sostienen la vida y el funcionamiento de nuestras sociedades, pero siguen siendo invisibilizados y escasamente reconocidos.
En un contexto de crecientes desafíos sociales y ambientales, resulta cada vez más evidente que la defensa de los derechos de las mujeres está estrechamente vinculada con la sostenibilidad de la vida. Las crisis climáticas, económicas y sociales impactan de forma diferenciada en mujeres y niñas, especialmente en aquellas que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad. Incorporar una perspectiva de género en las políticas ambientales y sociales es fundamental para construir respuestas más justas y sostenibles.
Además, las violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas se agravan dramáticamente en contextos de conflicto armado, crisis humanitarias y colapso institucional. En Haití, Amnistía Internacional documentó durante 2025 graves abusos cometidos por bandas armadas contra mujeres y niñas en comunidades de Puerto Príncipe y el departamento del Oeste, incluyendo violaciones, otras formas de violencia sexual y el reclutamiento de niños y niñas. En Gaza, investigaciones de Naciones Unidas y de Amnistía Internacional han denunciado que la ofensiva israelí ha implicado violencia sexual, destrucción de servicios de salud sexual y reproductiva y condiciones de vida impuestas que han causado daños graves a la población palestina, con impactos particularmente devastadores para mujeres y niñas. Al contexto de impunidad por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, se suma el acto de agresión de Estados Unidos que deja, una vez más, a la población venezolana a la espera de justicia.
Frente a estas realidades, Amnistía Internacional reafirma su compromiso de seguir documentando abusos, exigir rendición de cuentas y movilizar apoyo para las mujeres y niñas que enfrentan estas violaciones en todo el mundo