Escribe: Lucía Pérez Chabaneau
Directora Ejecutiva Amnistía Internacional Uruguay
Desde hace al menos diez años, Venezuela está sufriendo una profunda crisis de derechos humanos. Amnistía Internacional ha venido denunciando esta situación y documentando evidencia que da cuenta de la emergencia humanitaria por la que atraviesa. Esto ha llevado a que más de 7 millones de personas venezolanas hayan tenido que salir de su país.
Tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, las recientes protestas en Venezuela han sido brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado; que han utilizado armamento letal y han cometido múltiples violaciones de derechos humanos. Incluso en los meses previos a estas elecciones se han producido incesantes ataques al espacio cívico, decenas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, represalias contra empresas y comerciantes que prestan servicios a figuras de la oposición, y medidas administrativas arbitrarias y abusivas. Los abusos que se han cometido deben ser investigados de manera urgente, independiente e imparcial, y se debe poner fin a la criminalización de la protesta.
La comunidad internacional ha cuestionado la transparencia de estas elecciones. El Estado venezolano tiene la obligación de rendir cuentas sobre el proceso de elección y de proteger los derechos de todas las personas manifestantes según el artículo 68 de su Constitución y el derecho internacional. Las recientes declaraciones del fiscal general, informando sobre la detención de más de 749 personas en relación con las protestas, son alarmantes y reflejan una criminalización sistemática de la disidencia.
La comunidad internacional debe mantenerse alerta y activa a través de los mecanismos de justicia internacional y protección de derechos. Además, debe exigir el respecto de los derechos civiles y políticos en Venezuela. Protejamos la protesta.