El pasado 3 de junio la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay, Lucía Pérez Chabaneau participó de segunda mesa de diálogo «Gobierno Abierto: derechos humanos y desarrollo sostenible».
En ese marco reafirmamos nuestro compromiso con la Red de Gobierno Abierto de la que venimos participando desde su creación en 2013.
Contar con un Plan de Gobierno Abierto es importante porque es un compromiso de Estado, un proceso de transformación de largo aliento. Quebrar la continuidad, implica perder mucho del tiempo y esfuerzo invertido. Hay un acumulado de los procesos anteriores que nos permite tener cierta acumulación, por lo que debería estar relativamente más sencillo, si nos basamos en los aprendizajes.
También es importante porque Uruguay tiene varios problemas, desafíos y deudas de derechos humanos. Debemos mirar esos asuntos en profundidad y a lo largo del tiempo para ver cómo evolucionan y definir colectivamente en este espacio cuáles priorizar.
Desde Amnistía Internacional compartimos nuestra preocupación por:
- Libertad de expresión y acceso a la información pública
- Sistema penitenciario y la urgente reforma que necesita
- Violencia de género
- Impunidad por los crímenes del pasado reciente
- Violencia hacia NNA, especialmente la violencia sexual (niñas, no madres)
- Salud mental
- Cuidados
- Medio Ambiente (acceso y calidad del agua)
¿Para qué un Sexto Plan de Gobierno Abierto?
Desde la sociedad civil vemos el Plan como una herramienta de monitoreo, como una fuente en sí misma de información que permite cumplir el rol de vigilancia al que nos dedicamos. El monitoreo de no dejar que los temas se caigan.
Es un ejercicio reflexivo constante que nos permite revisar, profundizar y tomar decisiones estratégicas. Permite mejorar los diagnósticos, y, por lo tanto, las acciones para resolver distintos problemas. Es una forma asertiva y proactiva de incidir en la toma de decisiones.
Como se hace en colectivo, aliviana la carga, afina la mirada, lo hace posible. Dar seguimiento en solitario es muy costoso, no solo para las organizaciones de la sociedad civil, sino también para los organismos del Estado. De esta forma se fortalece el sistema de garantías de derechos, ya que debería mejorar la respuesta pública en distintas dimensiones de derechos.