En este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde Amnistía Internacional Uruguay reafirmamos que ninguna mujer ni niña debería vivir con miedo, y que los Estados tienen la obligación de garantizar su derecho a vivir libres de violencia.
La situación regional exige acción inmediata. Según la CEPAL, solo en 2024 3.828 mujeres fueron víctimas de feminicidio o muerte violenta por razón de género en América Latina y el Caribe: 11 muertes por día. En los últimos cinco años, la región acumuló al menos 19.254 feminicidios. Estas cifras son la expresión más extrema de un entramado de violencias que sigue siendo estructural, desigual y profundamente arraigado. Estas cifras no solo hablan de violencia: hablan de la magnitud del fracaso estatal en prevenirla.
En Uruguay, la violencia basada en género continúa mostrando problemas en los mecanismos de protección. Las fallas en la detección temprana, la fragmentación institucional y la respuesta desigual entre territorios afectan de forma especialmente grave a niñas y adolescentes, quienes enfrentan violencia sexual, uniones y embarazos forzados que constituyen violaciones gravísimas de derechos humanos. Cuando la protección no llega a tiempo, o llega fragmentada, las consecuencias pueden ser irreversibles.
Desde Amnistía Internacional Uruguay advertimos que, en distintos casos, las respuestas institucionales a situaciones de violencia pueden verse afectadas por demoras, falta de articulación o disponibilidad limitada de servicios especializados, especialmente el algún territorio. Estos factores generan recorridos complejos para niñas, adolescentes y mujeres que buscan protección, y muestran la necesidad de fortalecer la coordinación y la capacidad de respuesta del sistema en su conjunto
En el marco de nuestra campaña “Niñas, no madres”, seguimos exigiendo que Uruguay asegure respuestas estatales que sean efectivas, coordinadas y respetuosas de los derechos humanos, especialmente cuando se trata de niñas y adolescentes. Las obligaciones internacionales son claras: el Estado debe prevenir la violencia, proteger a quienes están en riesgo, garantizar acceso a servicios de salud adecuados y asegurar investigaciones rápidas, exhaustivas y libres de prejuicios.
Combatir la violencia contra mujeres y niñas requiere de decisiones políticas sostenidas, inversión, formación adecuada y un sistema de protección que funcione como un entramado sólido, no como una suma de eslabones aislados. La indiferencia, la demora o la falta de articulación también producen daño.
Vivir libres de violencia es un derecho y, sobre todo, una urgencia.