- Se intensifican enormemente el ritmo y la magnitud de las medidas anexionistas del actual gobierno de Israel.
- La campaña de limpieza étnica está dirigida y promovida por el Estado, no impulsada por colonos descontrolados ni por ministros calificados de extremistas.
- Aumento exponencial de la violencia de los colonos respaldada por el Estado, que aterroriza y expulsa a miles de personas palestinas para anexionar territorio.
- Comunidades gravemente expuestas aún a sufrir desplazamiento; se debe proteger a las desarraigadas.
- Los Estados deben poner fin a las relaciones comerciales, de cooperación y de inversión que contribuyan a mantener la ocupación ilegal, el apartheid y la limpieza étnica, e imponer sanciones a las autoridades implicadas.
El apoyo tácito o explícito de la comunidad internacional a los crímenes de Israel, incluidos el genocidio y el apartheid, y su falta de determinación para ponerles fin ha animado a las autoridades israelíes a intensificar una campaña brutal de desplazamiento forzado de la población palestina y expansión de su control sobre las tierras en Cisjordania, ha manifestado Amnistía Internacional. La organización describe en un nuevo informe cómo las autoridades israelíes están acelerando la anexión por medio de una campaña de limpieza étnica impulsada por el Estado y dirigida contra las comunidades palestinas beduinas y dedicadas al pastoreo del Área C de la Cisjordania ocupada, a la vez que cometen el crimen de lesa humanidad de traslado forzoso.
En el informe, titulado Borrado de todo lo palestino: Limpieza étnica de comunidades beduinas y dedicadas al pastoreo perpetrada por Israel en Cisjordania, se explica cómo ha convertido el gobierno israelí la anexión formal en objetivo explícito de sus políticas. Está poniendo en práctica la agenda nacionalista y religiosa del movimiento de colonos. Ha acelerado la expansión de los asentamientos y las apropiaciones de tierras, aumentado el apoyo financiero y logístico a los asentamientos y armado a los colonos, lo que ha propiciado una campaña brutal y aprobada por el Estado de violencia de los colonos y desplazamiento de población palestina en el Área C. Esta parte de la Cisjordania ocupada representa más del 60% de su extensión y, desde hace mucho tiempo, viene siendo fundamental para los intentos de Israel de controlar las tierras y la demografía, debido a sus recursos naturales, a sus esenciales tierras de cultivo y de pastoreo y al tamaño relativamente pequeño de su población palestina.
“Durante los últimos tres años y medio, las autoridades israelíes han acelerado en Cisjordania una campaña de limpieza étnica en la que, bajo los auspicios del Estado, se ha sometido a desarraigo, desposesión y traslado forzoso a comunidades palestinas. La campaña no es obra de agentes descontrolados ni de colonos, organizaciones o uno o dos ministros extremistas, como viene calificándolos reiteradamente la comunidad internacional. Lo que estamos presenciando es el despliegue, ante los ojos del mundo entero y violando flagrantemente el derecho internacional, de una anexión deliberada y dirigida por el Estado”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Nuestro informe revela que estos abusos no están causados por unas cuantas ‘manzanas podridas’. La violencia de los colonos es un elemento esencial de una campaña de limpieza étnica, aprobada por el Estado y fundamental para mantener el sistema de apartheid de Israel.”
La investigación de Amnistía Internacional muestra que la población palestina está siendo borrada de sus tierras ancestrales, separada de sus medios de vida y aterrorizada para obligarla a abandonar sus hogares en medio de un aumento sin precedentes de los ataques de los colonos, aprobado abiertamente y facilitado activamente por un gobierno israelí que se jacta de su intención de anexionarse formalmente grandes extensiones de tierras palestinas.
Las comunidades del valle del Jordán y las colinas el sur de Hebrón expuestas sufrir desplazamiento continúan resistiendo, decididas a continuar en las tierras que llevan generaciones habitando. Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que actúe con urgencia para protegerlas.
Sin embargo, pese a la indiscutible obligación jurídica de los Estados de tomar medidas para poner fin a la ocupación ilegal y el sistema de apartheid de Israel, la comunidad internacional se ha abstenido reiteradamente de actuar.
“La comunidad internacional ha dado muestras de complicidad o de pasividad excesiva ante las graves y reiteradas violaciones del derecho internacional cometidas por Israel y su incumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Debe indicar claramente que el tiempo de la aquiescencia tácita con la limpieza étnica y la anexión llevadas a cabo por Israel ya ha terminado”, ha dicho Agnès Callamard.
De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), al menos 117 comunidades palestinas predominantemente beduinas y dedicadas al pastoreo han sufrido desplazamiento total o parcialmente entre enero de 2023 y abril de 2026. Al finalizar abril de 2026, al menos 5.910 personas habían sido víctimas de desplazamiento forzado, según datos de la ONU.
Estas cifras se han alcanzado en el contexto de un aumento sin precedentes de los actos de violencia de los colonos respaldada por el Estado. Al terminar abril de 2026, los colonos israelíes habían establecido 363 puestos de avanzada en la Cisjordania ocupada, según la ONG Peace Now. De ellos, nada menos que 212 fueron creados de 2023 en adelante y cuentan con el apoyo activo de las autoridades israelíes, que no están tomando casi ninguna medida para desmantelarlos pese a ser ilegales con arreglo tanto la legislación israelí como al derecho internacional. Decenas de ellos se dedican al pastoreo y sirven a los colonos para apoderarse de grandes extensiones de tierras palestinas llevando sus rebaños a pastar en ellas. Estas actividades se suman a las apropiaciones de tierras que lleva a cabo el gobierno israelí. Casi el 58% de las tierras del Área C no están registradas, y en febrero de 2026, las autoridades israelíes habían confiscado ya casi la mitad de ellas declarándolas de propiedad estatal.
“Para la dirigencia mundial que ha calificado la anexión y la violencia de los colonos de actos aislados de colonos o ministros ‘extremistas’ e impuesto sanciones limitadas a algunas personas u organizaciones, el informe de Amnistía debe ser una llamada de atención: estas medidas limitadas son absolutamente insuficientes para abordar la campaña estatal de limpieza étnica y las violaciones sistemáticas del derecho internacional que tan rápidamente han venido aumentando ante los ojos de la comunidad internacional”, ha afirmado Agnès Callamard.
“La dirigencia mundial que manifiesta reiteradamente que se opone a la anexión pero que no hace nada para pararla debe saber que su inacción está fomentando indirectamente la comisión de crímenes de lesa humanidad y tiene consecuencias globales que menoscaban aún más el orden internacional basado en normas”.
«Los Estados, en particular los que tengan influencia sobre Israel, como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, así como Italia y otros Estados de la Unión Europea y los Estados árabes, deben prohibir de inmediato todo el comercio, inversiones y cualesquiera otras formas de cooperación o ayuda financiera que contribuyan al mantenimiento de la ocupación ilegal, sistema de apartheid y limpieza étnica de la población palestina perpetrados por Israel”.
“Además, todos los Estados deben imponer sanciones selectivas, incluidas prohibiciones de entrada y congelaciones de activos, a las autoridades israelíes implicadas directamente en estos actos, entre ellas el primer ministro, Benjamin Netanyahu; el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich: el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir; la ministra de Asentamientos y Misiones Nacionales, Orit Strock, y el ministro de Defensa, Israel Katz”.
Amnistía Internacional llevó a cabo investigaciones sobre 27 comunidades beduinas y dedicadas al pastoreo que habían sufrido desplazamiento forzado en el Área C entre 2023 y 2025 o corrían riesgo de desplazamiento.
El equipo de investigación entrevistó a 45 personas palestinas de 12 comunidades, que habían sufrido o estaban expuestas a sufrir desplazamiento, así como a 19 profesionales del derecho, activistas que habían presenciado incidentes de violencia de los colonos, periodistas y representantes de ONG israelíes y palestinas. La organización verificó también más de 420 vídeos e imágenes y analizó declaraciones oficiales del gobierno, acuerdos, legislación, cambios de gobernanza, actas judiciales, mapas, imágenes de satélite, informes de la ONU y de la sociedad civil y otros materiales de acceso público.
La organización presentó sus conclusiones a las autoridades israelíes el 13 de mayo. El Ministerio de Defensa contestó el 23 de mayo, afirmando que sus fuerzas responden a los incidentes de violencia de los colonos y detienen a los presuntos responsables cuando es necesario e investigan los casos en que sus unidades puedan haber incumplido órdenes o no intervenido para detener la violencia. Los datos documentados por Amnistía Internacional revelan una situación distinta.
Indicios de la intención de Israel de aplicar medidas de limpieza étnica y anexión en el Área C
Desde la ocupación de 1967, los sucesivos gobiernos israelíes han aplicado, con distinto grado de intensidad y transparencia, políticas de judeización destinadas a maximizar el control judío sobre las tierras en Cisjordania a la vez que se minimiza la presencia palestina.
El 37º gobierno de Israel, formado a finales de 2022 y dirigido por el partido Likud de Benjamin Netanyahu en coalición con las formaciones políticas Poder Judío, de Itamar Ben-Gvir, y Sionismo Religioso, de Bezalel Smotrich, ha propugnado abierta y deliberadamente la anexión formal del Área C y el traslado forzoso de su población palestina.
Los acuerdos de coalición del gobierno incorporaron prioridades de los colonos en la política estatal y legitiman la visión del “Gran Israel”, ideología preconizada por el movimiento de colonos que considera la totalidad del Territorio Palestino Ocupado (TPO) parte integrante de Israel. Lo hacen en flagrante desafío a varias resoluciones de la ONU y de la opinión consultiva de 2024 de la Corte Internacional de Justicia que declaró ilegal la ocupación israelí del territorio palestino.
La intención de Israel de expulsar a la población palestina del Área C y anexionarse las tierras queda demostrada por los llamamientos explícitos de autoridades israelíes a la expansión de los asentamientos, la ampliación de la soberanía israelí sobre el territorio ocupado, las medidas aplicadas para minimizar la presencia palestina en el Área C y el respaldo público dispensado a los colonos por ministros clave del gobierno, algunos de los cuales son también colonos. También son prueba de ella la legislación orientada a la anexión y las medidas adoptadas para transferir de las autoridades militares a las civiles las competencias sobre Cisjordana, violando con ello el derecho internacional humanitario.
La intención del Estado se halla además reflejada en el aumento de las declaraciones de propiedad estatal de las tierras, los procedimientos simplificados de autorización de asentamientos, la expansión acelerada de los asentamientos, la legalización con carácter retroactivo de puestos de avanzada y el aumento del apoyo financiero y político a las infraestructuras para colonos, junto con la demolición de estructuras palestinas y la restricción sistemática de la libertad de circulación y el acceso a las tierras y al agua de la población palestina.
En los tres primeros años del mandato del gobierno, el presupuesto anual del Ministerio de Asentamientos y Misiones Nacionales aumento un 122%, hasta alcanzar los 764 millones de séqueles (254,5 millones de dólares estadounidenses) en 2026.
Según Peace Now, entre 2023 y 2025 el gobierno proyectó la construcción de 50.785 viviendas en asentamientos. Sólo en 2025, el Consejo Superior de Urbanismo, autorizó 27.941 viviendas, la cifra anual más alta jamás registrada.
A fecha de 30 de abril de 2026, el número total de nuevos asentamientos declarados por el gobierno ascendía a 102. Es con creces la mayor cantidad de nuevos asentamientos autorizados por el gobierno de la historia de Israel.
Paralelamente, entre enero de 2023 y abril de 2026, las autoridades israelíes demolieron 3.407 viviendas y estructuras palestinas en el Área C, con lo que desplazaron a 2.026 personas, según la OCHA.
Mientras tanto, los colonos, a menudo con el respaldo directo del Estado o la participación directa del ejército, han sometido a las comunidades palestinas beduinas y dedicadas al pastoreo a una letanía de medidas coercitivas y represivas que han obligado a muchas a abandonar las tierras donde llevaban generaciones viviendo y pastoreando. La violencia de los colonos respaldada por el Estado a que esas comunidades han sido sometidas, sumada al aumento de las demoliciones y a la negación continuada de servicios básicos impuesta por las autoridades israelíes, hace que sus zonas resulten en la práctica inhabitables.
Consideradas conjuntamente, estas medidas coercitivas interrelacionadas ponen de manifiesto la aplicación de una estrategia estatal deliberada y coordinada, que tiene por objeto expandir el control israelí sobre el Área C a la vez que provoca el desplazamiento de las comunidades palestinas.
Claro ejemplo de ello es el caso de Jirbet Zanuta (Zanuta), pequeña localidad del Área C de Cisjordania, con una población palestina beduina de alrededor de 250 personas que llevaba generaciones viviendo en ella. En 2021, un grupo de colonos estableció a un kilómetro de allí un puesto ilegal de avanzada conocido como Meitarim Farm y emprendió una campaña constante de hostigamiento, amenazas y ataques violentos que, mediante el bloqueo también del acceso a las tierras de cultivo y de pastoreo, acabó obligando a la población palestina a abandonar sus hogares y sus medios de vida. Tras una serie de incursiones violentas de los colonos, que se intensificaron después del 7 de octubre de 2023, fue desplazada la comunidad entera. Rodeadas de asentamientos y puestos de avanzada, Zanuta llevaba mucho tiempo sometida a órdenes de demolición y restrictivas políticas de urbanización debido a las cuales resultaba casi imposible construir nada legalmente.
A pesar de dos sentencias del Tribunal Supremo de Israel, de Julio de 2024 y febrero de 2025, en las que se ordenaba a las autoridades facilitar el regreso de la población y protegerla de la violencia de los colonos, las personas desplazadas no han podido regresar debido a la persistencia de los ataques y la destrucción de infraestructura clave. Adel al Till, antiguo habitante de Zanuta, explicó: “Los colonos iban armados y no dejaban de atacarnos […] Teníamos miedo, auténtico terror”.
La imágenes de satélite, las entrevistas y los vídeos examinados revelan que, en la actualidad, Zanuta ya no existe; está prácticamente destruida y totalmente despoblada.
Aumento exponencial de la violencia de los colonos respaldada por el Estado
La prolongada campaña de violencia de los colonos llevada a cabo en Cisjordania se ha intensificado enormemente con el gobierno israelí actual, hasta llegar a extremos sin precedentes de homicidio y lesiones, desplazamiento, destrucción de bienes y apropiación ilícita de tierras. Los colonos israelíes han adoptado tácticas cada vez más agresivas y provocan el desplazamiento forzado de las comunidades palestinas por medios como ataques a viviendas y bienes; hostigamiento, amenazas y agresiones físicas persistentes, y privación sistemática de los medios de vida mediante restricciones de acceso a las tierras de pastoreo y las fuentes de agua, robo o matanza de ganado y destrucción de campos de cultivo y cosechas. Según la OCHA, entre 2020 y 2024 se produjeron casi siete veces más ataques de colonos con víctimas contra comunidades palestinas beduinas y dedicadas a pastoreo.
Los vídeos e imágenes verificados por Amnistía Internacional muestran allanamientos, incendios provocados y vandalismo generalizado contra viviendas, escuelas, vehículos y bienes agrícolas, junto con destrucción de fuentes de agua, paneles solares y reservas de alimentos. Las personas entrevistadas hablaron también de violencia física generaliza, incluidas palizas con palos y con las culatas de los fusiles, apedreamientos, apuñalamientos y otras agresiones.
A pesar de la obligación de Israel, como potencia ocupante, de proteger la vida y los medios subsistencia de la población ocupada y de prevenir e investigar la violencia de los colonos, las autoridades israelíes han facilitado activamente tales ataques no sólo armando a los colonos y permitiendo que el ejército y la policía presten apoyo o participen en los ataques contra la población palestina, sino también garantizando a los responsables casi total impunidad.
Tras los ataques dirigidos por Hamás del 7 de octubre de 2023, las autoridades israelíes suavizaron los criterios de concesión de licencias de armas de fuego a particulares y entregaron a miles de colonos armas de fuego y uniformes, por lo que a las comunidades palestinas les costaba distinguirlos de los soldados. En enero de 2026 se habían concedido licencias de armas de fuego a más de 240.000 ciudadanos y ciudadanas israelíes, cifra 15 veces mayor que la media anual de 8.000 licencias anterior al cambio de política. Estas medidas dieron lugar a un acusado aumento de los ataques de colonos armados.
El informe de Amnistía documenta cómo se utilizó la violencia de los colonos israelíes como instrumento deliberado de desplazamiento forzado en tres casos emblemáticos de comunidades del Área C, a saber: Zanuta, en las colinas del sur de Hebrón, y Ein Samia, en el centro del valle del Jordán, ambas desplazadas en su totalidad en 2023, y Ein al Hilweh, Majoul y Al Farisiya, conjunto de pequeñas comunidades del norte del valle del Jordán que corren un riesgo real de desplazamiento.
En el norte el valle del Jordán, al menos 38 comunidades palestinas –alrededor de 7.000 personas– están expuestas a sufrir desplazamiento. Casi el 90% de las tierras de la zona han sido declaradas terrenos de propiedad estatal, campos militares de tiro, reservas naturales o yacimientos arqueológicos, designaciones de las que Israel se vale para restringir el acceso de las comunidades palestinas a las tierras de pastoreo y las fuentes de agua y provocar su desplazamiento.
Najiyyah Bisharat, de la comunidad dedicada al pastoreo de Majoul, contó: “Sufrimos el hostigamiento constante de los colonos, pero no nos vamos a rendir. Es una cuestión de amor a nuestra tierra y a nuestro trabajo. La tierra es nuestra identidad, y si nos echan de ella, moriremos. Igual que el pez si lo sacan del agua.”
Impunidad generalizada
Al no prevenir la violencia de los colonos y facilitarla activamente, incluso permitiendo sistemáticamente que los responsables no rindan cuentas, las autoridades israelíes han creado deliberadamente un entorno de impunidad generalizada en el que se aviva aún más la violencia de los colonos. En varios casos documentados por Amnistía, fue a las personas palestinas mismas que denunciaron la violencia de los colonos a las que las autoridades israelíes interrogaron, multaron y detuvieron arbitrariamente, pese a que el derecho internacional las obliga a protegerlas.
Los colonos y sus organizaciones están más envalentonados aún debido a la impunidad de que llevan decenios disfrutando. Aunque algunos Estados han impuesto sanciones a colonos o grupos concretos, en Israel ha habido muy pocas o ninguna consecuencia para ellos.
Por ejemplo, Yinon Levi, colono implicado en una serie de ataques violentos documentados contra comunidades palestinas y a quien Reino Unido y la Unión Europea han sancionado, fue grabado cuanto mataba de un disparo al maestro y defensor palestino de los derechos humanos desarmado Awda al Hathaleen en Umm al Jair el 28 de julio de 2025.
Las autoridades israelíes lo detuvieron como sospechoso de homicidio involuntario, pero lo dejaron en libertad al día siguiente para ponerlo bajo arresto domiciliario durante sólo tres días. Después de ello tuvo plena libertad para volver a hostigar a la población palestina y dedicarse a establecer un nuevo puesto de avanzada en las tierras de Umm al Jair. Casi dos años después del homicidio, no ha sido imputado aún por él.
“Sin rendición de cuentas, las comunidades palestinas de toda Cisjordania desaparecerán ante nuestros ojos. El mundo ha ignorado durante demasiado tiempo el enorme y hondo sufrimiento de la población palestina que está siendo desarraigada y borrada de las tierras que lleva generaciones habitando. Los Estados deben hacer cuanto esté en su mano para poner fin a la campaña de limpieza étnica y anexión emprendida por Israel en el Área C de Cisjordania. Deben presionar a las autoridades israelíes para que desmantelen de inmediato todos los asentamientos y puestos de avanzada y permitan a las comunidades palestinas desplazadas regresar a sus hogares”, ha manifestado Agnès Callamard.
“Todos los Estados deben prestar su apoyo y cooperación en la investigación de la Corte Penal Internacional sobre la situación en el Estado de Palestina, así como abrir sus propias investigaciones sobre los crímenes de derecho internacional cometidos en el TPO. El mensaje transmitido a Israel debe ser inequívoco: su impunidad persistente ha terminado, nada va a seguir siendo igual mientras no ponga fin a su apartheid, limpieza étnica y ocupación ilegal”.