El 7 de enero de 2025, individuos encapuchados detuvieron arbitrariamente a Carlos Correa, reconocido defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la ONG venezolana Espacio Público, cuya suerte y paradero siguen sin conocerse. Su detención se debe únicamente a su labor en favor de los derechos humanos.
La detención de personas defensoras de derechos humanos y los ataques contra la sociedad civil en general deben cesar de inmediato. Su rol en medio de una emergencia humanitaria y una política de represión que no deja de agravarse debe ser protegido y valorado.
Dado que en el país se siguen cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos con impunidad, recordamos a las autoridades que están siendo objeto de monitoreo y escrutinio, a nivel individual y estatal, por parte de mecanismos internacionales de rendición de cuentas.
Pedimos la liberación inmediata e incondicional de todas las personas defensoras de derechos humanos detenidas injustamente en Venezuela y, mientras permanezcan bajo su custodia, que se protejan plenamente sus derechos a la vida y a la integridad, a no ser sometidas a tortura y a disfrutar de todas las garantías de un juicio justo.
Su detención se debe únicamente a su labor en favor de los derechos humanos, al igual que otras cuatro personas defensoras que actualmente se encuentran detenidas arbitrariamente por su activismo en Venezuela: Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda. Exigimos a Nicolás Maduro que garantice su liberación inmediata e incondicional y que, mientras se encuentren bajo custodia del Estado, proteja su vida y seguridad, su derecho a no ser sometidos a tortura, y su derecho a un juicio justo.