Escribe: Lucía Pérez Chabaneau
Directora Ejecutiva, Amnistía Internacional Uruguay
Este año electoral ha sido una oportunidad para levantar la voz sobre algunas de las preocupaciones que tenemos como organización de derechos humanos y la realidad de nuestro país. Uno de los principales pilares del trabajo de Amnistía Internacional en Uruguay es la incidencia en la agenda de derechos humanos. Como parte de ese trabajo y en el contexto de las elecciones nacionales desarrollamos distintas estrategias para posicionar nuestros mensajes en la agenda pública. Recuperamos la voz de las personas jóvenes en la calle para saber qué temas les preocupan (La voz de tus derechos), invitamos a analistas políticos y periodistas para intercambiar sobre desafíos y responsabilidades de los partidos políticos en el fortalecimiento del sistema de garantías de derechos humanos en el país en la campaña “Derecho a octubre”. A partir de esto, se consolidó el documento de posicionamiento titulado «La agenda de derechos humanos en las elecciones presidenciales de 2024», entregado a las principales fuerzas políticas como guía para que los derechos humanos ocupen un espacio prioritario en sus propuestas programáticas.
Las señales de debilitamiento del sistema de garantías de derechos que hemos identificado en nuestros informes anuales de 2021, 2022 y 2023 reflejan la creciente urgencia de esta agenda. Se observan preocupantes vulneraciones, incluyendo el uso indebido del aparato estatal y casos de vigilancia indebida a denunciantes. A lo largo de 2024, hemos seguido documentando deficiencias en la capacidad estatal para responder a situaciones críticas, subrayando la pérdida de terreno de Uruguay en derechos humanos. A casi cuatro décadas de la reapertura democrática, la consolidación del sistema de garantías sigue incompleta, y quedan deudas persistentes en áreas como el sistema penitenciario, la impunidad contra los crímenes del pasado reciente y la violencia de género.
Uno de los aspectos más alarmantes es la crisis en el sistema penitenciario. Uruguay presenta una de las tasas más altas de encarcelamiento en América del Sur, y las condiciones de las personas privadas de libertad continúan afectando su derecho a una rehabilitación digna. Además, la impunidad por los crímenes del pasado reciente sigue siendo una herida abierta, ya que el derecho a la verdad y a la justicia sigue obstaculizado. La violencia de género, un problema que incrementa cada año, continúa siendo un desafío estructural, con mujeres y niñas enfrentando altos niveles de violencia en un contexto donde la asignación de recursos para la Ley N° 19580 es aún insuficiente.
No menos preocupante es la falta de garantías en el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información pública, además de los déficits en salud mental, cuidados y derechos sexuales y reproductivos. Las limitaciones en el acceso a información pública afectan la transparencia, y las dificultades en el sistema de salud mental y en políticas de cuidados aumentan las desigualdades.
Desde Amnistía Internacional, seguiremos conversando e instando a los partidos políticos a que integren estas preocupaciones en sus programas, reconociendo la urgencia de revertir la tendencia de pérdida de derechos humanos en Uruguay. La próxima administración debe asumir el compromiso de fortalecer el sistema de garantías y atender las demandas urgentes de una sociedad civil activa y comprometida.