Escribe: Lucía Pérez Chabaneau
Directora Ejecutiva Amnistía Internacional Uruguay
Haití está sumergido en una profunda crisis humanitaria que no cesa. La guerra de pandillas, la pobreza y la inestabilidad política como regla azotan al país sin tregua. 500.000 personas han sido desplazadas internamente y otras tantas necesitan protección internacional en el continente.
Tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, Ariel Henry asume la presidencia de Haití hasta marzo de este año, cuando renuncia como consecuencia de una ola de violencia de las pandillas y la erupción de una nueva crisis que presiona a las autoridades en busca de estabilidad y paz en el territorio. En junio asume como primer ministro interino, Garry Conille con el desafío de llevar adelante un gobierno de transición en medio del caos.
El nuevo Gabinete recibe una misión militar liderada por Kenia con el objetivo de combatir la violencia de las pandillas. Sin embargo, Haití tiene una larga historia de intervenciones militares (incluyendo a Uruguay), las que muchas veces han dejado resultados brutales para su población, por ejemplo, en casos de violencia sexual.
El inminente despliegue de una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), bajo el mandato de “ayudar a la Policía Nacional de Haití a restablecer la seguridad en Haití y crear las condiciones de seguridad propicias para la celebración de elecciones libres y limpias”, genera mucha preocupación por la falta de información disponible sobre qué tipo de medidas se tomarán respecto a todas las operaciones que se realicen. Amnistía Internacional ha planteado en varias ocasiones su preocupación respecto al despliegue de tropas y el impacto que tendrá en la población civil.
La situación exige respuestas urgentes y efectivas para una sociedad que ha venido sufriendo sistemáticamente las consecuencias de la violencia cotidiana y la pobreza extrema. No obstante, las intervenciones militares que se desarrollen en territorio haitiano deben velar por el bienestar de la población civil, brindando todas las garantías y la transparencia debidas. La designación de personas expertas independientes para dirigir el mecanismo y evaluar los posibles reclamos que se generen es clave para evitar cometer los mismos errores una y otra vez. La ayuda humanitaria en Haití es urgente, la protección de su población como prioridad, también.