“Un año después de que el ejército de Israel intensificara significativamente sus ataques en Líbano, las víctimas de violaciones del derecho internacional siguen esperando justicia y reparación, el gobierno libanés no ha concedido todavía a la Corte Penal Internacional (CPI) jurisdicción para realizar investigaciones en su territorio, y gran número de residentes de ciudades y pueblos del sur de Líbano no puede retornar aún a lo que queda de sus hogares”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
El 23 de septiembre de 2024, uno de los días más mortíferos del conflicto, las fuerzas israelíes lanzaron una serie de ataques aéreos en todo Líbano en una operación militar que denominaron “Flechas del norte”. Según el Ministerio de Salud de Líbano, ese día murieron al menos a 558 personas, 50 niños y niñas entre ellas, y resultaron heridas 1.800 más.
En las semanas y meses siguientes, pueblos enteros de Líbano fueron reducidos a escombros. Las familias huyeron bajo el fuego y aún no han regresado. Amnistía Internacional ha documentado que las fuerzas israelíes llevaron a cabo ataques ilegítimos contra edificios residenciales que causaron muertes y heridas a civiles, y la extensa destrucción llevada a cabo por Israel en pueblos fronterizos del sur de Líbano. Estos ataques y acciones deben ser investigados como crímenes de guerra.
Kristine Beckerle, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha declarado:“Un año después de que la población civil de Líbano comenzara a pagar un precio cada vez más alto durante el conflicto, con ataques ilegítimos y mortíferos en todo el país y una extensa destrucción a lo largo de la frontera, las víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario no han visto aún ninguna forma de rendición de cuentas o reparación”.
“Tras el alto el fuego, el ejército de Israel no sólo prohibió a habitantes de decenas de pueblos regresar a sus hogares, sino que siguió dañando y destruyendo bienes civiles sin mediar necesidad militar imperiosa. Todas y cada una de las familias desplazadas tienen el derecho a volver a sus hogares. Israel debe permitir inmediatamente el retorno sin riesgos y proporcionar una reparación rápida, completa y adecuada a todas las víctimas de crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional humanitario. Las reparaciones, incluso en forma de indemnización, deben ir más allá de las personas para incluir municipios locales, escuelas, hospitales y otra infraestructura civil por daños causados por la conducta ilegítima que ha afectado a sus instalaciones”.
“Mientras tanto, el gobierno libanés debe romper el ciclo de inacción y hacer justicia para todas las víctimas por el sufrimiento que se les ha infligido. El gobierno debe conceder con carácter urgente a la Corte Penal Internacional (CPI) jurisdicción para investigar y enjuiciar crímenes previstos en el Estatuto de Roma cometidos en territorio libanés desde octubre de 2023, lo que incluye adherirse al Estatuto de Roma. Al no incorporarse a la CPI, el gobierno libanés está bloqueando a sabiendas una vía vital hacia la justicia internacional. Las autoridades deben asimismo utilizar todas las vías legales disponibles para proteger el derecho a una reparación de víctimas y comunidades, lo que incluye trabajar con la ONU para establecer un registro de daños”.
“Líbano debe actuar con rapidez para garantizar que se rinde cuentas a las víctimas como se merecen, y terceros Estados —especialmente Estados Unidos— deben suspender inmediatamente todas las transferencias de armas y otras formas de ayuda militar a Israel ante el riesgo significativo de que estas armas puedan utilizarse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional”.
Información complementaria
En octubre de 2023, se intensificaron los combates entre Hezbolá e Israel. Desde esa fecha, Amnistía Internacional ha informado sobre el impacto de los combates en la población civil, lo que abarca el uso por el ejército israelí de fósforo blanco, explosiones masivas simultáneas indiscriminadas de aparatos electrónicos, ataques contra periodistas, instalaciones médicas, ambulancias y personal paramédico, ataques aéreos ilícitos contra civiles y bienes de carácter civil y la extensa destrucción de pueblos fronterizos de Líbano, así como sobre el lanzamiento reiterado por Hezbolá de cohetes no guiados contra zonas civiles pobladas de Israel. Amnistía Internacional ha pedido que se investigue tanto la conducta de Israel como la de Hezbolá como crímenes de guerra.
Pese a la entrada en vigor el 27 de noviembre de 2024 de un acuerdo de alto el fuego, el ejército israelí ha seguido realizando ataques aéreos en el sur de Líbano, así como contra los suburbios meridionales de Beirut, atacando lo que califica de emplazamientos y personal militares de Hezbolá. Dos días después del anuncio del alto el fuego, el ejército israelí prohibió a la población residente que regresara a los pueblos situados al sur de una línea que iba aproximadamente paralela a la frontera sur de Líbano pero que entraba entre 3 y 11 kilómetros en territorio libanés, afirmando que “cualquiera que se desplace al sur de esta línea se pone en peligro”. Al menos 57 civiles murieron cuando trataban de llegar a pueblos del sur de Líbano durante los primeros 60 días del alto el fuego, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En 2025, residentes de algunos de los pueblos fronterizos dijeron a Amnistía Internacional que ni ellos mismos ni otras personas habían podido volver a casa, entre otras razones porque sus pueblos estaban dentro de la zona a la que las autoridades israelíes habían prohibido regresar y debido a los continuos ataques israelíes. El 17 de febrero de 2025, el portavoz del ejército israelí declaró que las fuerzas israelíes permanecían en varios emplazamientos “estratégicos” dentro de Líbano.