La Ley Integral representa un avance sustancial para proteger los derechos de un grupo de personas que sufren de manera desproporcionada la expulsión familiar, la exclusión laboral y la discriminación por su identidad de género, como lo ha demostrado el Censo de Personas Trans en Uruguay[1].
En cuanto al cambio de nombre y sexo en los documentos de identidad, fundamental para el acceso a derechos de las personas trans, la Ley avanza sustancialmente respecto al régimen anterior al hacer más simple y accesible el proceso por vía administrativa y no judicial.
Al igual que otras leyes vigentes en Uruguay que protegen los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad y afrodescendientes, la Ley Integral contiene acciones afirmativas hacia las personas trans. Estas acciones buscan compensar los efectos de la discriminación sustantiva y cotidiana que sufren estas personas y que les impiden acceder a sus derechos fundamentales. Se trata de medidas temporales, razonables y proporcionadas, en línea con los estándares fijados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas[2].
En resumen, la Ley Integral para Personas Trans, en línea con el principio de igualdad, coloca a Uruguay en el camino de cumplir con sus obligaciones de protección de los derechos de las personas LGBTI.
[1] Ministerio de Desarrollo Social (2016). Censo de Personas Trans en Uruguay.
[2] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No 20, 2009. E/C.12/GC/20