Columna de opinión de Ana Laura Pérez*
Uruguay tiene una larga tradición de ser pionero en reconocer derechos. Leyes innovadoras, marcos normativos adelantados a su tiempo, ratificación de tratados internacionales. El país suele presentarse ante el mundo como un ejemplo regional en materia de derechos humanos y en muchos aspectos lo es. Pero existe, y preocupa, una brecha creciente entre lo que el Estado se compromete en sus leyes y lo que efectivamente logra garantizar a partir de la distribución de sus recursos. Si hay algo que queda claro tras leer el informe de Amnistía Internacional Uruguay para el período 2025/2026 es que esa brecha tiene consecuencias concretas que pagan los mismos de siempre: los más vulnerables.
El informe documenta con datos esta afirmación. Las denuncias por violencia doméstica y de género alcanzaron 35.443 en 2025, un aumento de 19% respecto a 2015. Entre enero y octubre de ese año se registraron 117 denuncias diarias, es decir, una cada 12 minutos. Si consideramos femicidios y tentativas, cada 11 días una mujer fue asesinada o sufrió un intento de homicidio por su condición de tal. Sin embargo, la ley 19.580, el instrumento central de respuesta del Estado frente a esta realidad lleva años sin poder implementarse plenamente. El motivo no es un misterio: faltan los tribunales especializados multipropósito que la propia ley exige, falta cobertura territorial suficiente, falta una red de servicios de refugio y acompañamiento accesible en todo el país. Detrás de cada una de esas carencias hay una respuesta presupuestal. O más precisamente, su ausencia.
Algo similar ocurre con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC). Uruguay fue pionero en la región al reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo. Sin embargo, el SNIC opera sin un clasificador presupuestal propio que permita saber con precisión cuánto invierte el Estado en esta materia, en qué programas y con qué resultados. Las personas en situación de dependencia severa enfrentan demoras en los procesos de evaluación y dificultades concretas para acceder a asistentes personales. Hay quienes esperan meses para recibir un apoyo que les permitiría ejercer su autonomía básica. El derecho está reconocido, el recurso, no. Sin recurso, el derecho se despliega.
Pero si existe un ejemplo paradigmático de esta contradicción estructural, es el del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. Los derechos de la infancia están consagrados en Uruguay desde hace décadas. El país ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, cuenta con un Código de la Niñez y la Adolescencia, y el INAU existe precisamente para garantizar la protección de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, entre 2020 y 2025, 114 personas murieron mientras se encontraban bajo tutela estatal en INAU. Solo en 2025 fueron 20. No murieron a pesar del sistema, murieron dentro de él. Bebés en situación de abandono, adolescentes asesinadas por sus propios padres pese a antecedentes de violencia constatados, jóvenes encontradas en bocas de drogas mientras el Estado era su tutor legal. La Institución Nacional de Derechos Humanos calificó estos hechos como de máxima gravedad. Lo son y son también el resultado previsible de un sistema que opera sin los recursos humanos, técnicos ni de infraestructura necesarios para cumplir su mandato.
No alcanza con aprobar leyes. No alcanza con suscribir convenciones. No alcanza con elaborar planes bien redactados. Si el presupuesto no acompaña, los objetivos se vuelven declaraciones de intención. Y en este caso, las consecuencias de esa brecha no son abstractas: son mujeres que no encuentran donde refugiarse, personas con discapacidad que no acceden a asistencia, y niñas, niños y adolescentes que mueren bajo el cuidado de un Estado que debía protegerlos.
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*Periodista, docente universitaria y especializada en periodismo digital, innovación y nuevas plataformas. Participó como conductora y productora de contenidos sobre tecnología y derechos humanos, y trabaja como consultora en la intersección entre tecnología, libertad de expresión y plataformas digitales.