Ambiente y derechos humanos
En Amnistía Internacional Uruguay entendemos que la crisis ambiental es una crisis de derechos humanos. Por eso, hemos venido fortaleciendo una línea de trabajo centrada en la justicia ambiental, desde una mirada que articula el derecho al agua, el acceso a la información pública y la participación ciudadana como pilares fundamentales.
Nuestras prioridades incluyen: garantizar el derecho al agua y su calidad, exigir marcos regulatorios más sólidos, acompañar y proteger a personas defensoras del ambiente y el territorio, y seguir articulando con organizaciones aliadas para incidir en el diseño de políticas públicas que respeten los derechos humanos.
Creemos en una transición justa, en la participación informada y en la urgencia de construir un presente sostenible para todas las personas.
El acceso al agua potable es un derecho humano
La crisis hídrica de 2023 expuso con crudeza las debilidades estructurales del sistema de provisión y gestión del agua en Uruguay, así como su impacto desigual sobre las poblaciones más vulnerables.
Acceso a la información pública y rendición de cuentas en proyectos con potenciales consecuencias medioambientales que contribuyen a la crisis climática.
Durante los últimos años, hemos denunciado la opacidad institucional en proyectos de gran escala, exigido mayor transparencia en decisiones que afectan directamente los territorios, y monitoreado políticas públicas que condicionan el acceso equitativo a bienes naturales esenciales como el agua.
Impacto ambiental en Uruguay
En 2024, realizamos un Mapeo Estratégico de Proyectos de Impacto Ambiental que nos permitió identificar una serie de iniciativas en curso o proyectadas que concentran riesgos relevantes en términos ambientales y de derechos. A partir de este trabajo, nuestro compromiso para 2025 se enfoca en visibilizar estos puntos críticos, promover el acceso a información clara y confiable, y reforzar el control ciudadano sobre decisiones que afectan el ambiente y las comunidades.